Al menos 750 mil personas, según reportes periodísticos -1.2 millones, de acuerdo con los organizadores-, marcharon el sábado en más de 100 ciudades del país para defender una visión tradicional de la familia mexicana y oponerse a la iniciativa de ley del presidente Peña Nieto en favor de los matrimonios igualitarios.
Se trata de un hecho inédito no sólo por su extensión geográfica y eficaz organización, sino especialmente por su agenda de reclamos y confrontación directa con el gobierno federal. Pese a ello, la administración Peña Nieto parece navegar a ciegas ante este fenómeno.
Los análisis iniciales, especialmente de carácter académico, hacen recaer el protagonismo de la jornada en la Iglesia católica, los empresarios y grupos ultraconservadores ligados con colegios confesionales. Los informes generados por oficinas de inteligencia mexicana alertan sin embargo, sobre un fenómeno más amplio y preocupante.
Documentos diversos, elaborados previamente a las marchas, dan cuenta de un crecimiento desusado de grupos ciudadanos de carácter laico, ciertamente identificados con valores católicos pero que desbordan los tradicionales espacios de participación y control de la jerarquía clerical.
Se ha informado que ocho obispos participaron en las marchas convocadas el sábado por un movimiento con estructura muy poco definida. En ningún caso esos obispos son ubicados como corazón de las respectivas movilizaciones, si bien reflejan una nueva visión de un sector de la Iglesia a favor de un mayor activismo de los sacerdotes. En este caso concreto, ello coexiste con directrices todavía ambiguas del Vaticano en torno a la comunidad homosexual.
Consultadas al respecto, fuentes gubernamentales deploraron la falta de una mayor competencia en la Secretaría de Gobernación para entender este nuevo fenómeno social y diseñar una estrategia ante el mismo. Subrayaron que el problema se agudiza en la oficina del subsecretario de Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva, un política de la vieja guardia, al que se desestima como un personaje capaz de entender estas circunstancias y representar al Estado mexicano ante actores implicados, particularmente las Iglesias.
En 10 estados del país existen ya leyes que protegen a los llamados matrimonios igualitarios. La Corte ha validado como constitucionales los ejes de estas legislaciones. La propuesta de reforma anunciada en mayo pasado por Peña Nieto busca extender esta normatividad al conjunto del país en una ley federal.
El pasado día primero, durante la muy publicitada reunión con jóvenes, Peña Nieto subrayó la necesidad de estimular el debate en la materia y llamó al Congreso de la Unión a procesar internamente la iniciativa planteada, pese a que la fracción de su partido en el Senado, encabezada por Emilio Gamboa, decidió virtualmente “congelarla” al considerar que no se trata de un asunto “prioritario”.
Ello profundiza la percepción de aislamiento, ahora dentro de su propio partido, que escenifica Peña Nieto con amplios sectores de la opinión pública. No existe registro de que un presidente en funciones, con tan bajos niveles de aceptación ciudadana, sea dejado solo frente a un movimiento crítico que lo hace responsable de los mayores problemas en el país.
El pronóstico de este fenómeno no luce positivo para el mandatario, para su gobierno ni para su partido. Una nueva marcha con esta misma temática, ahora nacional y que se concentrará en la ciudad de México, ha sido convocada para el próximo día 24.
Es previsible que la misma cobre mayor resonancia nacional e internacional, y que mande la señal de un corrimiento de sectores importantes de la sociedad hacia un mayor conservadurismo, con claros acentos antigubernamentales.
No parecen existir las condiciones ni los actores idóneos para que este nuevo episodio sea difuminado en tan corto lapso. Antes al contrario, es previsible que estos reclamos resulten engarzados con factores que exhiben su propia dinámica de encono, como la inseguridad, el desempleo, los conflictos magisteriales, los recortes en el presupuesto y la purga en el gabinete.
De suyo complejo, el nuevo ciclo de la crisis mexicana no podrá sino complicarse si se le suman ingredientes de carácter religioso y se enarbolan presuntas amenazas contra la vigencia de la familia. Seguir por esa ruta garantizará desde ahora un adelantado final de sexenio que viviremos bajo peligro.