El gobierno de Enrique Peña Nieto y la dirigencia nacional del PRI, que encabeza César Camacho, están ciertos de que cuando Fausto Vallejo fue designando candidato priísta a la gubernatura de Michoacán, en junio de 2010, se disponía ya de información que revelaba sus nexos y los de parientes cercanos con el crimen organizado en la entidad.

Ambos, la administración federal y el partido oficial, deben decidir ahora si atraviesan su poder para salvar de la cárcel a Vallejo y a integrantes de su familia, con el riesgo de contaminación –judicial, política, electoral- que ello supone. O si inclinan hacia abajo el pulgar y favorecen la urgente depuración de la clase política michoacana.

Reportes que circulan con mayor profusión desde que Vallejo renunció a su cargo, alertan que las referidas ligas con los sucesivos cárteles dominantes (La Empresa, La Familia, Los Templarios) iniciaron desde que el ahora ex mandatario gobernó Morelia, la capital michoacana, siempre con el aval del PRI, en tres ocasiones distintas (1994, 2000 y 2007).

Los mismos informes dan cuenta de que Vallejo y su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, contaban con acuerdos, financieros y políticos, con las mafias desde 2008, inicialmente para negocios en Morelia y luego para conquistar la gubernatura, lo que los Vallejo lograron en 2011.

En dichos pactos, se conoce ahora, participó el protegido de Vallejo, Jesús Reyna, candidato fallido del PRI en 2007; luego coordinador de la campaña del primero en 2010, y gobernador interino ante la licencia de aquél, en abril de 2013. Reyna, hoy sometido a proceso penal por  proteger a Los Templarios, habría sido el conducto de éstos para hacer llegar a la campaña de Vallejo al menos tres millones de dólares.

Los compromisos sellados por el grupo de Vallejo con los cárteles michoacanos incluyeron un acoso sistemático sobre la oposición, lo que la hizo perder en municipios clave del estado y derivó en el asesinato de al menos un alcalde panista. Una vez con Vallejo en el palacio de gobierno, Los Templarios le hicieron saber por varios conductos que no había recibido el pago por sus servicios. 

Se trata del tipo de reclamos que usualmente suele ser cobrado con la vida de alguien, no en balde colaboradores de Vallejo,  su hijo incluido, se han desvanecido de Michoacán.

En el otoño de 2013, con motivo de la licencia de Vallejo, la senadora panista Luisa María Calderón, hermana del ex presidente Felipe Calderón –y candidata derrotada en la carrera por la gubernatura en 2011- acusó que Vallejo Mora fue el conducto para negociar el apoyo de Los Templarios a favor de la causa de su padre y del PRI en el estado.

Los Pinos y el PRI apostaron a que la tragedia michoacana sería procesada con la designación de Alfredo Castillo como gobernador en las sombras, quien por un lado tendría el respaldo presidencial para hacer de Vallejo un  mandatario de papel,  y a la vez,  catalizar el fenómeno de los autodefensas para arrinconar a Los Templarios y abatir el crimen en el estado.

La renuncia de Vallejo da cuenta de que la estrategia no ha funcionado: Las autodefensas se han convertido en una pesadilla irresoluble, la violencia –ejecuciones, extorsiones, secuestros- repunta de nuevo, y Castillo se ha convertido en un personaje protagónico, pero con resultados decrecientes, una especie de Sancho Panza en su propia ínsula de Barataria.

Castillo Cervantes armó el nuevo gobierno de Michoacán, colocó al frente a una marioneta,  Salvador Jara Guerrero, profesor de filosofía de la universidad estatal, al que le impuso lo mismo a su secretario general de Gobierno que al secretario de Seguridad Pública y hasta a su nuevo vocero.  En un país que se presume moderno y democrático, una de las partes integrantes de la Federación es gobernada por un virrey de facto. Que además, lo hace pésimamente. 

Parecía difícil, pero el comisionado federal ha logrado complicar aún más el panorama de la seguridad en la entidad: dividió a los grupos de autodefensas, destituyó a dirigentes, creó una Fuerza Rural Estatal en la que se infiltraron ex mafiosos “arrepentidos”; avaló el desalojo de Los Templarios en muchos poblados, pero no ha podido impedir que éstos experimenten una nueva transformación para reencarnar en “Los Viagras”, su antiguo brazo armado pero que ahora se dicen conversos con sólidos principios morales.

El pasado día 27 fue detenido José  Manuel Mireles, un carismático líder de autodefensas al que Castillo ha perseguido por meses.  Hay acusaciones de “traición” contra éste y sus jefes en la ciudad de México. La radicalización de Mireles es parte del melodrama michoacano. Pero es verdad que el comisionado ha virado de una gestión basada en la convocatoria social y la concordia, a otra que gravita sobre los hombros de policías federales y militares.

Se requerirá más que eso para evitar que Michoacán  se siga hundiendo en una espesa salsa de contradicciones. La duda es ya cuándo habrá un golpe de timón: cuando la sangre forme nuevos ríos por calles y pueblos del estado, o cuando las urnas estén ya a la vista. (robertorock@lasillarota.com



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