Diversos acontecimientos como la radicalización de las acciones de la CNTE -principalmente en Oaxaca y Chiapas- a partir del homicidio de nueve personas durante un enfrentamiento en Nochixtlán el pasado 19 de junio, las mesas de dialogo en la Secretaría de Gobernación, o los resultados del referéndum convocado en el Reino Unido que determinaron por un estrecho margen su salida de la Unión Europea con las respectivas consecuencias políticas y económicas, han acaparado la atención de la opinión pública en los últimos días.
Lo anterior ha provocado que prácticamente hayan pasado inadvertidos tres hechos sumamente preocupantes para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que ha ido cobrando gran relevancia en nuestro país.
Tras la estrepitosa derrota del PRI en las elecciones locales del 5 de junio, los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo han aprovechado el control que aún tienen en sus Congresos, para impulsar en periodos extraordinarios -convocados al vapor- modificaciones legales así como nombramientos a los que se ha llamado “paquetes de impunidad”, con los que buscan obtener protección una vez que concluyan sus mandatos y sean sustituidos por la oposición.
En los casos de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge han utilizado el mismo modus operandi al pretender imponer en las respectivas fiscalías generales, en los órganos de fiscalización y en los tribunales de justicia, a personajes con los que guardan gran cercanía y que aparentemente les serán incondicionales por periodos que incluso se prolongarán más allá de las próximas administraciones.
Para ejemplificar lo inusual de estos nombramientos, el Titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo) renunció sin motivo aparente cuando le faltaban dos años para concluir su gestión, por lo que el Congreso se disponía a nombrar a un nuevo Titular por siete años.
En tanto que en Chihuahua, el Congreso aprobó el lunes una reforma por la cual se transfiere a la administración de Javier Corral el pago de pasivos bancarios a corto plazo en contravención con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, y también se creó de último momento una Fiscalía Anticorrupción para que el Titular sea designado en la gestión de Cesar Duarte.
Se podrá discutir la legalidad de las acciones promovidas por estos impresentables gobernadores priístas que han sido acusados de graves actos de corrupción -además de que dejan a sus estados en condiciones lamentables-, pero a todas luces son políticamente inaceptables sobre todo cuando el mandato de la ciudadanía fue muy claro al pronunciarse en contra de sus excesos y mal desempeño.
No se trata de emprender una persecución o cobrar afrentas políticas, lo que sucedió en las campañas debe quedar atrás pero es indispensable que los funcionarios públicos rindan cuentas, asuman la responsabilidad por su actuación y, de ser el caso, sean sancionados. La sociedad exige que se ponga un alto a la corrupción y a la impunidad, pero al parecer siguen sin entenderlo.