La difícil situación que actualmente está pasando el país tiene una agravante adicional: una crisis moral y política marcada por el individualismo, el egoísmo y la ausencia de solidaridad. Todos queremos que las cosas se solucionen pero “que se haga la voluntad en los bueyes de mi compadre”. Nadie cede nada.
El escenario posterior a la masacre de Ayotzinapa se ha convertido en un río revuelto, a tal grado que, salvo a sus familiares, los estudiantes ya nos dejaron de doler. Todo parece indicar que ahora son sólo pretexto.
Unos se aprovechan de la legítima protesta para practicar el vandalismo en las calles y otros quieren la represión para consolidar su bandera, les urge un mártir, porque a los 43 los masacraron ellos, los mismos que piden “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Respondiendo a los cómos, quiero plantear dos propuestas: 1) respetar el principio de legalidad; y 2) Hacer valer el Estado de Derecho.
Respetar el principio de Legalidad
En el libro titulado Ciudadanos imaginarios, Fernando Escalante elabora un análisis histórico de la moral pública que durante el siglo XIX se gestó en la sociedad mexicana.
El autor destaca un aspecto que me parece fundamental: la ciudadanía tiene un carácter bidimensional, como fuente de derechos y también de obligaciones. Cito a Escalante: “Heller argumenta que ‘la cosa común, la re publica, ha de estar constituida por instituciones. Leyes y acuerdos sociales, que están formados por los valores universales […]’ Bien, pero se olvida de la más vieja de las virtudes cívicas, que es la obediencia, junto con su pareja, el respeto a la legalidad”.
Escalante explica muy bien una de las principales causas de la desobediencia a la ley, que caracteriza a la sociedad mexicana: “Todo cálculo entraña un sistema de valores y toda convicción exige un cálculo. De modo que cuando un oficial deserta o traiciona, cuando un funcionario roba fondos públicos, cuando un elector vende su voto, cuando un juez falsea un proceso, se separan de la lógica estatal, de las exigencias morales del aparato jurídico porque no está comprometida su identidad con el proyecto de Estado”.
En el contexto de deterioro institucional que vivimos es necesario, urgente y obligado, pactar las reglas del juego, entender que es con la sociedad como se debe marchar, dándole voz y voto, escuchando sus propuestas, analizándolas y convirtiéndolas en programas de gobierno, partiendo de las estructuras locales, las comunidades y los municipios. También la sociedad debe reconocer que es con y en el gobierno y sus instituciones, en donde deben acordarse los mecanismos y acciones de convivencia y transformación.
Hacer valer el Estado de Derecho
Tomémosle la palabra al Presidente cuando dice “seamos claros: sólo a través del Estado de Derecho podremos superar, juntos, los retos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad”.
Para que la autoridad sea respetada también debe respetar los límites que le son impuestos por ley. Exijamos que la acción de las autoridades se apegue a la norma, denunciemos todo acto de corrupción, abuso o complicidad con el crimen.
En resumen, la legalidad es básica para la convivencia social. No hay de otra; de no ser así, por el camino que proponen los anarquistas, la CETEG de Guerrero y los “estudiantes” del Politécnico, entre otros, nadie ganará, porque su propuesta es, simple y sencillamente, actuar al margen del Estado de Derecho y provocar el desgaste de la autoridad.
Nadie podrá negar que hay un gran consenso para que mediante el acuerdo y la vía pacífica se encuentre la solución. No descartemos un nuevo Pacto desde la base social, sostenido por todos aquellos ciudadanos convencidos y decididos a transitar por la vía de la ley, la paz y la concordia.
Y si usted, lectora, lector querido, no tienen inconveniente, muchas gracias por sus amables comentarios y aportaciones, nos leemos el próximo jueves.
P.D. Como dice Denisse Maerker: Necesitamos un Estado fuerte y un Presidente respaldado para enfrentar a los poderes fácticos y las amenazas en ciernes.
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