No son admisibles las disculpas presidenciales cuando México se desliza en un tobogán rumbo al despeñadero. El país vive una crisis económica, política y social, pero sobre todo de moral pública, que ya ni siquiera los apologistas del régimen pueden ocultar. La corrupción y el cinismo son políticas de Estado de la cleptocracia gobernante. Este cáncer afecta ya la estabilidad económica de la República con un dólar a diecisiete pesos y un precio por barril de petróleo a menos de cuarenta dólares.
En el colmo del cinismo Enrique Peña Nieto, a través de su subordinado Virgilio Andrade, se exculpó asimismo del insultante tráfico de influencias y el escandaloso contratismo a favor de grupos empresariales como Higa, cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa, le "vendió" a la primera dama Angélica Rivera una suntuosa propiedad, una mansión valuada en ocho millones de dólares. Higa es un consorcio empresarial que se ha visto beneficiado multimillonariamente desde que el hoy presidente de la República era gobernador del Estado de México. Es junto con OHL la principal beneficiaria de las relaciones presidenciales privilegiadas.
Según Virgilio Andrade en la adquisición de la casa de sierra gorda 150 por parte de Angélica Rivera a Juan Armando Hinojosa Cantú (HIGA), no existió ningún tipo de conflicto de interés basado en que cuando se dio el contrato de compraventa de este inmueble no iniciaba el sexenio y el presidente Peña Nieto no era funcionario.
Nada más falso que lo anterior, ya que el artículo 51 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas señala:
Artículo 51. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
- Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.
Es evidente que ya existían relaciones de negocios entre la esposa del presidente y el Grupo Higa y que el Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es un subordinado de Peña Nieto, y como tal se vio influenciado para beneficiar con contratos a Higa, como en el caso de la construcción del Tren México - Querétaro que se tuvo que suspender ante el escándalo de la Casa Blanca. Escándalo de corrupción frente al cual el Ejecutivo Federal ha respondido con venganza frente a la periodista Carmen Aristegui quien dio a conocer el tema y le cerró su espacio noticioso radiofónico, y ha perseguido políticamente al ex Jefe de Gobierno del D.F, Marcelo Ebrard a quien culpa sin pruebas de haber "filtrado" a los medios este caso de mayúsculo tráfico de influencias.
En la Cámara de Diputados insistimos en la creación de una Comisión de Investigación plural para revisar el tema de la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de interés en el caso del grupo Higa, el Ejecutivo Federal y su cónyuge, pero una y otra vez fue frenada por el PRI y sus aliados. Ante su persistente negativa denunciamos que serían tapadera de esta gran corrupción que ha sido cubierta ampliamente por la prensa internacional.
El tiempo puso las cosas en claro y con la simulación y encubrimiento del responsable de la Función Pública sobre el caso, es notorio que querían una investigación a modo para seguir en la impunidad y armando negocios al amparo del poder. Aquí algunos de los posicionamientos que expresé sobre el tema en San Lázaro:
Corrupción Peña-Rivera-Videgaray
Peña Nieto quiere incendiar el país
Que renuncie Peña por corrupto, inepto y cobarde
Otro tópico que confirma la cerrazón del régimen es la ofensiva para frenar las candidaturas independientes, que se da de la mano del ascenso de operadores del Pacto Por México a las dirigencias nacionales del PRI y del PAN y a las coordinaciones parlamentarias.
Recientemente las aplanadoras legislativas locales de los gobernadores de los estados vinculados al Pacto por México han iniciado una serie reformas a los códigos electorales estatales que han sido bautizadas como “LEYES ANTIBRONCO”, todas estas modificaciones facciosas tienen como fin detener el avance de la voluntad popular en buscar opciones políticas ciudadanas, como la que encabezó de forma exitosa en Nuevo León Jaime Rodríguez El Bronco y que son diferentes, pero que además demostró su capacidad para vencer a la partidocracia pactista del PRIAN.
En todos los casos de bloqueo a las candidaturas independientes, empezando por el Estado de Chihuahua, se ha endurecido aún más lo establecido en la legislación federal, que establece de suyo requisitos elevados para acceder a una candidatura independiente, elevándolo en esas entidades al 2 o incluso el 3 por ciento como lo pretende hacer Rafael Moreno Valle en el Estado de Puebla.
Para el caso del Estado de Veracruz, Javier Duarte y sus testaferros no sólo subieron el porcentaje de firmas necesarias para obtener una candidatura independiente, sino que también tuvieron la ocurrencia de legislar de forma anticonstitucional y proponer que el Secretario Ejecutivo del OPLE de Veracruz sea elegido por el Congreso del Estado, obviamente órgano legislativo controlado totalmente por el gobernador.
Frente a la evidente corrupción del régimen, sus complicidades con el triunvirato pactista del PRIANRD, la crisis económica y social, la opción es fortalecer proyectos alternativos desde la ciudadanía y con las fuerzas políticas renovadoras. Sólo así podremos empezar a recuperar nuestra nación del saqueo y el desgobierno de la cleptocracia que representa el grupo Atlacomulco y anexos en el poder.