Cuando hablamos de discapacidad, usualmente pensamos en una persona que no puede ver; hablar, escribir, caminar y por lo mismo, se encuentra en una evidente condición de desventaja respecto a otras personas.
En la antigüedad, las personas con discapacidad eran consideradas por los hebreos como marcados por el pecado; en la India eran arrojados al río Ganges, los Chagga de África Oriental, utilizaban a las personas con discapacidad para espantar a los demonios, y los jukus de Sudan los abandonaban para que murieran por considerarlos obra de los malos espíritus[1].
Las personas con alguna deficiencia física, sensorial o mental, congénita o adquirida eran víctimas de rechazo y malos tratos. La gente se refería a ellos como locos, brujos, delincuentes, vagos, débiles mentales, etcétera. Y generalmente se les mantenía apartados.
A lo largo de la historia y en la actualidad, las personas con discapacidad no pueden disfrutar de los mismos beneficios que tiene el resto de la sociedad (personas sin discapacidad), no tanto por su condición física o congénita, sino por la discapacidad social que existe hacia éstas personas. Es decir, que son las personas sin discapacidad las que determinan en donde deben ser incluidas o excluidas.
El Artículo 1, párrafo segundo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, vigente a partir del 3 de mayo de 2008, señala que las personas con discapacidad son “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
De acuerdo con lo señalado en esta Convención, los Estados Parte, entre los que se encuentra México, reconocieron y se comprometieron a garantizar la igualdad y no discriminación; accesibilidad; vida, acceso a la justicia, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de las personas con discapacidad.
Asimismo, la Convención garantiza la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, respeto a la privacidad, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, respeto del hogar y la familia, educación, trabajo y empleo, salud; entre otros.
En la actualidad, la discapacidad puede ser vista desde un enfoque de los derechos humanos, debido a que si bien se han desarrollado políticas públicas incluyentes en diferentes sectores de la sociedad, aún existe falta de inclusión social en temas como: salud, empleo, educación, participación política, acceso a la justicia, abusos de cualquier tipo, etcétera, a causa de su discapacidad.
La discapacidad de las personas es un tema que repercute en la economía familiar, y esto a su vez, puede aumentar los índices de pobreza que tenemos en el país. Asimismo, la discapacidad es un generador de inseguridad alimentaria; vivienda deficiente, falta de acceso al agua potable y atención médica, no solo en la familia sino en la sociedad en su conjunto; y es un obstáculo para el desarrollo de cualquier país.
Por lo anterior, las políticas públicas deben estar diseñadas para generar y garantizar la igualdad de oportunidades, disminución de la pobreza e inclusión efectiva y real de las personas con discapacidad.
Flor de loto: El bien de un hombre, es el bien de todos los hombres.
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[1] Citado por Andrés Valencia, Luciano en Breve Historia de las Personas con Discapacidad: De la Opresión a la Lucha por sus Derechos.