Por distintas motivaciones, con diferentes estrategias, un mismo estado del país, Michoacán, ha sido dejado por dos presidentes sucesivos en la misma postración institucional e incertidumbre política, lo que debilita sus salidas reales hacia el futuro. Nuevamente en campaña electoral, con tres gobernantes –electos o impuestos- en sólo cuatro años, los michoacanos ocupan hoy el limbo de la República.

 

Felipe Calderón comenzó en ese su estado natal, una iniciativa nacional contra la violencia. Pero fue improvisando, resultó rehén de los cuerpos policiales y militares, y lució desbordado ante la sanguinaria respuesta del crimen organizado. El ex presidente panista nunca pudo desanudar los nexos entre las mafias y la política. El “michoacanazo” fue un proceso judicial pésimamente manejado por sus colaboradores, lo que hundió a su gobierno en el descrédito.

 

Enrique Peña Nieto creó un régimen de excepción en el estado con el nombramiento de Alfredo Castillo, un antiguo colaborador enfermo de megalomanía y poder. Ante una creciente ola de reclamos, la proximidad de las campañas políticas locales y por su propia incompetencia, Castillo fue destituido. Pero  los daños provocados por su gestión a la vida institucional y al conjunto de la comunidad michoacana apenas empiezan a trascender.

 

Ante de tener a su disposición a Michoacán como reinado personal, Castillo había sido procurador mexiquense, subprocurador en la PGR y procurador del Consumidor. En esos espacios ya había dejado claro su inclinación por los excesos y su apetito por el poder y el protagonismo. Al ser designado comisionado especial para Michoacán  determinó que su labor no supondría coordinar a las instituciones locales y federales, sino sustituirlas por su voluntad  personal.

 

Se sabe ahora que Castillo creó una “lista negra” con los nombres de grupos ilegales, como los narcotraficantes y las autodefensas, en la que pronto empezó a incluir a políticos locales, a empresarios y a muchos ciudadanos sobre los que corrían rumores o que simplemente habían tenido la mala suerte de cruzarse en su camino cuando el señor comisionado estaba de mal humor o no atendían alguno de sus caprichos.

 

En escritorios de oficinas importantes tanto del gobierno federal como del Congreso, existen reportes de un ciudadano michoacano que construía una residencia, la que una mala tarde llamó la atención del licenciado Castillo. Hizo llamar al propietario y le ofreció comprar lo que sería su hogar. Cuando aquél se negó, fue amenazado con ser incluido en las “lista negra”, lo que representaba detenciones arbitrarias, interrogatorios bajo incomunicación y en no pocas ocasiones, encierro  en prisiones federales.

 

Otra constante, según los informes disponibles, eran las incursiones de Castillo y su amplia escolta en territorios de “alto riesgo”: bares y discotecas de las principales ciudades de Michoacán, donde hacían alarde de recursos (con dinero público) y desde luego, lucían su galanura con las jóvenes locales. Una labor en la que era frecuentemente auxiliado por Salvador Jara desde que éste se desempeñaba como rector de la Universidad de San Nicolás, mucho antes de junio de 2014, cuando por acumular méritos de esta naturaleza, fue impuesto por Castillo como gobernador interino en lugar del priísta Fausto Vallejo.

 

Vallejo, un hombre y enfermo y escaso de carácter, recibió desde los primeros días de la gestión de Castillo la orden de remover a funcionarios del ámbito judicial (procurador, jefes de policía, jueces) para ser sustituidos con amigos y ex colaboradores del comisionado que hizo traer de todo el país. Los mismo que antes había impuesto como jefes de área en la Procuraduría mexiquense, como delegados en la República por la PGR o como representantes de la Profeco en distintos estados del país.

 

En uno de sus escasos momentos de temple, Vallejo se negó a seguir descabezando al equipo estatal. Eso le costó el empleo y llevó a su hijo a la cárcel. Castillo se hizo de su primer “círculo de hierro” formado por decenas de colaboradores cercanos. Pero en entrevista con el periodista Héctor de Mauléon, para la revista Nexos, reveló haber incorporado en su gestión como comisionado, a 700 operadores en distintas posiciones.

 

Cuando el señor Castillo se aburría de gobernar su república michoacana, viajaba a la ciudad de México protegido por un convoy de vehículos policiales con placas del Estado de México, acudía a restaurantes de lujo acompañado de bellas mujeres, o daba entrevistas a medios. En éstas invariablemente corregía y los reporteros, con frases como: “No, güey, lo que pasa es que tú no entiendes…”.

 

Tras la salida de Castillo, fue por fin posible detener a Servando González La Tuta. Castillo dice hoy a quien quiera escucharlo, que él tenía ya acorralado a ese personaje que ya se sabe, vivía en cuevas, sin ninguna respaldo armado. El comisionado no pudo, no supo o no quiso capturarlo.

 

Michoacán ha entrado a un nuevo proceso de elección de gobernador, en medio de un sentimiento de cuatro años perdidos. Los tres principales contendiente se enfrentaron ya en un proceso similar en la pasada vuelta de tuerca. La política estuvo en el limbo durante todo este tiempo. Las que siguen ahí son las mafias del crimen organizado, que sólo cambiando de nombre y de operadores.

 

Nadie sabe dónde está el licenciado Alfredo Castillo, ni sus colaboradores, aquellos que lo habían convencido de que si pacificaba Michoacán tendría bajo su puño a la PGR y de ahí, al 2018, seguro.  Una dramática caricatura de la que todos debemos aprender para que no se repita en un país que merece salidas reales, no bufones.

 

robertorock@lasillarota.com

 

 



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