El mobbing, acoso moral o psicológico en el trabajo, se practica con desvergüenza y matonería en la Secretaría de la Función Pública de Chiapas. En esa dependencia nada se mueve sin instrucciones de Miguel Agustín López Camacho y, por tanto, él lo sabe. Hay víctimas y testimonios documentados que, de aplicarse la ley, pondrían en la calle a este y otros funcionarios que ejercen sus cargos violando preceptos constitucionales.
En Chiapas este tipo de fenómenos no ha sido estudiado sistemáticamente y en México, en general, tampoco, según una investigación de la Cámara de Diputados. Así pues, no hay cifras ni referencias oficiales sobre la extensión, el grado, el carácter y las tipologías particulares que asume el hostigamiento laboral.
El mobbing es un comportamiento negativo entre superiores e inferiores jerárquicos a causa del cual la o el afectado es sometido a ataques sistemáticos, directos o indirectos, durante mucho tiempo de manera continua. Dentro de la Función Pública en Chiapas, el tipo de acoso laboral más extendido es el “congelamiento”: ignorar y “hacerle el vacío” a la víctima, generándose una especie de discriminación social. Varios empleados de esa institución lo saben pero no lo denuncian por temor a represalias penales, o a sufrir atentados.
La violencia laboral incluye acciones verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosantes. A Miguel López Camacho le ha dado por marginar a varios subsecretarios, directores de áreas creyendo que alguien de ese entorno puede quitarle el puesto de trabajo. Se olvida que él fue designado directamente por el gobernador Manuel Velasco Coello y de este depende que lo corran. Su inseguridad es tal que parte del trabajo que debe realizarse dentro de las instalaciones de esa dependencia es enviada a despachos contables particulares. ¿Negocio propio o desconfianza? Que lo aclare pero lo cierto es que información confidencial sale desde esas oficinas ubicadas en el Boulevard Belisario Domínguez 1713, esquina de la 16 poniente, Colonia Xamaipak, en Tuxtla Gutiérrez, a rumbos desconocidos de la capital.
De ahí que el funcionario ha iniciado una soterrada campaña contra sus subalternos designándoles trabajos innecesarios, monótonos, repetitivos, por debajo de sus cualificaciones o habilidades, buscando desmoralizarlos y a algunos los ha retirado en ámbitos de responsabilidad sin justificación. Sólo gobierna con un “petit comité”, apoyadas por sus seis edecanes con las que viaja a otras ciudades como lo hizo en Tapachula con cargo indirecto al erario.
En la Secretaría de la Función Pública se vive un enrarecido clima. Se ha restringido las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros e incluso el acceso a los servicios higiénicos es ya un problema y los empleados deben de ir de un piso a otro buscando dónde hacer sus necesidades fisiológicas mientras el titular del ramo y algunos subalternos tienen portentosas oficinas, edecanes, y servicios VIP.
Mónica Ivonn Morales Pérez, fue designada el 1 de febrero del 2014 por el propio Miguel Agustín López Camacho, como Mando Operativo “J”, teniendo a su cargo la Coordinación “C”, adscrita a la Dirección de Responsabilidades, avalado por el Subsecretario de la Función Pública, Francisco Moguel Cortazar y la Licenciada Ana Luisa Bielma Noriega, titular de la Coordinación "B" de Procedimientos Administrativos. En junio pasado Morales Pérez fue literalmente echada del cargo, sin justificación alguna en un escándalo que ya estalló y llegó a oídos de la Primara Dama Leticia Coello y del propio Gobernador del que se desconoce qué acciones habrá de tomar.
Morales Pérez en carta enviada al gobernador a través de la Oficialía acusa al titular de la Función Pública de “acoso” y “hostigamiento laboral”. Detalla que el 9 de junio del año en curso fue objeto del trato más denigrante que una mujer y madre trabajadora haya sufrido, ya que siendo aproximadamente las 14:00 horas su jefe inmediato Gustavo Saldaña Rodríguez, Director de Responsabilidades convocó a su oficina, a través de su subalterno Juan Carlos Castro Alegría, y tras ingresar la afectada a la oficina del primero fue encerrada con llave.
En su escrito recuerda que en la oficina se encontraba presente tanto el Director, su subalterno, el licenciado Raúl Rodolfo Camacho Juárez y la denunciante procediendo el Director a intimidarla diciéndole que el Secretario López Camacho le había instruido de poner orden y que habían detectado irregularidades en dos procedimientos que se substancian en la Coordinación al cargo de la “despedida” quien explicó que se encontraban prescritos.
Con posterioridad a la “encerrona” de que fue objeto la afectada solicito audiencia con el Subsecretario Jurídico y de Prevención, licenciado Alejandro Culebro Galván, y él prometió reubicarla pero la arremetida continuó y Castro Alegría le exigió entregarle los expedientes que tenía a su cargo y, posteriormente, fue objeto por parte de esta persona de un trato indigno y humilló a la servidora pública delante de su hijo de cinco años, obligándole a entregar el mobiliario que tenía la afectada bajo su resguardo.
A ver si con la misma premura de este caso, López Camacho aclara su oscuro pasado contenido en la averiguación previa 068/ AMPJ/2002, por los delitos de fraude en contra del patrimonio público del Gobierno del estado. Este fue inhabilitado en marzo de 2002 por la Contraloría General de Gobierno junto con el ex contralor de gobierno, Jorge Santiago Zenteno y Alberto León Moreno, ex subcontralor y ex jefe de la unidad de apoyo administrativo, durante el gobierno de Roberto Albores Guillén. Habrá sido enterado el gobernador Manuel Velasco Coello de este oscuro pasado. ¿Lo sorprendieron?, ¿Lo ignoró? ¿O qué favores políticos está pagando?
Si la primera autoridad de Chiapas que se ha comprometido con el principio de transparencia tiene dudas que pida la denuncia contra López Camacho contenida en el procedimiento administrativo número 127/DPA/2001 que sirvió de base para que la Contraloría interpusiera una demanda penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
Los causantes de conductas de mobbing o acoso psicológico han sido considerados como intimidadores en serie, mediocres inoperantes activos, perversos narcisistas, acosador psicopático y acosador paranoide.
Para las víctimas, las consecuencias de ser provocadas por los acosadores pueden ser devastadoras no solo desde un punto de vista físico sino también desde el psicológico dando origen a cuadros de estrés, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, depresión e incluso intentos de suicidio.
Los afectados por las acciones de López Camacho pueden exigir ante instancias nacionales o supranacionales como la Secretaría del Trabajo o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respectivamente, la aplicación contra el funcionario de la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo que establece que son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: “Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, acoso laboral, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos”.
A todas luces, las conductas ejecutadas por López Camacho y otros de sus allegados, que ostentan el poder, tienen por objetivo minar el ámbito psicológico del trabajador, ya sea para mantener su posición jerárquica o como una estrategia de la organización para que el afectado se retire en forma voluntaria sin que ésta incurra en costos económicos compensatorios.
La cuenta regresiva para estos abusivos ha comenzado.