La fuga de El Chapo Guzmán constituye un escándalo de proporciones mayúsculas, no sólo por el hecho mismo de su escapatoria, por las condiciones y por la forma en que se dio, sino, sobre todo, por lo que significa en la coyuntura de un país cuyo gobierno ha extraviado la ruta y cuyo Estado -fracturado en casi todas sus instituciones- se disuelve frente al crimen organizado.
La semana pasada 13 ex funcionarios federales con distintos cargos y niveles de responsabilidad en el otrora penal de alta seguridad del Altiplano, fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público federal y obsequiadas por un juez de Distrito de Procesos Penales Federales.
Los detenidos son: Celina Oseguera Parra (ex Comisionada del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS), Valentín Cárdenas Lerma (ex Director del penal de alta seguridad del Altiplano) así como, Roberto Cruz Bernal, Jaime Galindo Hernández, Oswaldo Gastón Veytia Rodríguez, Miguel Ángel Flores Mirafuentes, Agustín Jiménez Molina, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortés Carrillo, Érick Sorcia Martínez, Arturo Hernández Hernández y Reyes Amyr Mota Carrillo.
Los dos primeros eran altos funcionarios federales, con trayectorias polémicas, controvertidas, documentadas en los últimos años por la prensa nacional, por barras de abogados y por organizaciones civiles defensoras de derechos humanos. Los demás personajes eran custodios y empleados en áreas de seguridad del Altiplano.
La detención de Celina Oseguera (quien de acuerdo con fuentes judiciales solicitó la ampliación de término para presentar pruebas en su favor, por lo que su situación jurídica se resolverá este miércoles por la tarde) y de Valentín Cárdenas (a quien ya se le dictó formal prisión, pues no solicitó la duplicidad del término y se le inició juicio por la fuga de Guzmán Loera, por los delitos de delincuencia organizada y evasión de reo), se traduce en un giro dramático y un retroceso grave en el esquema de seguridad penitenciaria y seguridad pública y seguridad nacional.
La captura de estos ex funcionarios confirma poco a poco la magnitud de la crisis penitenciaria y de seguridad que vive el país. Revela los niveles de disolvencia por los que atraviesa el Estado y las formas en que el crimen organizado se ha metido hasta el alma del aparato de gobierno sin soltar un solo disparo.
Reventados están el esquema de control de procesos penales federales, el esquema de controles de confianza, la rendición de cuentas, las formas y los fines de la transparencia institucional, la propia coordinación entre entidades que no confían entre ellas (Sedena, Marina, CISEN, PGR, Policía Federal, etcétera) y, por supuesto, cualquier iniciativa o intento de iniciativa gubernamental que trate de refundar toda la agenda de control carcelario a partir de una estructura desgastada y corrupta, probadamente penetrable por todos tipo de mafias.
Los señalamientos por actos de corrupción y abuso en contra de Celina Oseguera, por ejemplo, se acumularon en los últimos años, ya sea en su desempeño en prisiones en el ámbito local o en el fuero federal. Sus jefes en ambas esferas estaban enterados de los enredos y crecientes escándalos en los que ella y sus allegados se metían.
Prohijaron con sus silencios y confianzas a una figura acusada de delincuencia organizada, quien, desde el corazón del sistema penitenciario y a los ojos de todos, se habría enredado en la fatal aventura de integrar el engranaje que permitió la fuga del narcotraficante más buscado en la historia de México.
En poco más de cuatro años al frente de las cárceles en el Distrito Federal, la administración de Oseguera se vio envuelta en más de dos mil 700 incidentes y hechos violentos de todo tipo; desde fugas en prisión y durante traslados, hasta acusaciones por obligar a esposas de reclusos a prostituirse con los custodios para evitar golpizas a sus parejas.
Bajo su administración, personajes como Sandra Ávila, La Reina del Pacífico, gozaron de privilegios, atenciones y entrevistas fuera de lugar.También se le acusó de contratar a funcionarios ligados a delincuentes, quienes más tarde renunciaron a sus cargos.
En su primer círculo, Oseguera Parra no se cansaba de mencionar la gravedad del fenómeno del autogobierno en prácticamente todas las prisiones del país. Ninguno se escapa, solía decir.