Esta semana el International Institute for Strategic Studies (IISS) publicó el informe Armed Conflict Survey 2017, mismo que ha levantado, por un lado, una ola de preocupaciones y críticas por parte de la sociedad y por el otro, de ofuscación y molestia entre la élite gobernante, debido primordialmente a que el informe señala que México es el segundo país más peligroso del mundo en términos de homicidios, sólo por debajo de Siria que se encuentra en guerra desde hace seis años.

Ante este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió de manera inmediata un comunicado descalificando la metodología y las cifras empleadas por el IISS, asegurando que la existencia de grupos criminales y el uso permanente de las fuerzas armadas para mantener el orden en el país, no son suficientes para hablar de un conflicto armado no internacional.

Tanto el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 como, el artículo 1 del Protocolo II adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de1977, contemplan la figura jurídica de conflicto armado no internacional, para determinar el ámbito de competencia del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El Comité Internacional de la Cruz Roja define los conflictos armados no internacionales como “enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima”.

Se puede afirmar que en México existe un enfrentamiento entre fuerzas militares y diversos grupos armados con estructura, jerarquía y especialización de funciones, de ahí que se le denomine delincuencia organizada, sin embargo, no hay consenso sobre el requisito mínimo e indispensable para afirmar la existencia de una intensidad y regularidad en las acciones de combate y si éstas son suficientemente sostenidas y extendidas en el territorio nacional como para acreditar la existencia de un conflicto armado no internacional.

Como podemos percibir, la línea que divide un conflicto estrictamente interno y un conflicto armado no internacional es sumamente delgada y difusa. Sin embargo, los casos de Tanhuato, Tlatlaya, Colima y, muy recientemente, en Palmarito, Puebla en donde se aprecia, a través de un video difundido en las redes sociales el enfrentamiento entre militares y un grupo armado, el homicidio de un soldado por la espalda, además de la ejecución de un civil, herido, inerme y boca abajo durante la emboscada a miembros del Ejército, representan, cada vez más, un patrón repetitivo de la trasgresión absoluta de las leyes y la caterva en que se ha convertido la seguridad pública en el país.

Independientemente de la clasificación doctrinaria de si lo que ocurre en diversos puntos de México es propio del DIH o no, y al margen de considerar que las cifras y metodología empleadas por el IISS no son del todo precisas. Es una realidad por todos reconocida, que las fuerzas armadas no deberían estar realizando operaciones de policía, peor aún, actuando sin un marco normativo que regule adecuadamente sus actividades en este ámbito.

Tampoco podemos pasar por alto que los índices delictivos en el país, particularmente, los homicidios se encuentran muy lejos de los márgenes de control de un estado democrático y de derecho.

La explicación de la SRE que pretende descalificar el estudio del IISS y que intenta alejarse del comparativo con Siria, no le hace ningún favor a México, cuando lo compara con países “como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia o Brasil [que] registran tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8, y 25.2 respectivamente, mientras que México registró una tasa de 16.4, cifra muy por debajo de muchos países de la región”.

Los números que ofrece la ONU para el 2014 y que fueron retomados por la SRE, deben ser, al igual que los datos vertidos en el IISS, objeto de gran preocupación para todos los mexicanos, que observamos impávidos el descontrol e incapacidad de las autoridades para mantener la seguridad y la paz entre los ciudadanos. Constatando hasta en tanto, se olvide el caso más reciente del Palmarito, cuando otro más ocurra en otro punto de la geografía mexicana.

kopry.50@gmail.com


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