Con una inusual premura se pide legislar cuanto antes en materia de seguridad interior. Existe una presión, probablemente del Ejecutivo, tal vez del Ejército, para aprobar algo en el tema. Incluso, se dice que en febrero se aprobará la ley respectiva. El objetivo no es mejorar la seguridad ciudadana, sino ofrecer garantías a los militares. Sobre la mesa hay dos iniciativas, ambas abren una puerta que facilita la comisión de violaciones a derechos humanos, trasladar funciones que realizan las autoridades civiles a las fuerzas militares y mantener su presencia en las calles de manera indefinida. Se pretende legislar en un tema –seguridad interior– aún cuando el Congreso no tiene facultades expresas para hacerlo. En realidad se quiere utilizar el concepto de seguridad interior para prolongar las tareas del Ejército en materia de seguridad pública, sin un plan y una estrategia definida para que en un plazo claramente establecido sean las policías las encargadas de esa labor. En realidad lo correcto debería ser modificar la ley de seguridad nacional y ley reglamentaria al artículo 29 constitucional en materia de estado de excepción para regular la presencia del Ejército en las calles, como un evento temporal, con objetivos y reglas específicas, y con un plan de salida permanente para los próximos años.

 

Quienes defienden las iniciativas señalan que lo que actualmente sucede pone en riesgo al Ejército porque realiza una labor, la de seguridad pública, para la que no tienen facultades. Eso es parcialmente correcto. Sin embargo, eso no significa que sea buena idea que los militares se encarguen de ese tipo de labores. Evidentemente, tampoco es buena idea que los militares salgan mañana de las calles. Eso claramente sería un problema. Es probable que la presencia militar haya servido para contener el conflicto en situaciones muy graves, pero de ninguna manera han disminuido ni la inseguridad, ni la violencia, ni mucho menos el respeto y goce de los derechos humanos. A pesar de que llevan 10 años en esa tarea, los militares no están capacitados para involucrarse con la comunidad, prevenir la comisión de hechos ilícitos, aplicar el principio de la oportunidad en la persecución del delito o realizar su trabajo con el mínimo uso de la fuerza posible. Es por eso que nadie ha logrado reducir de manera permanente la inseguridad por medio del uso del Ejército. En eso no existen atajos, sólo las policías bien capacitadas y equipadas, con personal profesional, bien remunerado, pueden hacerlo.

 

También se dice que los militares realizan un gran esfuerzo para combatir el crimen organizado, pero que se les acusa de violar derechos humanos. Sin embargo, parte del problema precisamente reside en que no están capacitados para realizar labores de detención y combate al crimen sin utilizar de manera excesiva la fuerza. De ahí el peligro que se les otorgue también labores propias de autoridades civiles. En el fondo se quiere que los militares actúen y que, incluso, ellos mismos investiguen hechos presuntamente delictivos en supuesta coordinación con las autoridades civiles. En ese sentido las propuestas de seguridad interior no podrán hacer efectivo algo que aparentemente se ofrece a los militares: flexibilizar las obligaciones que en materia de derechos humanos vinculan al Estado Mexicano. Independientemente del contenido de las iniciativas presentadas en materia de seguridad interior, las violaciones a derechos humanos seguirán persiguiéndose, ya sea sobre la base de la Constitución Federal o de otros tratados internacionales, y ya sea por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de otros tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cualquier caso, el único mecanismo aceptable y eficaz de combatir el crimen, incluso el organizado, es a través del respeto de los derechos de las personas.

 

Legislar en materia de seguridad interior es una mala idea. El resultado será que buena parte de las acciones gubernamentales en el tema de seguridad pública no serán transparentes, no las podremos evaluar y darían lugar a mayores abusos. Tampoco se ofrecerá más seguridad a los ciudadanos y probablemente incluso tampoco más garantías a los militares para realizar su labor. Si lo que se persigue es este segundo objetivo, existen mejores maneras de hacerlo, como una legislación en materia de uso de la fuerza capaz de ofrecer certidumbre sobre la manera en cómo puede ser utilizada para combatir el crimen. La mejor garantía que se puede ofrecer a los militares es un plan con plazos y metas definidas para que las policías vayan ocupando su lugar. Para que sea el poder civil el responsable de ofrecer seguridad pública y los ciudadanos podamos exigirlo.

 

De todo esto, un aspecto esencial se muestra de manera clara: se quiere perpetuar al Ejército en las calles precisamente porque el anterior gobierno y el actual fallaron de manera estrepitosa en la construcción de policías eficaces, pero esa no es la única salida. Lo que corresponde es un debate amplio con respecto al papel de los militares en el tema de seguridad y en general lo que tenemos que hacer como sociedad para reducir la violencia. Ya tomamos decisiones absurdas que nos han costado mucho, como la famosa guerra contra el narco. Ahora estamos cerca de cometer otro error similar, al asegurar de manera indefinida la presencia del Ejército en la seguridad pública, con el nombre de seguridad interior. Se quiere legislar en un tema de la mayor importancia sin un debate plural y sin analizar a detalle las consecuencias. Se pretende legislar bajo presión y se vende la idea falsa de que tenemos que renunciar a nuestros derechos para tener seguridad.

 

@vidallerenas

@OpinionLSR

 

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