En los últimos días he tenido la oportunidad de participar en un grupo organizado por la Drug Policy Alliance para conocer la posición de un conjunto de actores estadounidenses sobre el tema de reforma en la política de drogas. Dos hechos han capturado la opinión pública norteamericana: Uno es el tema de los menores migrantes que inevitablemente se liga a la incapacidad del Estado Mexicano de manejar una crisis humanitaria y la manera cómo las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han generado altísimos niveles de violencia en América Central. El otro es la clara posición de los progresistas en favor de la regulación de la mariguana en los estados de la Unión Americana.  

El editorial del The New York Times (que al día siguiente fue respaldado por The Guardian en el Reino Unido) muestra que efectivamente ya cambiaron los términos de la discusión en materia de drogas, nadie está contentó con la discusión, se debe pasar del debate a experimentar nuevas políticas de regulación, existe la posibilidad de desarrollar acciones que reduzcan los riesgos y los daños, sin desestabilizar países y regiones enteras del mundo.

Lo que crece es la idea de que la principal fuente de conflicto global es el narcotráfico, que lo que se ha hecho hasta el momento no funciona y que parte de la solución está en ver al problema de drogas como un tema de salud, pero también de derechos humanos, de seguridad ciudadana y, al final, de desarrollo. Destacaría seis temas que me parecen relevantes en la discusión.

 

1)México es por mucho el país más afectado por la guerra contra las drogas. Si bien el número de muertes se ha estabilizado, no parece haber mejora. La causa podría estar en que mantener objetivos como reducir cultivos ilícitos no es siempre compatible con mejorar los niveles de seguridad. Reducir la oferta de drogas necesariamente implica utilizar de manera masiva la fuerza y dejar de utilizar recursos institucionales y financieros para reconstruir las instituciones en las comunidades. Las reducciones en la oferta no necesariamente disminuyen las ganancias de los carteles, de hecho podrían aumentarlas debido a su poder monopólico. México  no mejora porque sigue la lógica de la guerra contra las dogas.

2)La guerra contra las drogas ha deteriorado de tal forma la capacidad gubernamental mexicana en su territorio que es un país incapaz de ayudar en una crisis humanitaria como la de los menores migrantes. Eso era diferente en los 80, por ejemplo, cuando el país pudo asumir su responsabilidad con los refugiados guatemaltecos. Como los carteles controlan las rutas de migración de centro América a Estados Unidos el Estado Mexicano es irrelevante en la crisis actual. Los mandatarios centroamericanos están en Washington negociando directamente las alternativas sin el país en el que de hecho sucede la peligrosa migración. La solución que planteada es que se otorguen visas humanitarias directamente en Honduras y en El Salvador, a nadie se le ocurre que México implemente algún mecanismo de salvaguarda a los migrantes a lo largo de su recorrido. México es simplemente un país cuyo territorio capturó el narco.

3)La cooperación entre México y Estados Unidos no ha dado resultado alguno. Es verdad que existe una cercanísima relación entre la Marina mexicana y la agencia antidrogas estadounidense, pero el Plan Mérida no consigue ni siquiera ejercer su presupuesto, los mexicanos no quieren asistencia en los temas que más pueden ayudar los americanos, como la organización de la policía federal y el fortalecimiento de la investigación pericial de las procuradurías. Como la ocurrencia es norma, los vecinos del norte se empeñan en absurdos como las cortes de drogas, cuando lo urgente no son tribunales especiales, sino  consumidores y a hombres y mujeres que forman parte de la cadena del narcotráfico, pero sin ejercer la violencia, ni compartir las ganancias de los grandes capos.

4)En general las posiciones de las distintas agencias norteamericanas relacionadas con  las drogas son contradictorias, tanto en lo interno, como en lo externo. Lo es fundamentalmente con las posiciones de su propio presidente que se ha pronunciado por reconsiderar la política con respecto a la mariguana y  la veintena de estados de la Unión que la han regulado. El apoyo a la legalización de la mariguana supera al 60% de los electores norteamericanos y en la población menor de 30 años el apoyo supera el 80 por ciento. Eso además de que, en un gobierno quebrado, no destinan recursos importantes para financiar proyectos en América Latina. La coyuntura seguramente permitirá que surjan iniciativas propias de los países de la región en materia de política de drogas, como la de Uruguay, y que otras agencias, como la OEA, sean las que marquen la pauta de la discusión.

5)Existe una disputa con respecto a la agenda de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidad sobre drogas que es patrocinada por México. Mientras la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) pretende que el debate se centre en temas de reducción de la oferta y persecución de las organizaciones criminales, así como la prevención y atención de adicciones, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quiere que se trate temas de salud pública, derechos humanos, género, desarrollo y que se discutan alternativas de reforma distintas al mero prohibicionismo. En general crece la idea de que el esquema actual no funciona y que los países deben buscar nuevos esquemas para tratar con el tema.

6)Tanto en Europa como en Estados Unidos crece la demanda por políticas públicas que reduzcan los riesgos y los daños de consumir drogas, acciones que no se limiten, aunque incluyan, la prevención y el tratamiento de adicciones, sino también otras que ofrezcan información precisa a los consumidores y acciones como exámenes periódicos de VIH y hepatitis C, intercambio de jeringas, tratamientos de metadona, etcétera. En general se llama tanto a evitar que los consumidores sean encarcelados, estigmatizados y sus derechos humanos violados. La mayoría de los consumidores de drogas son personas que no tienen problemas de adicciones y requieren de elementos para evitarla y reducir riesgos. Otros efectivamente demandan tratamiento, pero este debe ser efectivo, ligado a servicios integrales de salud y salvaguardando la dignidad de las personas.

 

@vidallerenas



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