Hay molestia en el sector de médicos cirujanos especialistas por los Lineamientos dados a conocer el pasado 25 de marzo por María de las Mercedes Martha Juan López, secretaria de Salud del Gobierno Federal al establecer nuevas condiciones para ejercer esa profesión.
En adelante los cirujanos especialistas deberán certificarse y recertificarse anualmente mediante exámenes ante los Consejos de Especialidades Médicas, que son instituciones privadas, ante los que deberán acreditar a criterio de éstos capacidad y experiencia. Sin ese documento los especialistas no podrán ejercer su profesión, pues de hacerlo no solo incurrirán en responsabilidades civiles sino incluso penales.
La irresponsable imposición de lineamientos por parte de la Secretaría de Salud Federal, se realiza sin el consenso de la comunidad médica y otorga facultades insensatas a asociaciones civiles para que éstas reconozcan o no capacidades para ejercer como cirujano especialista.
Una resolución como la emitida por la Secretaría de Salud es contraria al artículo quinto constitucional que protege la libertad de trabajo, la cual no podrá vedarse sólo por una determinación judicial, por lo que resulta arbitrario que ahora las asociaciones civiles impuestas por la autoridad sanitaria tengan esa facultad.
Es inadmisible que las autoridades coloquen a instituciones civiles por encima de instituciones educativas nacionales y extranjeras en donde los médicos llevaron a cabo el estudio, preparación y reconocimiento de su profesión.
No es posible concebir que una autoridad administrativa, como lo es la Secretaría de Salud autorice a través de Lineamientos a los Consejos de Especialidades Médicas a facultarlos para imponer requisitos para la obtención de la certificación o recertificación, incluso hasta para elaborar manuales con normas de contenido obligatorio para la comunidad médica, como si fuera una autoridad gubernamental.
No tengo idea que clase de asesores jurídicos tiene la Secretaria de Salud Federal para facultar a entes privados para que éstos a su vez emitan normas generales de carácter obligatorio. ¿Qué clase de garantías tendrán los cirujanos especialistas ante algún acto arbitrario de estos órganos privados que descalifiquen sus conocimientos para ejercer la profesión de cirujano especialista?
No se desconoce que realizar cirugías requiere de una constante preparación por su importancia social, pero no se puede llegar al extremo que se faculte a esos Consejos Médicos de carácter privado, para que expidan y modifiquen a capricho las modalidades de las certificaciones.Con esta determinación se ponen en duda sus conocimientos, generalizando la obligación a todos los cirujanos especialistas, no importando los años y la práctica diaria que han realizado.
Es preocupante que exámenes fijados a criterio personal puedan estar por encima de los reconocimientos ya expedidos por las Universidades enfocadas en esta tarea y que tienen un reconocimiento legal para expedir títulos de especialidad médica.
El ejercicio de la profesión médica no sólo requiere el reconocimiento universitario sino también el ejercicio de prácticas hospitalarias que se llevan a cabo bajo la vigilancia y tutoría de los más experimentados. Un médico no se puede hacer de la noche a la mañana, pero tampoco se puede desconocer su ejercicio por años y en diversos centros médicos.
Los Consejos Médicos al certificar y determinar quién puede ejercer y en qué modalidades se llevarán a cabo los procedimientos quirúrgicos, invadirán esferas que corresponde exclusivamente a las Universidades, incluso hasta emitir títulos o reconocimientos de capacidades.
Son miles de galenos especialistas que ejercen en instituciones médicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE o en grandes instituciones privadas, a los que ahora se les exigirán para su ejercicio profesional la certificación o recertificación anual, hecho que generará inestabilidad en los centros hospitalarios.
Es incomprensible que se pretenda calificar el trabajo médico sin antes revisar las condiciones en las que prestan sus servicios, las sobre cargas de trabajo que tienen y las carencias de instrumental médico adecuado y suficiente.
Los derechohabientes de las instituciones públicas tienen que esperar hasta 6 meses o más para se les practique una cirugía no importando la urgencia de su padecimiento, lo cual es una muestra de la crisis que viven las instituciones de seguridad social ante la falta de personal y centros hospitalarios necesarios.
Es este reclamo el que debe atender este gobierno y no las ocurrencias y caprichos de una secretaria de Estado que pisotea la ley y pone entredicho con un simple decreto, la credibilidad de la comunidad médica de nuestro país.
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