Una nueva forma de incumplir con la paridad de género hemos conocido en este proceso electoral. ¡Tanto cuesta a nuestros partidos políticos cumplir con la postulación paritaria para los cargos de elección popular, que inventan nuevos mecanismos para incumplirla que son ilegales e inconstitucionales!
La Sala Superior resolvió esta semana diversos asuntos en los que las autoridades administrativas y jurisdiccionales habían convalidado los registros de candidaturas de los partidos políticos en contra de la Constitución, de las leyes de los estados de Hidalgo y Tlaxcala y de la jurisprudencia de la Sala Superior. En el caso de Tlaxcala, los registros iniciales para las presidencias de comunidad incumplían con la paridad de género, por lo que el Instituto Electoral Local requirió a los partidos políticos para que cumplieran con los registros paritarios de candidaturas otorgándoles un plazo de 48 horas para realizar los cambios. Los partidos no presentaron ninguna modificación a sus listas por lo que la autoridad les realizó un segundo requerimiento para que en 24 horas cumplieran con el principio constitucional de paridad.
Fue entonces el momento en el que surgió la maravillosa idea de tres partidos políticos, MORENA, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que decidieron que para cumplir con la paridad cancelarían el registro de diversos candidatos para empatarlos con el número de mujeres que con las que habían solicitado el registro inicial. ¡Fenomenal idea! Afectar los derechos de los ciudadanos que habiendo participado en procesos internos de elección de esos partidos, sin importar que hubiesen sido designados o hubieran ganado una contienda interna, contaban con el derecho a ser registrados y los partidos con la obligación constitucional de hacer posible el acceso de las y los ciudadanos a los cargos de elección popular.
Resulta alarmante que para no cumplir con postular mayor número de mujeres hasta alcanzar la paridad, opten por violentar los derechos de los ciudadanos y quedarse sin participar en una contienda electoral para tener acceso a un cargo de elección popular. Todavía más grave resulta la actuación de los institutos electorales de Tlaxcala e Hidalgo que avalaron la actuación de los partidos políticos y registraron las listas de candidaturas y de dos Salas Regionales del Tribunal que confirmaron estos registros.
Para estas autoridades la violación a los artículos 35 y 41 de la Constitución no ameritó ni una sanción para los partidos políticos infractores, ni tampoco la negativa de registro de las listas de candidaturas presentadas por incumplir con la paridad ni por la violación de los derechos de los candidatos a los que los partidos políticos mencionados, de manera unilateral, determinaron cancelar su registro de la lista presentada a la autoridad administrativa electoral. La sentencia de la Sala Superior ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral de la actuación de las y los consejeros electorales de los institutos electorales locales de Tlaxcala e Hidalgo y de la conducta de los partidos políticos.
Es penosa la forma en la que en nuestro país se violenta el Estado de Derecho y se vulneran los derechos de las mujeres. El caso de Chiapas es extremo: que se haya obligado a cuatro mujeres que ganaron las elecciones a renunciar a sus cargos en medio de constantes actos de violencia y amenazas sin que el gobierno del estado haga nada, llegó ayer al límite cuando dos legisladores del Congreso local, el presidente y otro diputado fueron secuestrados por habitantes del municipio de Chenalhó para obligar la renuncia de su presidenta, que habían intentado por otras vías, por una sola causa: por ser mujer. Las autoridades en aquel estado brillan por su ausencia. No hicieron nada por contener la situación, ni por salvaguardar los derechos de las mujeres, ni por garantizar que estas ciudadanas democráticamente elegidas ejercieran sus cargos.
¿Qué necesitamos en este país para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos? La dolorosa conclusión en México que no podemos seguir tolerando es que las mujeres no podemos ejercer los cargos públicos que legalmente hemos ganado, porque estamos poniendo nuestra vida e integridad en riesgo ante la mirada complaciente de diversas autoridades. ¿Qué futuro le espera a la democracia de este país?