Con 47% de participación ciudadana en las urnas, más de 38 millones de votos en la elección federal intermedia y 99.8% de las casillas instaladas en todo el país, el balance de la elección es positivo. Las y los ciudadanos mexicanos decidimos participar en las elecciones con nuestro voto como mecanismo para manifestar nuestros intereses y decidir el rumbo de nuestro país. Ni los escenarios más catastróficos, ni el llamado a no votar o a anular el voto, se cumplieron.
Los cuestionamientos respecto a la capacidad de las autoridades electorales en términos organizativos quedó disipado. Las difíciles condiciones de seguridad en algunas entidades federativas llevaban a concluir, casi en automático, que no podrían instalarse las casillas en diversos lugares en el país. La participación de los ciudadanos y su compromiso con la democracia se puso a prueba y el resultado fue exitoso. Ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos hicieron mella en la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos. El número de casillas aprobadas fue mayor en casi 6 mil a la elección presidencial anterior. La participación ciudadana fue mayor a las dos últimas elecciones intermedias. En 2001 la participación fue de 41% y en 2009 subió a casi 45%. Sin duda, estas son buenas cuentas que arroja el proceso electoral 2014-2015.
Los porcentajes de votación a nivel nacional de cada uno de los partidos políticos, de conformidad con los cómputos distritales con un avance del 99.47%, son los siguientes: PAN 21.03%, PRI 29.25%, PRD 10.75%, PT 02.81%, PVEM 07.01%, Movimiento Ciudadano 06.11%, Nueva Alianza 03.75%, MORENA 08.37%, Humanista 02.14%, Encuentro Social 03.30 por ciento. No habrá mayoría para nadie, la habrá en función de los pactos y negociaciones a las que lleguen las diferentes fuerzas políticas. Por otra parte, para candidatos independientes se recibió una votación equivalente al 00.55% y para candidatos no registrados del 00.13 por ciento.
Los votos nulos equivalen a un porcentaje de la votación total de 04.75% en los que no sólo se computan los de personas que anularon su voto sino los de aquellos que cometieron un error al emitirlo. El llamado al voto nulo, en el agregado general, no sólo no tuvo el impacto esperado, sino que fue menor al de las dos últimas elecciones. La razón es una: El voto nulo no tiene consecuencias jurídicas en nuestro sistema electoral. Las reformas a la ley deben exigirse por otra vía y el castigo a los malos funcionarios públicos y sus partidos deben hacerse en las urnas votando por una opción política distinta.
Otra de las consecuencias de los resultados electorales federales será la desaparición del sistema de partidos de dos institutos políticos. El aumento en el porcentaje de representación del 2% al 3% en virtud de la última reforma en materia político electoral, tendrá como efecto que el Partido del Trabajo y el Humanista pierdan su registro. Por lo tanto, el Instituto Nacional Electoral, una vez confirmado que ninguno de los dos partidos alcanza el 3% de la votación válida emitida, esto es, la votación que resulte después de deducir a la suma de los votos depositados en las urnas los correspondientes a los votos nulos y los candidatos no registrados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54, fracción II de la Constitución y 15, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, iniciará el procedimiento de liquidación de su patrimonio, después de que la Junta General Ejecutiva haga la declaratoria correspondiente con base en los cómputos.
Es importante mencionar que un partido político que pierda su registro a nivel nacional, podrá optar por mantener su registro como partido político local en aquellas entidades federativas en las que haya alcanzado el umbral de representación.
Dos análisis adicionales deben hacerse de los resultados de las elecciones del pasado domingo. El primero, tiene que ver con el triunfo de cinco candidatos independientes. De los poco más de 120 ciudadanos que obtuvieron su registro como candidatos independientes, cinco se alzaron con el triunfo: Un gobernador, un diputado federal, un diputado local y dos alcaldes. Si bien no es la primera vez que un candidato independiente asume un cargo de elección popular en el país, la novedad es que por primera vez tendremos a uno integrando la Cámara de Diputados y uno más como titular del poder ejecutivo de un estado.
La decisión de las y los ciudadanos de elegir a candidatos que no son postulados por partidos políticos es consecuencia de la crisis del sistema de partidos y de su descrédito ante los electores, lo que necesariamente lleva a repensar y ampliar los cauces de participación ciudadana con la finalidad de dar opciones a los electores para participar e incidir en el espacio público. Resulta evidente que uno de esos puntos es la disminución de los requisitos para lograr el registro como candidato independiente, endureciendo los que tienen que ver con la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas. Elecciones muy competidas y ciudadanos independientes ganando cargos públicos, es el escenario electoral que se vislumbra como habitual en las elecciones en el mediano plazo.
El segundo tema tiene que ver con la paridad. Llegó el momento de analizar las consecuencias de la inclusión en la Constitución del principio de paridad en las candidaturas. Al parecer, de un primer estudio de los resultados electorales del domingo pasado, en la mayoría de los casos, como se había mencionado en este mismo espacio en semanas anteriores, la paridad no se verá reflejada en la composición final de los órganos de representación popular. Es importante decir que habrá avances en la composición de los congresos en términos de equidad pero que no es todavía suficiente para alcanzar la paridad.
Una vez que conozcamos la composición integral de los congresos con la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, podremos conocer con precisión el número de mujeres que integrarán dichos órganos. Por lo pronto y con los resultados con los que se cuenta, es posible afirmar que otra reforma constitucional y legal en esta materia tendrá que realizarse para conseguir la integración paritaria de estos órganos.
El balance de la elección es positivo, si bien hay damnificados con los resultados de la elección y al interior de los partidos políticos empiezan a haber llamados al “ajuste de cuentas”, las autoridades electorales en el país cumplieron sobradamente con sus obligaciones y las y los ciudadanos asumimos la responsabilidad de decidir el rumbo que debe seguir nuestro país en los próximos tres años.