De cara a las elecciones de junio próximo y ya iniciadas cinco de las nueve campañas para elegir gobernador es indispensable garantizar las condiciones fundamentales de la elección, es decir, aquello sin lo cual ésta no sólo es inviable sino también la vida democrática misma, o sea, el acuerdo social que sostiene al sistema de partidos y el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; es preciso distinguir la anécdota electoral -plagada de escándalos, provocaciones y mentiras- de lo que es sustantivo y trascendente para la construcción de la paz y el desarrollo.

 

Somos por definición constitucional un país democrático, tenemos garantías y derechos políticos proclamados –aunque no siempre respetados- como participar en la vida social y política, votar y ser votado, el reconocimiento de la pluralidad, el respeto a los derechos humanos y la construcción de acuerdos con base en la ley. Todos estos son bienes públicos objetivos garantizados por nuestras leyes y exigibles para todos los que asumimos a la democracia como sistema de vida y de gobierno; son, entre otros, los valores que sustentan la convivencia pacífica y la gobernanza.

 

Lo cierto es que esos valores y principios democráticos están constantemente cuestionados y asediados por quienes militan en posiciones autoritarias y anti sistémicas, incluidos los que se forman en posiciones violentas como las de los auto llamados "anarcos" o "globalifóbicos". No será este el espacio para disentir de quienes en sana pluralidad son diferentes, pero sí para marcar un lindero claro entre la agenda democrática y la de la anarquía violenta.

 

Por ello es necesario identificar las condiciones sine qua non del proceso electoral en curso. Lo primero es garantizar que haya elecciones en todo el país y hacer lo necesario para desterrar el fantasma del boicot electoral. Sobre todo cuando se ha reportado que más de cinco mil casillas, que equivalen al 8% de los centros de votación, están en vilo por la delincuencia y los conflictos políticos que inhiben la participación ciudadana. Son circunstancias que sirven de pretexto a quienes, manipulando tragedias como la de Iguala, amenazan con impedir la jornada electoral. A esto han respondido las autoridades del INE y las fuerzas políticas con contundencia, aunque aún sin eficacia del conjuro, con pronunciamientos y el despliegue de los preparativos en las zonas más conflictivas.

 

Lo siguiente es que se garantice el ejercicio del voto en condiciones de equidad y legalidad, que las fuerzas políticas participantes renuncien al uso indebido de recursos, que sin excepción los partidos aseguren la presentación de candidatos libres de compromisos con la delincuencia y cumplan con la paridad género de tal manera que abran las oportunidades de participación en igualdad para hombres y mujeres, lo que luego del fallo del Tribunal Federal Electoral está más que ratificado como condición para aprobar la lista de candidatos de los diez partidos.

 

Algunas actuaciones y hechos destacan por su visibilidad y merecen el seguimiento de autoridades y ciudadanos a fin de que tengamos un proceso electoral legítimo y apegado a la legalidad. Resalta la multa al PVEM por 67.1 millones de pesos que le impuso el INE ante el desacato a medidas cautelares para retirar su campaña publicitaria en cines y propaganda fija con apoyo de artistas y miembros de ese partido toda vez que, como se ha denunciado, sus contenidos y montos violentan la equidad en la contienda, situación que habrá de confirmarse en los siguientes noventa días. Igual consideración se dio a la última resolución del INE para suspender la entrega de lentes gratuitos a través de vales y cupones contratados con una empresa privada en condiciones poco claras.

 

Este fin de semana en que arrancaron las campañas también se desencadenaron algunos eventos violentos o de escándalos. En el caso de Sonora el periódico The Wall Street Journal publicó el viernes que existe una investigación en contra del gobernador por presuntamente haber recibido cerca de tres millones de dólares de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno estatal. Al respecto voceros del gobierno estatal y el propio Ejecutivo han fijado su posición al señalar la acusación como "golpe político" sincronizado con el inicio de campañas y se han puesto a disposición para las aclaraciones pertinentes.

 

Al señalamiento político también se suma la violencia. En ese mismo estado se dieron a conocer agresiones de supuestos guardias de seguridad del candidato del PAN, Javier Gándara, en contra de dos jóvenes del Movimiento Ciudadano por el Agua que colgaban una lona en donde se critica tanto a Padrés como a Gándara.

 

En Tamaulipas, Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, sufrió un ataque a balazos cuando transitaba por el centro de la ciudad y del que salió ilesa, lo que se asocia de manera indirecta al proceso electoral por la relevante participación de la presidenta municipal y miembros de su familia en las próximas elecciones.

 

De todo esto resulta que erradicar la violencia, la inseguridad, el uso indebido de recursos, los golpes políticos dolosos y las campañas publicitarias de procedencia ilícita son algunas de las condiciones fundamentales que hacen la diferencia entre un proceso legal y transparente de otro trampeado y opaco que no es útil ni conveniente para nuestra democracia.

 

Como puede verse no se trata sólo de reconocer que, como decía Otto von Bismarck, "nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería", como si esto fuera consuelo o cómodo costumbrismo; tampoco se trata de agotar el discurso y la agenda en reconocer que el país está plagado de desconfianza y falta de credibilidad; se debe hacer lo necesario -hasta por sobre vivencia- por asegurar una elección especialmente crítica, ya que es uno de los pocos medios útiles para oxigenar la vida pública en un momento en que la agenda se encuentra severamente cuestionada por falta de probidad y confianza en los políticos, la política y las instituciones democráticas.

 

@MarcoAdame

 



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