El pasado 26 de diciembre la constructora GIA que dirige Jorge Moguel demandó al gobierno de Sinaloa que encabezaba Mario López Valdez (Malova) ante la Corte Internacional de Arbitraje bajo el expediente 22512/ASM por no cumplir con un proyecto hospitalario que beneficiaría a más de 295 mil personas en la entidad.
Se trata del concurso EA-925006998-N54-2013 para diseñar, construir, operar y mantener el Hospital "Dr. Martiniano Carvajal", ubicado en Mazatlán, mismo que actualmente no tiene las condiciones básicas para atender eficientemente a los pacientes, y presenta altos costos de operación e infraestructura obsoleta.
De hecho, este hospital forma parte de las primeras obras de Sinaloa bajo el formato de Asociación Público Privada (APP), esquema ideal en tiempos de recortes presupuestales.
En el sexto y último informe de gobierno del entonces Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, mismo que se presentó en noviembre pasado, se invirtieron más de mil 400 millones de pesos en infraestructura y equipamiento del sector salud. Sin embargo, los resultados de dicha inversión por parte de la administración pasada no son notorios para los más de 2.7 millones de sinaloenses.
De hecho existe un alto déficit de atención médica, pues la infraestructura que recibió la nueva administración, ahora a cargo de Quirino Díaz, es totalmente insuficiente, según lo reconoció la propia Secretaría de Salud del estado.
Los hospitales de alta Mazatlán, no cuentan con la capacidad ni el personal necesario para atender a la población de ambas ciudades especialización de Culiacán y, que en su conjunto suman más de 1 millón de personas.
Además, estas unidades médicas deben prestar servicios a pacientes de otros municipios del estado, pues en sus ciudades, comunidades o rancherías no existen este tipo de hospitales.
Desde 2013, el Hospital General de Culiacán ha registrado problemas que afectan la prestación del servicio a la población beneficiaria de la Red Sanitaria de la capital, la cual asciende a alrededor 617 mil personas.
En tanto, el Hospital General de Mazatlán “Dr. Martiniano Carvajal”, instalado en un edificio de más de 40 años de antigüedad, no cuenta con espacios para la prestación de nuevos servicios ni especialidades, lo cual también afecta a más de 295 mil Sinaloenses de ese municipio.
Ante la problemática que se vive en el estado, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud estatal, propuso durante la pasada administración de Malova la sustitución y ampliación de los Hospitales Generales de Culiacán y Mazatlán.
Las estadísticas de los años 2012, 2013 y 2014, evidencian el déficit de consultas: para Culiacán en promedio se difieren en este lapso 2 mil 463 consultas anualmente, y en Mazatlán fueron 8 mil 104 consultas diferidas anualmente.
En atención a esta necesidad, en noviembre del año 2013, el Gobierno de Mario López Valdez emitió las convocatorias para las licitaciones públicas EA-925006998-N53-2013 y EA-925006998-N54-2013, correspondientes a la sustitución de los Hospitales Generales de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastelúm” y de Mazatlán “Dr. Martiniano Carvajal” respectivamente, ambos a construirse mediante un esquema de Asociación Público Privada (APP).
Derivado de la licitación de noviembre de 2013, la empresa desarrolladora que resultó adjudicataria para el Hospital General de Mazatlán fue GIA + A, S.A. de C.V., quien ganó el contrato por 5 mil 674 millones para llevar a cabo el diseño, y la construcción, además de brindar el mantenimiento y la operación del inmueble durante 25 años.
Grupo GIA obtuvo una calificación técnica positiva en ambos concursos, sin embargo sólo ganó la licitación del Hospital General de Mazatlán, con la oferta económica más baja, con una diferencia del 5% respecto del segundo lugar.
Sin embargo, dicho proyecto quedó sólo en papel y a pesar de contar con las autorizaciones estatales y federales, y de la urgencia de ampliar la infraestructura de Salud, no se llevó a cabo durante la administración de Malova.
Las razones de la paralización de esta obra iniciaron cuando el entonces gobernador envió una iniciativa al Legislativo para modificar los decretos 976 y 977 para la construcción de los hospitales Generales de Culiacán y Mazatlán.
Lo anterior, a fin de obtener autorización para colocar el 25% de los ingresos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como garantía del pago que el estado debe realizar por los servicios de los nuevos hospitales durante los próximos 25 años, garantía que exige la banca para el financiamiento de dichos proyectos.
Esta solicitud de aprobación de garantías ingresada al Congreso local generó diversas reacciones políticas que no sólo retrasaron el proyecto, sino que llevaron al Gobierno de López Valdez a abandonar el mismo, a pesar de que éste había adquirido ya diversas obligaciones legales con las empresas ganadoras de la licitación.
Tantas fueron las reacciones que se reflejaron por esa acción, que la propia empresa ganadora GIA, con el objetivo de materializar el proyecto, buscó y logró que la banca se desistiera de solicitar dentro de los requisitos como garantía los recursos del FAFEF.
A pesar de los esfuerzos, la administración de Malova se lavó las manos y abandonó el proyecto, los sinaloenses se quedaron sin atención médica y la empresa ganadora no logró ni siquiera recuperar los recursos ya gastados en el proceso de arranque de la obra.
El heredero
Ante la nula atención por parte de la administración del ahora ex gobernador Malova, la empresa constructora afectada interpuso el año pasado un recurso de arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio (CIC), mismo que se analiza en el organismo internacional y que de proceder, deberá enfrentar el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, el cual no contó con participación alguna en el proyecto pero es a quien le fue heredada la bomba de tiempo y ahora tendrá que resolver el problema.
Cabe destacar que de haberse llevado a cabo el proyecto del Hospital de Mazatlán, habría brindado atención médica y apoyo hospitalario y de consulta externa en cuatro especialidades básicas: Pediatría, Gineco-Obstetricia, Medicina Interna y Cirugía General.
Según el proyecto al que este reportero tuvo acceso, el nosocomio contaría con 120 camas censables y 50 no censables, además de brindar atención de las cuatro especialidades básicas ya citadas, y 10 subespecialidades distribuidas en 27 consultorios y 10 gabinetes. Además de contar con siete salas de Cirugía (dos obstétricas, cuatro generales, una ambulatoria), así como servicio de urgencias, Tococirugía, Terapia Intensiva adultos, Cuidados Intensivos Neonatales y Banco de Sangre.