La escalada de violencia generada en los últimos cinco años por el narcotráfico en México ha dejado en evidencia la endeble y desarticulada estrategia de combate a la delincuencia organizada heredada por el actual gobierno de su antecesor, y éste a su vez del régimen de partido de Estado que gobernó al país durante más de 70 años.
La corrupción y falta de capacitación que han caracterizado a los cuerpos policíacos del país durante décadas, obligaron al gobierno federal a echar mano de sus fuerzas armadas para atacar frontalmente a una delincuencia más poderosa y organizada.
En este contexto, el último lustro ha sido para los militares una etapa de cambios acelerados en su estructura, operatividad y misiones, y sobre todo en su relación con la sociedad civil y con el poder político.
La penetración del narcotráfico en áreas sensibles de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la[1] Armada de México, en mucho menor medida, es parte de los costos que la dependencia y el gobierno federal han tenido que pagar en el enfrentamiento contra los cárteles de la droga.
A este escenario se suman las deserciones de miles de soldados y decenas de pilotos militares y navales que siguen mermando la capacidad de respuesta del Estado ante el fenómeno criminal.
Los bajos salarios, la excesiva carga de misiones, los abusos de sus mandos, el inevitable roce de la tropa y de sus jefes con sicarios y operadores mejor armados, y sobre todo mucho mejor pagados, constituyen hechos que igualmente han impactado la estructura del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana (FAM) desde finales del último gobierno priista (1994-2000).
En el caso de la Armada de México, la naturaleza de sus misiones y el medio en el que se desarrollan ha sido hasta ahora determinante para contener la acción corruptora del narco entre las filas navales.
La intercepción de buques y lanchas rápidas, al igual que la detección de cargamentos de droga, armas y sustancias ilegales halladas en contenedores en los recintos portuarios del país, marcan la dinámica de las acciones de la Armada de las que sus integrantes siguen estando relativamente alejados de las presiones y la tentación del dinero de los cárteles de la droga.
Sin embargo, la inserción gradual de los marinos en la lucha frontal al narcotráfico comienza a acercarlos poco a poco, tierra adentro, a las zonas calientes de esta actividad y no sería raro que en los próximos años comencemos a conocer casos de personal naval involucrado en problemas de drogas de diversa magnitud.
Esto podría ocurrir en la medida en que las fuerzas armadas continúen en las calles como pivote de la lucha contra los cárteles de la droga.
Es precisamente esta condición la que marca el siguiente impacto del crimen organizado en las filas del Ejército Mexicano y que tiene que ver con la necesidad de contar con un blindaje jurídico por parte del gobierno federal para fortalecer su papel policíaco y disminuir las así presiones internas y foráneas por los abusos militares cometidos durante operaciones antinarco.
Además de exhibir la extendida corrupción entre los cuerpos policíacos de todos los niveles, la delincuencia organizada ha llevado a las fuerzas armadas del país –en especial al Ejército– a convertirse en el fiel de la balanza para combatir a los cárteles de la droga.
Los militares son hoy, más que nunca, una especie de súper policías emergentes con inéditas facultades investigativas, de detención, interrogatorio y aislamiento de sospechosos.
Y aún más; ahora también pueden catear domicilios particulares y oficinas de gobierno tras las reformas al Código de Justicia Militar y Procedimientos Penales, actuando bajo presunción de que se están cometiendo actos criminales ligados a la actividad de la delincuencia organizada.
Las órdenes de cateo será libradas por jueces militares, sean o no abogados, y se cumplimentarán en los hechos de manera paralela a una acción civil solicitada por la PGR a jueces federales.
Esto les permite manejarse de facto en un entorno de legalidad alterada o inexistente –dependiendo del municipio o poblado en turno– creada por el crimen organizado y que justificaría, desde la óptica castrense, una respuesta total.
De los nubarrones, a la tormenta.