Este martes, la Secretaría de Marina iniciará un nuevo derrotero, una nueva etapa que intentará ser de apertura y transparencia en materia de derechos humanos, agenda en la que por ahora no las tiene todas consigo ya que por primera vez rebasa en número de Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El almirante Soberón y el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, darán a conocer hoy un acuerdo de trabajo que buscará no solo fortalecer la protección a los derechos humanos de la población también blindar de alguna forma la labor de los marinos en el combate diario al crimen organizado que despliegan principalmente en el norte y noreste del país.
Pero el acuerdo que firmarán la Marina y la CNDH va más allá de lo alcanzado en esta materia ya el ombudsman investigará, con base en datos de inteligencia naval, a las ONGs que mantienen una agenda permanente de ataques, señalamientos, críticas y denuncias contra la Marina.
El almirante Soberón pondrá el dedo en la llaga. No se quedará en señalamientos a medias como ocurrió con su antecesor, el almirante Saynez, quien se limitó a señalar en algún momento del sexenio calderonista que había organizaciones civiles que actuaban como fachada de protección a los derechos humanos, pero que en realidad tenían la misión de golpear a las fuerzas federales acusándolas falsamente de vejaciones y de toda clase de abusos.
Algo similar hizo el general Guillermo Galván al frente de la Sedena, agregando que dichas organizaciones estaban identificadas por la Secretaría. Solicité a través del entonces IFAI a ambas dependencias los datos que tuvieran acerca de esas organizaciones, por nombre y apellidos, entidad, tipo de acusación, cantidad de acusaciones. Las dos contestaron que no tenían la información solicitada.
Hoy el panorama es totalmente distinto. Hasta la CNDH podría crear una base de datos de ONGs enemigas o contrarias o no amigables con las fuerzas federales.
En principio el proyecto de trabajo es ambicioso, pero reviste también escenarios delicados para ambas instituciones; para la Marina implicará echar a andar mecanismos y políticas de apertura informativa, de seguimiento y rendición de cuentas como no lo ha hecho antes, y para la CNDH significará andar un camino conocido, marcado por desencuentros, negativas, recelo y obstáculos para el cumplimiento de su labor.
Los puntos de vista y las condiciones políticas para avanzar en este terreno han sido siempre complicadas y de rispidez, tanto para los marinos como para los militares y los elementos de la Policía Federal.
En las fuerzas federales persiste la imagen de los derechos humanos como un factor que estorba su trabajo, que limita sus posibilidades de atacar y resolver ciertos temas en el combate al crimen, como el de la obtención de datos sustantivos para traducirlos en información útil en operaciones de campo.
El nombre de este tipo de procedimientos para conseguir datos sin recurrir a complicados análisis de gabinete o a sistemas electrónicos de comparación de datos, voces, imágenes, mapas y rutas, es uno solo: tortura.
En las redes sociales son cada vez más frecuentes los comentarios de marinos, militares y policías de cualquier corporación quejándose de los derechos humanos, señalando que ningún delincuente debería tenerlos, preguntando con ironía y coraje si en el siguiente operativo sería conveniente regalarles a los narcos, a los sicarios, torturadores y secuestradores cajas con chocolates o ramos de rosas para terminar pidiéndoles de la mejor manera posible su cooperación en el cateo o detención en proceso.
Marinos y militares critican y rechazan dinámicas en las que los derechos humanos son un poderoso y contundente argumento no sólo para liberar delincuentes, sino, al final, para revertir casos y buscar la prisión contra quienes combaten a la delincuencia. De esto están hartos en la Sedena y en la Marina.
Por eso el acercamiento entre el almirante Soberón y Luis González Pérez es vital, sobre todo porque en este sexenio la Marina va a la cabeza de la lucha contra los cárteles de la droga a los que investiga, persigue, rodea, enfrenta y abate con mayor frecuencia.
El resultado es que este esquema de combate -que sacó momentáneamente a los militares de la escena violenta- colocó a los marinos como arietes, punta de lanza y cabeza de playa para enfrentar al narco. Una de las consecuencias claras e innegables de esta dinámica es que los marinos tienen mayor contacto con la población civil y, en consecuencia, más probabilidad e cometer abusos y violaciones graves a los derechos humanos.
Datos oficiales de la Marina y de la CNDH indican que en lo que va de esta administración, la dependencia que encabeza el almirante Vidal Soberón ha recibido 11 Recomendaciones mientras que la Sedena ha recibido cinco.
En el sexenio de Felipe Calderón los militares recibieron en total 110 Recomendaciones por 22 dirigidas a los marinos.
Hay que precisar que de las 11 Recomendaciones recibidas en lo que va de este sexenio (15/2013; 16/2013; 41/2013, 52/2013; 53/2013; 68/2013; 31/2014; 3/2015; 1/2016; 10/2016 y 11/2016), sólo cuatro corresponden a violaciones a los derechos humanos cometidas en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en la administración del almirante Soberón (3/2015; 1/2016; 10/2016 y 11/2016).
Las otras Recomendaciones corresponden a hechos ocurridos entre 2010 y octubre de 2012. Cateos indebidos, detenciones, retenciones, amenazas, golpes y torturas son la constante en las acusaciones que sustentan y dan origen a las Recomendaciones emitidas. En al menos dos de ellas las víctimas fueron niños.
Las quejas son otro asunto. Cifras de la Marina indican que de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014, la dependencia recibió 744 quejas, de las cuales 293 fueron concluidas y 451 estaban en trámite de solución. Los datos sobre quejas presentadas contra la Marina ante la CNDH desde noviembre de 2014 a la fecha son un misterio.