En uno de ellos está el informe y sus resultados. La fiesta es lo que está por venir, lo que va a hacerse y no importa ya lo que se hizo, una elegante forma de avisar que quien vuelva la vista atrás puede acabar convertido en estatua de sal. Un grandioso aeropuerto, un proyecto de largo plazo que estará terminado en todas sus etapas en el año 2062, aunque la primera podremos disfrutarla en el 2020, 21 o 23.
Supongo que los plazos, además de la construcción faraónica, son porque tienen que ver cómo le hacen para negociar e involucrar a los habitantes de las zonas aledañas en el proyecto y para que no se repita lo que sucedió hace ya algunos años, en el 2006.
Sin embargo, es preocupante que con un gran cinismo el secretario de Desarrollo Agrario (SEDATU) Juan Carlos Ramírez Marín (recordemos su gestión como diputado) sea capaz de decir, que “no tenemos la culpa de que estén mal asesorados, todo se ha hecho con absoluta legalidad”, cuando su responsabilidad es que a los involucrados les queden claras las acciones gubernamentales y no, como empresario, público en este caso, se aproveche del desconocimiento de los ejidatarios y compre, a través de Conagua, los terrenos ejidales de manera poco clara: Eso no abona a una buena negociación, a un buen resultado social.
Un informe de promesas, con visión centralista
Sólo inversiones para la capital y los demás estados que se rasquen con sus propias uñas, parece. No hubo una exposición de una política nacional, esa que beneficiaría a la población en su conjunto. ¿Todo el progreso para los 35 o cuarenta millones de la zona metropolitana? ¿Y los demás qué? ¿Qué proyectos para el sureste o para el noreste; para el norte o para Baja California, en sus dos territorios, o para Sonora o para los Yaquis?; ¿qué les diremos a las comunidades de la montaña en Guerrero o a los habitantes de La Laguna o de la Huasteca?
¿Sólo policías merecen Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato? ¿Qué proyectos de infraestructura con nuevas carreteras, ferrocarriles, autotransportes? ¿Qué pasa con la cobertura nacional de la red de banda ancha? ¿Cuál será el modelo para la educación? En resumen ¿el segundo informe de gobierno fue un programa de campaña o una estrategia gubernamental?
Signos de la restauración
Ya hasta parece que tenemos regente y no jefe de gobierno. Desde 1997 todos los jefes de gobierno, titulares o interinos mantuvieron una actitud digna frente al poder ejecutivo federal, ahora no.
Una muestra de la impunidad de la clase política, aunque parezca de menor importancia, es la imagen de sus autos estacionados en la plancha del zócalo, nada distinto a cómo se apropian de todo el territorio.
El jefe de gobierno no reclama la autonomía de la ciudad, de su gestión. Impunidad de la clase política federal y local y garrote a quien disienta y quiera expresarse en el zócalo, como ejemplo.
Historias de familia
Y para extremos, ahí está el caso de Grupo México, de Germán Larrea, que con total impunidad reconoce que mintió y que no fueron las lluvias copiosas las que provocaron el derrame y no le preocupa que la PGR haya entrado, tardíamente, a revisar los datos de la mina. ¿Alguna acción real contra ellos?
Mientras, parece que está pronto a regresar el dirigente del sindicato de mineros, quien heredó de su padre, Napoleón Gómez Sada, el cargo de Secretario General, que mantuvo durante cuarenta años (desde la Asamblea XI de 1960 y hasta mayo de 2000). Dice que fue minero desde 1995 en la sección sindical 120 de Ciénega Santiago Papasquiaro, Durango, y ese es un tema por investigar.
Con su regreso el régimen de la restauración está confirmando sus espacios. Ungido un poco antes del arribo de los gobiernos panistas y enfrentado después de un tiempo con Germán Larrea de Grupo México, Gómez Urrutia tuvo que salir del país durante los dos sexenios panistas.
La persecución política no lo hace héroe ni lo exime de las responsabilidades como parte de la “casta divina” priísta, esa que vive en la total impunidad, siempre de espalda a los trabajadores y que lo mismo cubre a los dirigentes sindicales afines que envía a la cárcel a los incómodos.
De pilón…
Y en el otro extremo. Si en 1980, un poco antes del inicio del primer régimen neoliberal la política social se llamaba Sistema Alimentario Mexicano (SAM), con Salinas, fue Solidaridad, después Progresa y más tarde Oportunidades, hoy tenemos nuevo nombre: Prospera. Me parece que cambiar la forma de las cosas no cambia el contenido: Cada día son más los pobres y después de más de treinta años las políticas sociales han demostrado que sólo son paliativos.
El problema de la pobreza es un problema estructural y toda política social que no reconozca lo anterior está destinada a ser solamente asistencialismo no ataque frontal a las raíces del problema. ¿A quién le convienen los pobres? ¿Acciones para los votos?
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