Durante la COP20 celebrada en diciembre pasado en Lima, Perú, se perfilaron las bases de lo que será el nuevo tratado climático global que deberá sustituir al Protocolo de Kioto. El documento “Llamado de Lima para la acción climática”, a partir del cual se pueden proyectar los principales elementos para la negociación de diciembre próximo, generó expectativas en algunos sectores, pero también cuestionamiento ante el enfoque de carácter marcadamente gradualista que propone.
El elemento central del nuevo acuerdo consiste en la definición de un modelo de contribuciones nacionales voluntarias (Intended Nationally Determined Contributions o INDC) a través del todos los países asumen voluntariamente objetivos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en lugar de establecer metas obligatorias para las naciones industrializadas.
Este cambio radical en la arquitectura climática global supone dos cambios importantes: primero, renunciar a la exigencia de metas obligatorias ambiciosas pensadas para impactar en el corto plazo, para impulsar compromisos nacionales voluntarios gradualistas y de largo plazo; segundo, adquiere una importancia estratégica la capacidad y decisión nacionales para encadenar sus programas de mitigación en forma multinivel y, con ello, involucrar a sus diferentes niveles de gobierno en una política coherente de cambio climático.
La viabilidad del modelo de INDC y la posibilidad de contar con un tratado internacional más efectivo aunque gradualista, dependen ahora de la decisión de cada país de establecer y cumplir objetivos de mitigación, los cuales además en conjunto tienen que sumar lo suficiente para evitar un aumento de la temperatura global por encima de los 2ºC. En esta lógica, se estableció en la COP 20 que los miembros de la Convención Marco tenían la obligación de registrar sus compromisos voluntarios de mitigación durante el primer trimestre de este año. Con lo cual en abril tenemos un primer acercamiento a lo que en verdad está dispuesta a hacer la comunidad internacional para evitar las con secuencias catastróficas del calentamiento global.
Por lo pronto el registro de compromisos nacionales ha generado incertidumbre sobre lo que se puede esperar de la COP21. A pesar de que los defensores del nuevo modelo adviertan que este es un proceso gradual y pensado para generar incentivos de largo plazo, en los hechos muy pocas naciones registraron sus compromisos en el plazo establecido.
Hasta el 9 de abril los países que asumen internacionalmente un compromiso de mitigación son los siguientes (ver documento).
Suiza: Reducción de 50% de GEI hacia 2030.
La Unión Europea: Reducción conjunta de por lo menos 40% de GEI hacia 2030.
Noruega: Reducción de 40% de GEI hacia 2030.
México: Reducción incondicional de 25% de GEI hacia 2030, la cual puede alcanzar 40% condicionada a cooperación y financiamiento internacional.
Estados Unidos: Reducción de 26-28% de GEI hacia 2025.
Gabón: reducción de 50% de GEI hacia 2025.
Federación Rusa: Reducción de 70-75% de GEI hacia 2030.
Algunos problemas son evidentes de frente a la COP 21. En primer lugar, el grupo de países que cumplieron registrando sus compromisos es muy pequeño y augura un proceso de negociación complicado a pesar del optimismo moderado generado por los acuerdos de la COP20.
En segundo lugar, y a pesar del cambio de estrategia de los Estados Unidos bajo el liderazgo de Barack Obama, el grupo de países más críticos con el Protocolo de Kioto, como Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, mantienen su rechazo a asumir nuevos compromisos de mitigación ahora sea aunque en forma voluntaria.
En tercer lugar y a pesar de que el modelo está diseñado para impulsar la cooperación de todos los países y en especial las economías emergentes, de entre los países en desarrollo sólo México y Gabón cumplieron sus compromisos y es incierto lo que harán Brasil, China, Corea del Sur, la India o Sudáfrica.
En cuarto lugar, los objetivos de mitigación reportados han generado incertidumbre al respecto de que en diciembre de 2015 la suma de compromisos nacionales resulte suficiente para evitar un aumento en la temperatura global por encima de los 2ºC. El riesgo es un compromiso de mitigación global irrelevante ante las necesidades de comenzar a estabilizar los flujos de emisiones durante la próxima década.
Finalmente, a la falta de voluntad para registrar compromisos nacionales se debe añadir la falta de certeza sobre la voluntad de la comunidad internacional para ratificar el nuevo tratado y cumplir sus obligaciones en los próximos años.
A pesar de que el proceso de negociación para crear un nuevo tratado sigue abierto y que seguramente veremos mucha presión de los Estados Unidos y la Unión Europea los próximos meses, el fantasma de Copenhague 2009 sigue marcando las negociaciones climáticas. Si bien es posible que en diciembre próximo se firme un acuerdo importante, también está viva la posibilidad que la COP21 arroje como resultado un tratado climático mediocre o irrelevante. Y hay que ser claros: el fracaso de la COP 21 es un lujo que la comunidad internacional no puede darse.