“Dirigir la política exterior mexicana y desempeñar leal y patrióticamente el cargo mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión” son dos obligaciones ineludibles del Presidente de la República emanadas del artículo 87 y 89 de nuestra Constitución.

 

En la conducción de la política exterior, la Constitución le impone al Ejecutivo Federal observar como principios normativos, entre otros, “la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos así como la lucha por la paz y la seguridad internacional”.

 

Nunca es más necesario y oportuno tener claro el mandato constitucional ante el furor populista de diversos signos y las amenazas que se derivan de las declaraciones y primeras decisiones del presidente Trump, promotor de una política económica y de seguridad nacionalista, determinado, según su lema de campaña, a devolver la grandeza a su país a cualquier precio, aún sea mediante el aislamiento o la confrontación.

 

Ante este nuevo escenario, México tiene la oportunidad de revisar las condiciones internas del país y su posición frente al mundo a fin de garantizar la integridad y los derechos de nuestros connacionales; de defender los intereses de nuestro país a partir de una negociación firme, basada en principios constitucionales, en los valores nacionales así como en el diálogo y el respeto. De previo se debe asumir que la base de una buena negociación y el desarrollo del país deben sustentarse en la unidad nacional y en una política exterior de estado que nos guíe ante las adversidades.

 

Lo cierto es que la unidad nacional no se reduce a una declaración sino que se construye día a día en la medida en que se asumen decisiones que ayuden a recuperar la confianza en las instituciones y en los liderazgos políticos y sociales, hoy lamentablemente muy deteriorada por escándalos de corrupción e impunidad. También nos afecta la falta de una política de Estado, toda vez que hasta ahora la posición de los representantes del gobierno ha sido tibia y errática.

 

En ese contexto, resulta de la mayor relevancia fijar una postura ante el pronunciamiento del presidente Peña sobre política exterior, precedida de diversos pronunciamientos de funcionarios, líderes empresariales y de trabajadores así como del presidente del Senado quienes, invariablemente, apelaron a la unidad nacional, las fortalezas de México, la diversificación, el fortalecimiento de las instituciones y del mercado interno así como a la definición urgente que nos dé claridad y fuerza en la negociación.

 

Llamó la atención que el Presidente haya omitido referirse de manera explícita a los principios constitucionales de política exterior y dar por hecho que están incluidos en las dos prioridades y los diez objetivos que enunció en su discurso aunque quizá lo hizo para ahorrarse la polémica sobre el mandato de “celebrar tratados comerciales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos”; o para no quedarse acotado en los principios normativos de “la auto-determinación de los pueblos y la no intervención” de la cuestionada doctrina Estrada. El Presidente prefirió reformular los principios en los siguientes términos: soberanía nacional; respeto al estado de derecho; visión constructiva y propositiva; integración de América del Norte; y negociación integral, lo que de suyo abrirá un nuevo debate. 

 

Debe destacarse como acertado el llamado a preparar una negociación equilibrada, pragmática y oportuna alejado de la sumisión y de la confrontación estéril. También llaman la atención las dos prioridades enunciadas como fortalecer la presencia de México en el mundo y de una nueva etapa de diálogo con respeto.

 

El eslabón débil está en no asumir con honestidad intelectual y política que para que la estrategia avance debe reconocerse y resolver la debilidad interna que hoy lastima al país. En otras palabras, que la grandeza de nuestra gente y los enormes recursos materiales que posee el país sólo pueden ser valorados, ante una amenaza externa, si se fortalecen los principios y las instituciones que le dan origen, identidad y fortaleza a nuestra nación, comenzando por la familia y las comunidades que forman el rico y variado mosaico de nuestra cultura. Es decir, esto se lograría si se asume el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas hoy gravemente cuestionadas; si se cuida la estabilidad macroeconómica y la economía familiar modificando políticas como el gasolinazo, que afectan el ingreso de los hogares; si se garantiza el estado de derecho y se combate la impunidad que lastima a millones de ciudadanos; si se mejora la seguridad hoy dañada por delitos de alto impacto como el secuestro, que en los últimos cuatro años se ha incrementado en un 79% con respecto al periodo similar del sexenio anterior, según denunció recientemente la asociación Alto al Secuestro; si, finalmente, se pone en el centro de las políticas públicas a la persona humana con respeto a su dignidad y sus derechos en el centro de las preocupaciones de los políticos y por delante de las tramoyas del poder.

 

El Partido Acción Nacional ha manifestado en voz de su presidente, Ricardo Anaya, que México cuenta con el PAN. Otras fuerzas políticas y sociales se han expresado en el mismo sentido, es pues momento de unidad nacional. 

 

Hagamos cada uno lo que nos toca. Exijamos al gobierno federal el cumplimiento de su responsabilidad constitucional. Que no se diga de los mexicanos, de las organizaciones sociales ni de los políticos activos y comprometidos con México, sin asomo de vasallaje, lo que con tristeza se dijo de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en el famoso verso veinte del Cantar del Mío Cid, “Dios, que buen vasallo, si hubiese buen señor”.

 

@MarcoAdame

@OpinionLSR

 

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