El modelo de #ComunicaciónPolítica electoral sigue generando conflictos. En los próximos meses, el Instituto Nacional Electoral (#INE) deberá tomar dos decisiones importantes. La primera, establecer medidas para que los dirigentes de los partidos no abusen de sus participaciones en los spots de radio y televisión. La segunda, modificar algunas de las disposiciones que regulan los debates en el Reglamento de Elecciones.
Las expectativas son inciertas.
Con base en la experiencia internacional, el exceso en la regulación termina generando obstáculos a la competencia entre los partidos y, lo más delicado, restricciones significativas a la #LibertadDeExpresión.
Para avanzar, se tienen que eliminar barreras.
Sin embargo, parece que los análisis para la toma de algunas decisiones apuntan en la dirección contraria, ya que la clave del éxito no está en incrementar las prohibiciones o limitaciones.
Por el contrario, hay que liberar las ataduras.
La presencia de funcionarios, dirigentes y líderes en general es necesaria en todos los medios informativos y publicitarios. Su participación libre abona al debate y éste al derecho que todos tenemos a estar bien informados.
La búsqueda de equidad no es razón para coartar.
Si la intención de la reforma electoral de 2014 fue la equidad, el objetivo no se logró cabalmente, según quedó demostrado en los procesos de los últimos años. Es evidente que se abrieron las condiciones para conformar lo que hoy se ha denominado "el abuso" de los dirigentes de los partidos más importantes del país.
La normatividad dejó confusiones y vacíos.
Por eso hoy, mientras los funcionarios públicos y legisladores están muy acotados para promover su imagen personal, otros personajes pueden tener espacios excesivos dentro de los tiempos que tiene el Estado en radio y televisión.
Con los debates también habrá problemas.
Según parece, las modificaciones hasta ahora propuestas podrían complicar o inhibir las iniciativas de los medios al convocar a los candidatos. En principio, todos deben ser invitados a los programas "para garantizar la equidad".
La idea suena lógica.
Sin embargo, en muchos casos —incluida la elección presidencial— no resultará conveniente ni fácil en términos de reglas, tiempos y producción tener a demasiados candidatos. Además, las cosas se van a complicar en los predebates y posdebates cuando uno o más candidatos decidan no asistir.
¿Por qué hay que cuidar este punto?
El conflicto —pero no las propuestas— serán las noticias más destacadas y eso no conviene a nuestra democracia. La posibilidad de crear algunas situaciones de #Crisis es grande y por eso deben revisarse y ponderarse con mucho cuidado.
Por fortuna hay dos buenas noticias.
La primera es que el #INE informó que no habrá restricciones en las #RedesSociales. El argumento principal es que no puede impedir a los políticos “hacer política” en las redes sociales, siempre y cuando eviten los actos proselitistas o llamados al voto.
La otra tiene que ver con el derecho de réplica.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (#SCJN) discutió el martes pasado la procedencia o no de declarar inválidos los requisitos de información falsa o inexacta para hacer valer este derecho.
La mayoría de los ministros se pronunció en contra.
En consecuencia, no se aprobó la propuesta para que "cualquier persona que se sienta agraviada por información publicada en medios de comunicación solicite el derecho de réplica, aunque se trate de datos verídicos".
El tema interesó mucho a los partidos.
Tanto así que fueron el #PRD y #Morena los que impugnaron la norma, aunque su esencia no sea exclusiva del ámbito electoral. A pesar de la resolución, los cuestionamientos seguirán porque muchos personajes siguen pensando que la esencia de la ley afectará el ejercicio de la libre expresión, sin importar los criterios finales que se establezcan.
A pesar de todo, los riesgos siguen latentes.
En el sistema político mexicano todavía no se le encuentra la cuadratura al círculo del marco jurídico que debe regir el modelo de #ComunicaciónPolítica que requiere el país.
Adecuar las leyes es necesario.
Pero debemos tener mucho cuidado. El riesgo más grande está en complicar tanto las cosas que resulte inevitable judicializar los casos más controvertidos en los procesos electorales de 2017 y 2018 o provocar enfrentamientos que generen violencia.
En cualquier circunstancia, todos saldrán perdiendo.
El daño más profundo sería a la legitimidad. Si partimos de los bajos niveles de credibilidad que tienen algunas instituciones —y un número sin precedente de autoridades— es preciso evitar los que puedan acentuar este deterioro.
¿Es tan difícil entender los impactos de dichas consecuencias?
Claro que no. Ya es tiempo de dejar atrás el predominio de los intereses particulares, pues lo más importante es evitar cualquier situación de ingobernabilidad.
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