En México existe una cruenta realidad que la historia oficial se ha empecinado en ocultar o tratar de minimizar, miles de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación.

 

El informe que presentó a nivel nacional hace un par de meses y esta semana en Guerrero Open Society Justice Initiative, evidencia la gravedad de diferentes crímenes que han minado el estado de derecho, socavando la paz, la seguridad y el bienestar de los mexicanos y de toda aquella persona que transita por el territorio nacional. También pone de manifiesto la impunidad, las complicidades oficiales, la vinculación de autoridades con delincuentes y la falta de decisión para enfrentar estas lacras que vulneran a la ciudadanía.

 

La magnitud de estos ilícitos trasciende al ámbito internacional y se encuadran en los ilícitos descritos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional[1], como crímenes de lesa humanidad.

 

Sobre este tópico, es importante resaltar que en los razonamientos que sustentan dicho Estatuto, se establece que “…es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales...”, razón por la cual podemos concluir que el Gobierno de Mexicano, al celebrar dicho convenio, se unió a la lucha de crímenes atroces, asumiendo la obligación de detener y castigar a los responsables.

 

Sin embargo, esta adhesión a esta normatividad internacional no ha logrado trasladarse a la realidad. El Gobierno de México ha sido incapaz de erradicar estos crímenes; muy por el contrario, con el paso de los años hemos sido testigos de un aumento exacerbado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

 

La violencia en México se encuentra desbordada, muestra de ello fue dada a conocer por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, luego de los dos primeros meses de este año, registrando tres mil 158 personas asesinadas, 11% más que en el primer bimestre de 2015 y 6% más respecto al primer bimestre de 2014. Es decir, en nuestro país, durante el primer bimestre se registraron en promedio 55 homicidios diarios.

 

Guerrero, merece nota aparte, la violencia ha carcomido el Estado de Derecho, hasta acercarlo a lo que muchos especialistas han llamado, un Estado fallido.

 

Los delitos de lesa humanidad a que refiere el Estatuto de Roma, los podemos encontrar en todas las regiones de la entidad, en  los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atixtlac, Acatepec y Acapulco, pese a ser practicas sancionadas por el artículo 7, párrafo 1, inciso g), de dicho Estatuto, la trata de personas aún sigue prevaleciendo[2].

 

Esta situación, ha sido advertida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual a través de la subdirección del Programa de Trata de Personas, durante la conferencia para prevenir la trata de personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas, Meixueiro” celebrada en abril de dos mil dieciséis, denunció que las regiones de la Montaña, Acapulco y Costa Chica, son las que registran más casos de trata de personas en la entidad, enfatizando que las personas que son captadas para la explotación laboral y sexual provienen de municipios como Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo, Cruz Grande, Alcozauca, Huamuxtitlán, Coyuca de Catalán y Xalpatláhuac.

 

A la problemática añeja de la trata de personas en Guerrero, se suman otros crímenes de lesa humanidad, derivados de la fallida guerra contra el crimen que se ha convertido en una historia interminable de violencia y corrupción.

 

Guerrero, se ha vuelto la zona más violenta de México. Según datos del INEGI en Guerrero durante el año 2015 hubo una tasa de 67 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa a nivel nacional fue de 17 homicidios por igual número de habitantes.

 

Acapulco, uno de los principales polos turísticos de México, se colocó como la cuarta ciudad más violenta del mundo, según el listado de “Las ciudades más violentas del mundo en 2015”, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con una tasa de homicidios 104.73 asesinatos por cada 100,000 habitantes.

 

El crimen de desaparición forzada de personas, tipificado por el artículo 7, párrafo 1, inciso i), del Estatuto de Roma, también se ha perpetrado impunemente en el Estado de Guerrero.

 

El caso, tristemente, más conocido se suscitó en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, cuando elementos de las policías municipales de ese municipio, Cocula y presumiblemente de Huitzuco, junto con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, participaron en la agresión a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

 

El saldo de estos hechos fue la muerte de seis personas, decenas de heridos y la desaparición de 43 estudiantes normalistas, de los cuales sólo ha sido identificado Alexander Mora Venancio, de los restos calcinados supuestamente encontrados en la vera del río San Juan, en Cocula.

