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Los generales

La guerra calderonista y peñista nunca tuvo pies ni cabeza.

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Escrito en OPINIÓN el

Cuando Felipe Calderón inició su gobierno, tenía ya madura la idea de una guerra para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada, en particular la que representan los cárteles del narcotráfico.

 

Con ello salvaría no sólo la imagen de su ascenso turbio al poder, ofreciéndole al electorado una mano dura y pragmática para atacar un problema en el que tenía garantizado el éxito por el simple hecho de mostrarse activo, pero sin ofrecer el menor detalle comprobable para alegar que su iniciativa sí le estaba causando desastres a los cárteles de la droga.

 

Todo lo contrario.

 

Su visión del problema se reducía a un abanico de escenarios mediáticos, con sicarios “abatidos” por militares y policías en cruentos enfrentamientos, con operativos para capturar capos, asestando fuertes golpes a las estructuras de los cárteles, respaldado todo con oportunas y superficiales coberturas noticiosas que jamás alcanzaban a dibujar el verdadero fondo de un problema multifactorial.

 

En estas condiciones, la estrategia calderonista contra el narco y el crimen organizado tenía el éxito garantizado porque nadie le podría cuestionar que no estaba haciendo algo resal, tangible, concreto, para atacar a la delincuencia organizada.

 

El problema de fondo es que nunca hubo estrategia real, medible, cuantificable, para combatir al crimen en su máxima expresión. Hubo, sí, intenciones, una idea inmediatista y mediática que pasó por la cadena de mando como una orden inexcusable e indiscutible: usar a las tropas a su máximo nivel para golpear al narco y sacudir sus estructuras de manera significativa.

 

Al general Guillermo Galván le ordenaron sacara sus soldados a las calles, a las ciudades, a donde fuera necesario para hacerle frente al narco en todas sus formas (o casi todas).

 

Los militares obedecieron pero lo hicieron a partir de sus muy limitadas posibilidades y desde sus preocupaciones inmediatas. La principal de ellas era (y sigue siendo) el severo atraso operativo, logístico y humano en el que las fuerzas armadas iban a iniciar la guerra de Calderón.

 

Los escenarios a corto y mediano plazo en torno a las consecuencias y cambios que el combate al narco dejaría en la sociedad mexicana y en sus principales instituciones nunca formaron parte de la agenda de discusión y análisis entre civiles y militares dentro y fuera de Los Pinos, en la Secretaría de la Defensa Nacional o en las de Marina o en Gobernación.

 

Para el general Galván lo apremiante era mostrar a los legisladores federales la mísera situación en la que estaba la Sedena ya con la guerra anti drogas encima.

 

A senadores y diputados les describió por separado las enormes limitaciones que tenía la institución, ya en combate contra el crimen organizado.

 

Nuestros soldados, por ejemplo, operan en unidades básicas denominadas pelotones, integradas por nueve u once elementos a los que se les forma en cursos que duran 120 días, mientras que en otros ejércitos del mundo la capacitación militar para este tipo de unidades es permanente, les dijo Galván a finales de 2007.

 

El adiestramiento para soldados a nivel de pelotón dura 75 días; para sargentos primeros y segundos es de 6 meses, indicaba el general secretario quien agregaba que sólo uno de cada 160 soldados llegaba a formarse como sargento primero.

 

Luego, en las reuniones con legisladores, Galván les urgía su atención no para revisar los escenarios inmediatos en los que derivaría la ofensiva del Estado contra los cárteles, sino para que el Congreso abriera de una vez por todas las arcas y dejara en el pasado el muy modesto 0.45% que históricamente se le destinaba a Sedena para cumplir sus misiones.

 

El general destacó nueve misiones en torno a las cuales se movían anualmente 42 mil 370 soldados de tierra y aire, desplegando 1,780 vehículos, 220 aeronaves, 145 embarcaciones y 355 canes para derrotar, doblegar o disminuir al narco (nunca quedó claro cuáles eran los objetivos, cuáles los plazos, cuáles las metas medibles y esperables, cuáles las contingencias a esperar y los escenarios y posibles consecuencias de la guerra).

 

La erradicación de cultivos ilícitos, la intercepción terrestre de drogas y armas, la intercepción de aeronaves ilícitas, el apoyo a la seguridad pública, el combate al crimen organizado, las operaciones de mantenimiento del orden en el estado de Chiapas, el resguardo de instalaciones vitales, el apoyo a Instituto Federal Electoral y el combate a la tala clandestina fueron señaladas como las misiones fundamentales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 

Galván no ponderó una por encima de la otra. No mostro cifras o datos acerca de lo que se esperaba en el corto plazo en el tema de la seguridad interior, del apoyo a la seguridad pública y mucho menos advirtió o sugirió celeridad y tiempos a cumplir en las reformas policial y de justicia, para que los militares pudieran regresar pronto a los cuarteles.

