Por acción, por omisión, por corrupción, por incompetencia, por mezquindad, por falta de grandeza. Las causas y las consecuencias de la masacre contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa deben encontrar en nuestro espectro político y social  responsables directos e indirectos, que asuman el peso de su carga y rindan cuentas por ello.

 

“Esto no debió ocurrir y no puede volver a suceder”, dijo el procurador de la República, Jesús Murillo, el día en que anunció las conclusiones iniciales de un caso que parecía quemarle las manos y deseaba deshacerse de él. Volverlo cadáver en busca de fosa clandestina. No explicó cómo hemos llegado a esto ni cómo evitaremos que se repita.  Sin eso, su frase es sólo papel manchado con tinta.

 

El horror nacional espera claves hacia dónde dirigir sus reclamos. Es imposible no ver el agotamiento de un régimen federal que no funciona, con gobernadores intocables, instituciones débiles, gabinetes ineficaces. Una respuesta de Estado, con o sin pactos, deberá suponer una depuración de nuestro cuerpo político, una poda.

 

Una primera mirada permite distinguir los nombres y apellidos más evidentes de los que se esperan actos de acuerdo con su responsabilidad.  Aquí hay una lista de ellos:

 

1.- Ángel Aguirre Rivero, gobernador por el PRD. Optó por la enajenación, el alcohol y la locura del poder. Concluyó que gobernar era hacer negocios para él y  sus cercanos, dar discursos vacíos, aparecer en los medios y palmear la espalda a gente miserable, hambrienta. Metió a gran parte de su parentela en la nómina. Exhibía relaciones íntimas con mujeres  -entre ellas no pocas funcionarias- identificadas con grupos de poder de diverso rango, desde empresarial y mediático hasta del narcotráfico. Presenció pasivamente la atomización del otrora cártel de los Beltrán Leyva en una decena de facciones que se repartieron el estado ante la apatía y la connivencia de autoridades locales, municipales y estatales.

 

Aguirre otorgaba citas a funcionarios federales pero los hacía esperar por horas en Casa Guerrero, mientras a él se le despejaban los humos del licor en los que empezaba a flotar todas las tardes. En largos lapsos sólo trabajaba de martes por la mañana a jueves por la tarde. En reuniones privadas aseguraba que nadie lo mandaba, ni siquiera el presidente Peña Nieto. Presumía una supuesta protección del secretario de Gobernación, Miguel Osorio, de quien decía lo había apoyado desde la campaña a gobernador, a pesar de no ser el candidato del PRI.

 

¿Cuántos Aguirres hay en los estados del país hoy?  

 

2.- Zeferino Torreblanca, ex gobernador perredista; alcaldes de Acapulco: Félix Salgado Macedonio (PRD); Manuel Añorve (PRI), Luis Walton (Movimiento Ciudadano). En sus gestiones se multiplicó la corrupción, se desplomaron aún más todos los indicadores sociales. Se agudizó el narcotráfico en la entidad. Creció la deuda pública y la nómina de burócratas. Con plena anuencia gubernamental, en el puerto una mafia nativa  (el Cártel de Acapulco, CEDA) se hizo de la plaza a sangre y fuego, destrozando su economía y con ella la del estado todo. Torreblanca y Añorve apuestan a que la gente no tiene memoria y el próximo año intentarán presentarse nuevamente como candidatos.

 

3.- La dirigencia nacional del PRD. Nueva Izquierda, la corriente que gobierna al partido desde hace años,  impulsó, postuló, toleró y seguía apoyando al alcalde de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa, aun después del pasado 26 de septiembre cuando varios normalistas de Ayotzinapa habían sido baleados y muertos por policías locales de Iguala y Cocula, y otros 43 eran reportados desparecidos. Jesús Ortega, ex presidente perredista, y su sucesor, Jesús Zambrano, chapalearon descaradamente en los territorios de la complicidad y del encubrimiento político.

 

El tema le estalló en el rostro al actual dirigente,  de la misma corriente, Carlos Navarrete, a quien le correspondió sin embargo, llevar un ultimátum al gobernador Aguirre para irse a casa, presumiblemente a cambio de un pacto de impunidad. Hay indicios de que este último y no pocos líderes perredistas se beneficiaron de los negocios y la riqueza de los Abarca. 

 

La llegada de Aguirre al gobierno guerrerense tampoco era imaginable sin el apoyo político económico y político de Marcelo Ebrad, entonces jefe de Gobierno del DF.  Guerrero es también una cantera de votos y de fondos para Morena, el nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador, quien no podrá eludir una definición ante estos hechos.

 

4.-¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la PGR atraiga el caso de una masacre como la que se anticipaba desde el primer día en Iguala? ¿Quién impidió que ocurriera antes, el procurador Jesús Murillo o el gobernador Aguirre Rivero?  El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo en entrevista que tras los hechos, él le pidió al gobernador Aguirre no perder de vista al alcalde Abarca y a su esposa, públicamente ligados con un cártel del narcotráfico. Pero ambos estuvieron prófugos durante un mes que puso en agonía la credibilidad de las instituciones y arrastró por el lodo la imagen del país en el mundo. ¿Por qué Osorio confió en Aguirre y no ordenó directamente esa vigilancia a la Policía Federal, que reporta con el, o al Ejército o la Armada? ¿Por qué no lo hizo Murillo?

 

5.- ¿Quién decidió que el presidente Peña Nieto esperara más de un mes para tener contacto con las familias de los estudiantes desaparecidos? ¿Quién determinó que ese acto fuera privado, pero resultara difundido por los propios padres mediante videos y fotografías tomados con sus celulares, mientras que la versión gubernamental era trasmitida en un comunicado sin esencia, leído sin eficacia? ¿El país no aprendió nada de la tragedia de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, donde jóvenes fueron baleados en una fiesta -16 murieron- el 31 de enero de 2010, lo que obligó a Felipe Calderón a dar la cara a las familias apenas 18 días después?

 

6.- ¿El nuevo pacto para la seguridad y las iniciativas contra la corrupción serán procesados por el mismo Congreso de la Unión que ahora hiede por los negocios en el manejo de partidas presupuestales –los llamados “moches”-, y por el reparto discrecional de fondos entre las fracciones parlamentarias? ¿El mismo Congreso ahora entregado a la especulación de candidaturas, cargos y chambas con vistas a las elecciones del próximo año? ¿El Congreso en donde hoy por hoy nadie, jamás, hablaría de desaforar a varios de sus integrantes a los que se les atribuyen precisamente nexos con el narcotráfico, lo mismo diputados que senadores?

 

Es imposible suponer que la conferencia del procurador Murillo Karam cierre el episodio de Ayotzinapa.  Lo que ocurra al respecto en los próximos días describirá la dimensión no sólo del gobierno Peña Nieto sino de la clase política de hoy, y quizá de la generación actual.

 

robertorock@lasillarota.com



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