 

El problema, al igual que muchos otros casos de desaparición que han sido denunciados por organizaciones sociales, han sido afrontados por el Gobierno de la manera en que habitualmente suele tratarse, restándosele importancia.

 

A ello, se suma el nulo interés de los Gobiernos para ubicar las fosas clandestinas, o para exhumar y contabilizar los cuerpos en las decenas de fosas que se han encontrado a lo largo y ancho del Estado.

 

Diferentes organizaciones y actores de la sociedad, han denunciado la práctica del gobierno de “invisibilizar” estos crímenes de lesa humanidad, que de 2006 a la fecha, han registrado un promedio de 500 denuncias formales por desaparición de personas en distintos puntos de la entidad.

 

Eso sin contar los casos que erróneamente han sido reclasificados como secuestro, como una medida del Estado para “invisibilizar” la desaparición forzada. El Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2014, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que luego del “caso Iguala” las víctimas por secuestro se duplicaron en Guerrero, al pasar de 6 a 13 afectados entre los meses de octubre y noviembre del año 2014.

 

Otro de los crímenes de lesa humanidad del que ha dado cuenta Guerrero, es la crisis humanitaria que viven miles de desplazados internos por la violencia.

 

Entre el 2011 y el 2014, por lo menos 121 episodios de desplazamiento forzado masivos se han documentado Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); durante este periodo Guerrero encabeza la lista, con 26 casos.

 

Es importante destacar que los desplazamientos forzados documentados, obedecen a éxodos masivos, por lo que no reflejan la grave crisis humanitaria en la que miles de guerrerenses se ven obligados a cambiar sus vidas por completo de un día a otro a causa de la violencia, de ahí que los esfuerzos de cuantificación sobre esta crisis sean incipientes, pues la autocensura que impone el miedo resultado de los atentados en contra de las víctimas obstaculiza el estudio cuantitativo.

 

La tortura es otro crimen que ha se hecho presente en Guerrero, y que ha sido confirmado por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), a través de un comunicado fechado el jueves 14 de abril de 2016, luego de los hechos evidenciados en un video difundido horas antes en la red social, que habrían ocurrido el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

 

En tanto la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que fue informada a principios de enero de 2016, dando inicio a una averiguación previa por hechos probablemente constitutivos del delito de tortura y por alguna razón que se desconoce la Policía Federal Preventiva no fue informada, aunque en los hechos, habrían participado 3 elementos de esa corporación que ya fueron destituidos y están indiciados por delitos de tortura.

 

El actuar de la PGR, confirma lo asentado en el informe de Open Society Justice Initiative[3]: “…los funcionarios responsables de los datos sobre tortura y malos tratos, incluidos los fiscales y la policía, han estado muy vinculados a estos delitos en calidad de autores materiales...”.

 

La crisis humanitaria que se vive en Guerrero, y en todo el país, es innegable. Es urgente que los tres niveles de Gobierno asuman su responsabilidad y afronten de frente los crímenes de lesa humanidad que se perpetran impunemente en la entidad.

 

Como sugiere el informe de Open Society es fundamental que, con la intervención de organismos internacionales especializados en derechos humanos, se investiguen y documenten todos estos casos y se juzguen por las instancias nacionales, de no ser así tendrían necesariamente que ser materia de la Corte Penal Internacional, por ser crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma.

 

La vieja política de mirar a un lado, de excusarse en la competencia de los fueros local y federal, es lo que nos ha conducido a este estado fallido. Para revertir esta situación, se requiere vocación, compromiso, hombres y mujeres dispuestos a servir a Guerrero, a México.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

[1] El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procèsverbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1º  de julio de 2002.

[2] En el marco del Foro Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en Guerrero, organizado por la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero. en. 2014, Nuria Gabriela Hernández Abarca, directora de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género del Congreso de la Unión, disertó una conferencia magistral en donde señaló que para el caso de Guerrero los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatonoc aún sigue prevaleciendo la trata de personas

[3] Open Society Justice Initiative. ATROCIDADES INNEGABLES. CONFRONTANDO CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN MÉXICO. 2016.

 

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