La sociedad civil organizada mexicana tuvo un gran logro: la promulgación de una ley general que da pie a un Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias a un colectivo de organizaciones de la sociedad civil y académicos especializados en la materia, los mexicanos hemos logrado un sistema que prevenga y combata uno de los más grandes cánceres de nuestra sociedad, la corrupción.
Gracias al liderazgo de Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad, la Red por la Rendición de Cuentas, Ciudadanos por una Causa en Común, entre muchos otros; el ejecutivo, el Congreso de la Unión y los partidos políticos se vieron obligados a generar un sistema de pesos y contrapesos donde la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la nueva Fiscalía Especializada Anticorrupción y el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa trabajarán en conjunto para prevenir, perseguir y sancionar las diversas conductas ilícitas que en el colectivo entendemos como corrupción.
No obstante, respecto a esta serie de medidas es necesario que quede claro que el Sistema no es una panacea que resolverá automáticamente la penetración de las redes de corrupción en la vida institucional y en la toma de decisiones de actores relevantes. Sin embargo, el Sistema hará más difícil el encubrimiento y colusión de la corrupción. Esto último se debe a que el Sistema establece una fuerte participación de los ciudadanos involucrados en esta materia a través de un Comité de Participación Ciudadana, que deberá estar integrado por cinco personas propuestas por un comité de expertos y que deberán ser ciudadanos con trayectoria en esta materia.
Se tiene contemplado que opere a través de un Comité Coordinador donde participarán el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada Anticorrupción y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). Asimismo cabe mencionar que en el Sistema se establece una serie de instrumentos que permitirán una rendición de cuentas clara y efectiva como la Plataforma Digital Nacional (PDN), a partir de la cual se le podrá dar un seguimiento puntual a la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos, así como de los servidores públicos y particulares sancionados. Aunado a ello, la PDN incluirá un directorio de servidores públicos que participan en contrataciones públicas, el Sistema Nacional de Fiscalización y las denuncias por corrupción o faltas administrativas.
En término de sanciones, estas se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que precisa actos u omisiones en las que pudiesen incurrir servidores públicos o particulares y que pueden ser graves, no graves o actos de particulares vinculados graves.
Entre las leyes reglamentarias que darán cuerpo al Sistema se encuentra la Ley General de Responsabilidades Administrativas (que establece las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de presentar declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal-conocido como 3 de 3); la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Como mencioné anteriormente, este Sistema bajo ninguna circunstancia es la panacea y prueba de ello es que pese a las reformas normativas que se promulgado, quedan pendientes dos procesos fundamentales: demostrar que el Sistema funciona mientras que a la par genera integridad profesional en los servidores públicos. Pese a que esto se pueda leer como una tarea sencilla, implica un obstáculo significativo que tendremos que sortear tanto en el corto como en el largo plazo.
Durante periodo de transición previo a la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, el equipo de transición designado por el mandatario se entrevistó con varios especialistas en diferentes materias, personalmente fui invitado a la de seguridad y Estado de Derecho, recuerdo que en las conversaciones informales previas a la reunión me preguntaron: “¿por qué tenemos corrupción en México?”mi respuesta fue un “¡porque se puede!”. Han transcurrido cuatro años y la sostengo, es incuestionable que hasta la fecha se ha podido ocultar y proteger a quienes cometen los actos de corrupción, así como dejar de investigar o hacer investigaciones a modo en casos de gobernadores, diputados, senadores, secretarios de Estado, primeras damas, casas blancas y demás, sin que nada pasase.
Justamente en reconocimiento de esta situación, a partir de la consolidación de este Sistema se tiene como finalidad la disuasión, persecución y sanción eficaz de cada uno de los actos de corrupción que afectan a nuestro país. Debido a lo que ha sucedido en México, me atrevo a decir que la clave para que realmente comiencen a cambiar las cosas a raíz de la implementación del Sistema Anticorrupción radica en el Comité de Participación Ciudadana, quien acompañará y vigilará el actuar de las autoridades y ayudará a construir confianza alrededor del Sistema y las instituciones.