La cuenta de jóvenes presos por la imposición de la mal llamada reforma educativa va creciendo. La detención reciente de 52 normalistas en el estado de Michoacán ha prendido focos rojos en el gobierno peñista porque no esperaban una reacción de molestia generalizada de la sociedad de aquel Estado contra estas acciones.
El gobernador Silvano Aureoles que inició de manera grotesca amenazando a maestros con innumerables órdenes de aprehensión en contra de dirigentes magisteriales fue uno de los principales aliados del gobierno federal para facilitar la detención de los 52 jóvenes normalistas. Ahora se muestra preocupado porque pensaba obtener el aplauso ciudadano y observa un descrédito generalizado reflejado en numerosas marchas cada vez más crecientes en la capital de ese Estado.
El equipo policiaco judicial encabezado por Aurelio Nuño tuvo que dar marcha atrás y movió todos los hilos para que el juez tercero de distrito en Morelos no decretara el auto de formal prisión en contra de 22 jóvenes mujeres normalistas detenidas con otros 30 normalistas en el mismo momento y lugar.
Ahora no se sabe en el Gobierno Federal como justificar la aprehensión de 52 jóvenes ya que un juez de Morelos dice que 22 mujeres normalistas no cometieron delito alguno y otro juez de Michoacán dice que el resto de normalistas: 30 jóvenes varones si lo cometieron, a pesar de que todo se deriva de un mismo hecho.
Toda esta protesta tiene su origen en el anuncio “espectacular” (desde el buró policiaco) de Aurelio Nuño de echar a andar una nueva “estrategia” para dizque “fortalecer” las 449 escuelas normales del país, en lo que llama “plan modernizador” (léase anular su sentido social); todo sin consultar a quienes participan en ese proyecto: maestros y normalistas.
Los normalistas de Michoacán emprendieron un paro de labores desde el 6 de octubre y posteriormente un plantón en el centro histórico de Morelia contra el “Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Normales Pública”. La exigencia al gobierno del perredista Silvano Aureoles era instalar mesas de diálogo para negociación y no imposición, con la idea de que cada escuela elaborara su propio proyecto de fortalecimiento en todos los aspectos, tanto curricular, administrativo y de infraestructura.
Pero en respuesta el 7 de diciembre, 52 estudiantes resultaron detenidos después de ser desalojados de la caseta de peaje de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, Siglo XXI. A 30 normalistas varones se les dictó auto de formal prisión, en el juzgado séptimo federal, con sede en Morelia acusados de violar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en sus modalidades de fabricación ilegal y portación, ya que según los uniformados les encontraron 25 artefactos (que les fueron sembrados) y fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 con sede en Hermosillo Sonora (mandarlos lo más lejos posible), en donde cabe resaltar se encuentran recluidos reos de alta peligrosidad. Los jóvenes, que tienen entre 17 y 20 años de edad, sufren el riesgo de pasar algunos años como rehenes de esta contra reforma educativa.
En tanto las 22 normalistas mujeres que fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS femenil de Ocotlán del Río, el juzgado Tercero de Distrito en Morelos decretó la libertad inmediata de las jóvenes estudiantes pues la PGR no acreditó el delito que se les imputaba (el mismo que a los varones), por lo que las mismas deberán ser puestas en libertad en las próximas 72 horas, mismo tiempo que tiene el ministerio público para apelar la decisión (se prevé no lo haga por órdenes del “centro”).
Los jóvenes retenidos ilegalmente sólo buscan trabajar como maestros; son hijos de trabajadores, de campesinos; que pertenecen y se desarrollan en sus localidades, se resisten al sueño americano pues colaboran para la solución de problemas en sus comunidades y se caracterizan por participar activamente en la cultura y el deporte, sin olvidar sus raíces.
Su delito es oponerse a las reformas estructurales de un gobierno que pretende eliminar la educación rural a toda costa.
Esas son las razones de la mal llamada reforma educativa que quiere acabar con la protesta, con la defensa de la soberanía nacional, con una educación que defienda nuestras raíces, pero se topa con un pueblo que no permite esos arrebatos de un secretario que se siente príncipe a fuerza de macanas, despidos y aprehensiones, por eso fracasará…
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