El pasado 26 de enero los líderes republicanos en el Congreso estadounidense, Paul Ryan de la Cámara de Representantes y Mitch McConnell del Senado, emitieron un cálculo aproximado respecto al costo de construir una pared a lo largo de más de tres mil kilómetros en la frontera sur de su país. Según sus previsiones, el desembolso para esta obra rondaría entre los 12 mil y los 15 mil millones de dólares, pero otros cálculos han llevado esa cifra a los 25 mil millones. Para poner en términos relativos esta última cifra, la más dilatada para su costo, hay que decir que equivale a lo que las autoridades mexicanas esperan recibir este año de 2017 en inversión extranjera directa, ello según las declaraciones hechas por el Secretario de Economía de México. La coincidencia en los números no deja de parecer curiosa.

 

Unos días después de lanzar esta estimación, vino la controversia de saber cómo debía financiarse semejante obra, a lo cual respondió el Jefe del Gabinete del presidente de los Estados Unidos, Reince Priebus, para quien una posibilidad –entre otras que hoy conocemos pero que no parecen todavía convincentes siguiera para los mismos ejecutores del poder en los Estados Unidos–, es obtener esos 25 mil millones de dólares a partir de un tributo a los cárteles de la droga o bien mediante multas a inmigrantes, en ambos casos y dada la animadversión hacia todo lo que esté al sur del río Bravo, se entiende que se trataría de cárteles o inmigrantes de origen mexicano, y estos últimos… ¿indocumentados?

 

Estas declaraciones ocurrieron, casi de manera simultánea, a la extradición de uno de los jefes más visibles de la mafia mexicana en el tráfico de drogas, Joaquín Guzmán Loera, y se añadieron a lo dicho por un vocero de la Corte del estado de Nueva York, donde se lleva el juicio a este personaje. De este tribunal estadounidense se emitió la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos espera recuperar hasta 14 mil millones de dólares que se generaron por las actividades ilícitas del narcotraficante mexicano. Esa es otra cifra coincidentemente curiosa, pues está en el rango de estimación que han hecho los congresistas republicanos para edificar el muro que desea construir su presidente y, vistas así las cosas, si el dinero que se pretende incautar a Guzmán Loera se recuperara en la forma como lo han calculado, ya sea con una estimación o con otra, esta fuente permitiría el financiamiento de por lo menos la mitad de la obra, si no es que casi su totalidad.

 

Más allá de la discusión de si deberá construirse o no el referido muro, cuya opción de no hacerlo parece no estar en el radar de los integrantes del poder ejecutivo estadounidense, valdría la pena considerar que si se tiene pensado gravar el tráfico de estupefacientes, ya sea por medio de la incautación o imposición de recursos generados por el narcotráfico o por el tráfico de personas, el gobierno estadounidense estaría en los hechos otorgando una carta de naturalización y legalidad a esas actividades y estaría arrogándose para sí la potestad de organizarlas según su dictamen. Esto cobra un significado especial en un marco a partir del cual la oferta mexicana, tanto de sustancias prohibidas como de mano de obra barata hacia Estados Unidos, está visto que no puede detenerse por la magnitud del negocio que representa de un lado y de otro de la frontera. Si esto llegara a ocurrir, fuentes de ingreso catalogadas como sucias pero muy jugosas, que hoy sirven para la adquisición de armas, el financiamiento de campañas políticas y hasta el movimiento opaco de una economía, cuya base productiva fue desmantelada en los pasados veinticinco años, estaría siendo centralizada al norte del río Bravo y pudiera dar lugar a incluso a una modalidad peculiar de blaqueo de capitales.

 

Por un lado, los presidentes de ambos países, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, han señalado que el tema del muro ya no se tratará en público, con lo cual se abre la posibilidad a un acuerdo en términos empresariales, con cláusulas de confidencialidad incluidas y ya no por el canal diplomático y oficial de Estado. Y por el otro, el empresario más rico del país ha mencionado que “el mejor muro es inversión y empleo”; esto puede significar entre otras cosas la posibilidad de que hasta empresas mexicanas, como Grupo Carso por poner un ejemplo, se sientan motivadas a concursar en los trabajos para la impopular obra. Dos rasgos adicionales que no se deben desdeñar de esta asombrosa coyuntura: la bolsa de valores de México no ha disminuido en su número índice de manera sistemática ni estrepitosa y el precio del peso incluso se ha apreciado luego de su fuerte caída de las semanas pasadas frente al dólar.

 

Tal vez se esté comprobando aquella hipótesis, que sólo enseña la historia con sus ejemplos, en relación a que los negocios no conocen mucho de apasionamientos cuando se invocan sentimientos de dignidad o de nacionalismo. Esperemos que esta vez la historia se haya equivocado.

 

@japo56619

@institutomora

www.mora.edu.mx

 

Dr. Alfredo Pureco Ornelas. Profesor investigador titular del Instituto Mora; historiador y economista especializado en la historia económica y empresarial de México en los siglos XIX y XX. Autor de Empresarios lombardos en Michoacán (2010), y coordinador de Problemas del desarrollo económico en el occidente de México (2015). Profesor invitado en distintas universidades del país y director de Docencia del Instituto Mora (2010-2013).

 

@OpinionLSR

  

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