 

Nada de eso ocurrió porque no hubo estrategia que sustentara tales escenarios. El entonces secretario de la Defensa buscaba más que nada reconstruir al Ejército, con o sin guerra calderonista.

 

Galván insistió en la pedacería en que se habían convertido el Ejército y la Fuerza Aérea y en el peligro de mantenerlos así, porque el desgaste sería irreversible en menos de cinco años.

 

Esas eran las preocupaciones del general y en esas condiciones entraron los militares a la guerra del presidente panista; con soldados medianamente preparados, con armamento, municiones, pólvora, equipo y recursos insuficientes, viejos, desgastados.

 

Para colmo, el marco jurídico que permitía y justificaba la presencia y el despliegue militar en tiempos de paz, era insuficiente y tramposo.

 

Así recibió el general Cienfuegos a sus soldados: en proceso de modernización no sólo para subsistir como fuerza armada, sino para dar la madre de todas las batallas (mexicanas) al crimen organizado.

 

Cienfuegos ha reclamado, ha manoteado en el escritorio del presidente y de los legisladores cuyos antecesores mandaron a la congeladora al general Galván al ignorar las dinámicas de reconstrucción de los cuerpos policiacos del país, comenzando por la Policía Federal.

 

Cienfuegos acierta al hacer memoria y reclamar que los civiles se olvidaron de los policías, se olvidaron de tomar en serio las reformas y dejaron toda la carga a los militares.

 

Cienfuegos está en lo correcto al poner el dedo sobre los gobernadores y presidentes municipales que incumplen sus responsabilidades, subejercen presupuestos de combate al crimen, no capacitan ni vigilan a sus policías y dejan en manos y fusiles militares y navales la suerte de una estrategia anticrimen inexistente o rebasada por insuficiente y lacerada por la corrupción.

 

Cienfuegos da en el clavo al exigir con todas sus letras un marco jurídico preciso para definir cómo, cuándo, hasta dónde y con cuáles atribuciones y en que lapsos se debe enviar a los militares a las calles para combatir al crimen en cualquiera de sus formas.

 

Sin embargo, Cienfuegos falla porque pretende la aprobación casi al vapor de un marco legal que posibilite a los militares de aire, mar y tierra seguir haciendo lo que han hecho desde por lo menos diez años.

 

Militarizar no resuelve ni por asomo el tema del combate al narco o a la inseguridad, porque con ello no se va jamás al fondo del problema y de sus múltiples aristas.

 

Militarizar no ha dado resultado. Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango…

 

Militarizar no destruyó a los cárteles; los atomizó y orilló a crear estructuras más complejas y difíciles de atacar.

 

Militarizar y detener capos no ha frenado en absoluto la producción, distribución, trasiego, distribución, comercialización y consumo de drogas dentro y fuera de México.

 

Militarizar no ha impedido el tráfico de armas, municiones, cargadores, granadas, lanzacohetes, dinamita, minas y toda clase de material bélico del que se abastecen los cárteles a lo largo y ancho del país.

 

Militarizar las fronteras, en especial la del sur, no ha frenado significativamente el flujo de centroamericanos y sudamericanos, de caribeños y de ciudadanos de otras latitudes; por el contrario, ha criminalizado el fenómeno y elevado las ganancias de quienes trafican con personas.

 

Militarizar no se ha traducido en políticas de prevención, atención y seguimiento a consumidores de estupefacientes.

 

Militarizar no ha significado la creación de políticas e instrumentos alternativos para quienes se dedican a la siembra y cultivo de mariguana y amapola.

 

Militarizar no ha servido jamás para reducir las ganancias de los capos, de sus organizaciones, de sus intermediarios, de sus banqueros, lavadólares, prestanombres y protectores.

 

Militarizar no tiene nada qué ver con los verdaderos golpes a los recursos financieros del crimen organizado.

 

Militarizar desgasta, corrompe, dilata, altera, retrasa.

 

Cienfuegos acierta finalmente, porque su apreciación clave, su señalamiento lapidario engloba la realidad de una década perdida contra el narco y la delincuencia.

 

Fue un error entrar a esta guerra, dijo en marzo de este año el general Cienfuegos en el marco de una reunión sobre seguridad en la zona noreste del país.

 

El general acertó y con su pronunciamiento cerró un complicado círculo para reconocer de manera implícita que la guerra calderonista y peñista nunca tuvo pies ni cabeza y acabó siendo una confrontación solitaria con tufo a derrota.

 

@JorgeMedellin95

@OpinionLSR