En una columna pasada advertíamos que aún quedaban pendientes varios asuntos por resolverse del proceso electoral tanto federal como local debido a tres factores que, en algunos casos siguen en revisión: Las resoluciones de las quejas interpuestas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos; las resoluciones a los dictámenes de los informes de ingresos y gastos que partidos políticos, candidatos y hasta candidatos independientes que presentaron con motivo de las campañas electorales tanto a nivel federal para la elección de diputados federales, como de los 16 procesos electorales locales y, las resoluciones que han estado emitiendo los órganos jurisdiccionales respectivos.
Así, resaltan una serie de sanciones impuestas apenas el pasado 20 de julio por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la revisión de 34 quejas que fueron interpuestas en su momento para que la autoridad electoral federal revisara el origen y la correcta aplicación de los recursos derivados del financiamiento que reciben los partidos políticos nacionales.
Treinta quejas fueron resueltas infundadas o desechadas en tanto que 4 fueron declaradas fundadas, de la que sobresale una multa al PVEM por poco más de 20 millones de pesos principalmente ahora por la distribución de más de 10 mil tarjetas “Premia Platino”, por la entrega de boletos para asistir a las funciones de cine y por la adquisición y distribución del papel con el emblema de ese partido, para vender tortillas.
Respecto a la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña, el INE resolvió los dictámenes y proyectos de resolución en materia de fiscalización de la elección federal y de las elecciones locales de Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Lo anterior significó la revisión de más de 24 mil informes de campaña correspondientes a 13,550 candidatos, de los cuales 2,667 estuvieron registrados en la elección federal y 10,883 lo hicieron en las 16 elecciones locales que hemos ya referido en otras ocasiones. Cabe destacar que la Universidad Nacional Autónoma de México fue pieza clave en la construcción del nuevo modelo de fiscalización instrumentado por el INE para cumplir con una de las nuevas disposiciones consagradas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que derivó de la reforma constitucional del año pasado en materia político electoral.
El resultado de dicho proceso de fiscalización fue la imposición del INE de sanciones a partidos políticos y a coaliciones por 392 millones 50 mil 786 pesos. De esta cantidad 130 millones 952 mil 471 pesos corresponden a la elección federal, en tanto que 261 millones 98 mil 315 pesos a la elección federal.
El partido político más multado de la revisión llevada a cabo por el INE fue el PVEM con 72 millones 975 mil 104 pesos que equivalen al 18.61% del monto total de las sanciones impuestas; le sigue el PAN con 53 millones 792 mil 538 pesos que representan el 13.72%, y el PRD con 39 millones 144 mil 497 pesos, es decir el 9.98. El partido político menos multado fue Nueva Alianza con 4 millones, 707 mil 685 pesos que corresponden al 1.20% del total de las sanciones. En cuanto a las coaliciones la conformada por el PRI-PVEM fue la que tuvo la sanción más alta con 33 millones 810 mil 685 pesos equivalente al 8.62%.
Ahora bien, interesantes temas dejaron las discusiones vertidas el pasado 20 de julio los consejeros electorales del INE en el análisis de dichas sanciones en sesión pública del consejo general de dicha institución, la principal y que me parece debe ser tomada en cuenta por las legislaturas correspondientes, es la necesaria armonización de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos establecida tanto en la legislación electoral federal como local, con objeto de uniformar criterios, establecer procedimientos de cooperación entre la autoridad local con la federal que no dejen dudas a la interpretación, entre otros aspectos.
Lo que sigue ahora, será seguramente la inconformidad de los partidos políticos ante las instancias jurisdiccionales quienes resolverán lo conducente en definitiva. En este sentido, la historia está aún por definirse.
Pero lo que queda latente por parte de los partidos políticos es que revisen hacia adentro qué les hizo falta, que información no integraron o que candidatos incumplieron con diversas reglas internas y deben pensar seriamente que la integración de toda la documentación y reportes a la instancia fiscalizadora es un asunto especializado que no debe dejarse para el último momento. Estas y otras tantas acciones más serán fundamentales si estos institutos políticos quieren arribar mejor preparados a una elección que seguramente será competida, me refiero al proceso electoral que tendrá verificativo en 2018.