"No hay sino un remedio [a la insatisfacción estudiantil]: hacer pública de verdad la vida pública del país. El gobernante que entienda esto a tiempo, y a tiempo ponga remedio, pasará a la historia”. El 13 de septiembre de 1968, Daniel Cosío Villegas publicó estas líneas que no han perdido vigencia. Hoy, la mayoría de la población, no sólo los estudiantes, está insatisfecha con el desempeño de nuestra democracia y parte del remedio se encuentra en lo que vislumbró Cosío Villegas.
Es imperativo hacer realmente pública la vida pública de nuestro país. Es tiempo de que la Ley General de Archivos ayude a construir un país donde lo público sea lo común, lo accesible y abierto, así como lo conocido y verificable. Es tiempo de consolidar un México en que los archivos permitan saber quién, cómo, cuándo y bajo qué condiciones se toma una decisión en el servicio público. No minimicemos su importancia: la creación y resguardo de un archivo es escoger lo que recordará y lo que olvidará una sociedad.
Los archivos cobran aún mayor importancia en un contexto en el que prevalece la vejación a los derechos humanos. La historia contemporánea de México está salpicada de este tipo de eventos: 1968 y 1971, el periodo de la guerra sucia y la desaparición de periodistas, San Fernando y Ayotzinapa, por mencionar algunos. Ningún hecho violento ocurre sin dejar huella y, por ese motivo, debemos construir un país de archivos que fomenten la memoria, desvanezcan el olvido y permitan reducir la impunidad. La información que contienen los archivos permitirá (re) escribir la memoria de hechos injustos o violentos, sumar las más voces posibles y así prevenir que se repitan.
También debemos consolidar un sistema de archivos que garanticen la existencia de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción. La información que contienen los archivos es indispensable para lograr la transparencia y la rendición de cuentas, es decir, para que sea posible determinar responsabilidades. La labor del Estado es garantizar que exista información y que sea accesible a la población. En otras palabras, la información permite identificar y comprobar posibles actos de abuso de poder, corrupción, injusticia o violaciones a derechos humanos. Los archivos y la información que contienen son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, son su condición de existencia.
Además, no podemos permitir que la falta de una cultura de archivos entre algunos servidores públicos se convierta en un obstáculo a la garantía del pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la población. Hasta hace unas semanas, de las impugnaciones interpuestas ante el nuevo Pleno del INAI, 950 se refirieron a declaraciones de inexistencia de información pública solicitada. En el 50% de los casos, fue hasta que el INAI intervino que los sujetos se esforzaron en buscar exhaustivamente en sus archivos y hallaron la información de forma total o parcial.
Para construir un México de archivos accesibles a la población y que garanticen que lo público sea realmente público, debemos asegurarnos de tener la mejor Ley General de Archivos posible. Actualmente en el Senado existe un proyecto de ley que propone otorgar al Archivo General de la Nación la autonomía necesaria para delinear la política archivística del país como miembro fundamental del Consejo Nacional de Archivos y eliminar los “archivos históricos confidenciales”. Sin embargo, este proyecto de Ley no ha sido dictaminado. No podemos dar ni un paso atrás en la construcción de un país de archivos, que ordene y resguarde toda la información pública.
Es necesario prevenir que los servidores públicos destruyan información para evitar que forme parte de un archivo. Por ejemplo, que un presidente municipal queme los documentos de la adjudicación directa de la compra de material de oficina a su cuñado. O que un funcionario federal “pierda” los documentos de la Dirección Federal de Seguridad con las fichas de los policías involucrados en combatir al movimiento estudiantil de 1968.
Requerimos que en los marcos normativos del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas consideren como grave la desaparición de documentos que deben ser públicos.
No escatimemos esfuerzos. Desde cada una de nuestras trincheras impulsemos la creación e implementación de los marcos normativos que permitan hacer pública de verdad la vida pública del país, que aseguren la construcción y resguardo de archivos accesibles a la población. La democratización efectiva de un país se puede medir a partir de la participación y el acceso libre al archivo, a su constitución y a su interpretación. Estemos atentos a los debates legislativos, involucrémonos en ellos y construyamos un país que dé la oportunidad a su población de usar la información para consolidar de “verdad la vida pública”.