En lo que ha sido un episodio más de la vergonzosa telenovela “Legislando mal y de malas”, la LXIII Legislatura inauguró el pasado lunes 13 de junio un periodo extraordinario de sesiones con el que pretende dar salida a tres temas que –pese a su relevancia- no pudieron ser diligentemente tratados en sesión ordinaria: el mando único policial, el sistema nacional anticorrupción y la regulación de la mariguana. Una semana de “arduo” trabajo después el balance es desolador por no decir alarmante. Sabemos que pese a no haber sido discutido, dictaminado o votado, lo único seguro en materia de mandos policiales es el cambio de nombre… Ya no será mando único sino mixto; del segundo tema sabemos que pese a la demanda de 634 mil ciudadanos, la aplanadora PRI/PVEM/PT mató el componente público de las #3de3 y envió a Diputados una versión mocha del paquete legislativo original tan cuidadosamente gestado desde la sociedad civil; del tercero, tristemente, sabemos que en tan sólo 48 horas un puñado de alfiles y beatos multicolor –liderados por el sector salud- lograron descarrilar el ímpetu de la reforma para introducir una contra-reforma tan regresiva como macabra.
Me explico. La exigencia de reformar la política de drogas no es una irresponsable ocurrencia de quienes “sólo se quieren drogar” sino una necesidad que desafortunadamente es cada vez más urgente en vista de los estragos generados por la militarizada “guerra contra las drogas”. No es casualidad que desde 2006 se hayan multiplicado las voces que llaman a replantear el enfoque punitivo e invitan al legislativo a ejercer su potestad regulatoria. No llegamos hasta aquí de churro. No, a Comisiones Unidas llegamos después de un largo camino que se consolidó el pasado 4 de noviembre de 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición de la mariguana por considerarla restrictiva del derecho a una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad; llegamos después de concluido un “Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana” donde más de un Secretario de Estado nos aseguró que en México no se criminalizaría más a los usuarios; llegamos habiendo presentado públicamente las conclusiones de las famosas “Audiencias sobre Alternativas de Regulación de la Mariguana” convocadas por el mismísimo Congreso que hoy no sabe qué hacer con el tema; y más importante aún, llegamos arrastrando una historia legislativa de 44 iniciativas presentadas ante el Senado, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la CDMX y la Comisión Permanente[1]. Es decir, llegamos con la tarea hecha.
Lamentablemente, como suele ocurrir en nuestro culebrón de cada día, la realidad importó poco al momento de pretender legislar y aunque el guion (iniciativa presidencial) dejaba clara la diferencia entre el “dice” y el “debe decir”, nuestros legisladores optaron por un dictamen elaborado desde la fe y la moral privada. ¿Pero qué hicieron mal? De entrada, echaron por la borda la intensión liberal del Presidente y prepararon UN dictamen sobre cannabis medicinal que de saque dejó fuera el componente de despenalización efectiva del consumo y la posibilidad de reinsertar a la sociedad a un buen número de personas injustamente encarceladas; segundo, el dictamen elaborado claramente nunca tuvo la intención de devolver la constitucionalidad a la Ley pues en ninguna de sus versiones se planteó habilitar fuentes de abastecimiento seguras como sugiere la opinión legal de la Corte; y tercero, el documento unánimemente votado despreció la evidencia científica y el propio conocimiento generado por debates y audiencias, limitando el uso medicinal a los fármacos hechos a base de cannabinoides no psicoactivos que difícilmente proveerán algún tipo de alivio a pacientes con padecimientos otros a las epilepsias refractarias.
Pero más grave que todo lo anterior es el hecho de que nuestros legisladores dejaron, por acción u omisión, que los cabilderos de quienes siguen favoreciendo al narcotráfico introdujeran modificaciones al articulado que, lejos de reconocer los usos medicinales y personales aún dentro del risible límite de los 5 gramos, buscan trasladar la prohibición absoluta de la mariguana de la Ley General de Salud al Código Penal. Criminalizarlo todo y eliminar el precedente de inconstitucionalidad aplicable a la Ley General de Salud es el objetivo de quienes plantean reformar el artículo 193 del Código Penal para introducir las palabras mágicas “cannabis sativa, índica y americana o marihuana” a un enunciado que tipifica conductas punibles. Es así como en un plumazo los aliados del tráfico ilícito de drogas dejarán de estar en desacato frente a la SCJN (pues el fallo sólo aplica a 5 artículos de la LGS) y podrán finalmente darle un respiro a quienes desde el Ejecutivo se encargan de rechazar los amparos y las suspensiones promovidas por ciudadanos para acceder a la planta y a sus derechos. Y es que en aquellos despachos deben estar hartos de SMART, de Grace y de todos nosotros.
[1] De acuerdo con datos recopilados por Safie Consultores tan sólo en lo que va de la LXIII Legislatura han sido presentadas 29 iniciativas de ley en materia de mariguana (1 proveniente del Presidente de la República, 10 de la Cámara de Diputados, 14 del Senado, 2 de la Comisión Permanente y 2 de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México) y 2 puntos de acuerdo (provenientes de la Cámara de Diputados). Esto, sin contar las 10 iniciativas presentadas durante la LXII Legislatura y las 5 presentadas durante la LXI y la LX Legislaturas.
* Directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, Maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics.