Le comentaba en mi última colaboración de diciembre que para este año habrá de ensancharse la agenda en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues tendrán que tomarse definiciones sobre una gran cantidad de temas aún pendientes por la reforma en la materia desde hace dos años. Algunas de ellas tendrán que ser determinadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otras por el poder judicial.

 

Comencemos por las del Poder Judicial. Es muy posible que en los primeros meses de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva dos amparos en revisión que interpusieron organizaciones sociales desde la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

 

El primero de ellos en contra de los artículos 189 y 190 referentes al capítulo de colaboración de la justicia que faculta sin orden judicial u otra salvaguarda, que autoridades vinculadas con la justicia puedan realizar geolocalización en tiempo real y solicitar la retención de datos de comunicaciones de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, que se considera viola la protección de datos personales y el derecho a la privacidad.

 

El amparo no cuestiona la legitimidad de la utilización de este tipo de herramientas para combatir la delincuencia, sino los términos en que se aprobaron los artículos al determinar que se utilizarán ante cualquier delito cuando debieran ser aquellos definidos como graves, y que no exista ningún tipo de defensa para quien sea objeto de tal vigilancia, así como la ausencia de controles para evitar un abuso por parte de las autoridades y que puedan ser utilizadas con otros fines.

 

El segundo  amparo, es el que interpuso Mardonio Carballo, escritor y comunicador indígena, en contra del artículo 230 de la LFTR, que obliga a los concesionarios de radiodifusión a realizar sus transmisiones en el “idioma nacional”, restringiendo el uso de lenguas indígenas exclusivamente a aquéllos concesionarios de uso social indígena.

 

De acuerdo al principal argumento del amparo, la restricción resulta discriminatoria y contraria al derecho a la libertad de expresión, en tanto se impide a un sector de la población indígena que no habita en sus comunidades a acceder a información y contenidos en su lengua y constituye una medida regresiva que viola el principio de no discriminación, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión: individual y colectiva.

 

Lo que decida en ambos asuntos la SCJN, serán de vital importancia respecto de los derechos reclamados.

 

Igualmente será trascendente lo que determine este máximo tribunal del país, respecto de la controversia constitucional que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Ley de Derecho de Réplica aprobada el año pasado en el Congreso, que es a todas luces una ley que favorece los intereses de los dueños de los medios de comunicación en detrimento de los ciudadanos.

 

La agenda regulatoria

 

Sobre la agenda regulatoria que deberán de desplegar tanto el IFT (mayoritariamente) como la SCT se encuentran varios temas que serán decisivos tanto para la competencia, la inclusión digital y los derechos informativos.

 

En radiodifusión, el IFT tendrá en algún momento que determinar el cambio de la norma en la banda de FM pasa reducir la distancia entre frecuencias y pasar de los 800 a los 400 Khz, como ya sucede en todo el mundo, eso permitirá contar con más frecuencias que debieran destinarse la mayor parte de ellas al sector social y público para fortalecer el pluralismo. El IFT ya cuenta con los estudios y resultados de la consulta pública en el tema, por lo que no tiene ningún obstáculo para determinar el cambio que ha sido una demanda añeja por diversos sectores.

 

También deberá emitir, después del proceso de consulta pública que termina el 20 de febrero, las bases de licitación de 191 frecuencias de radio en FM y 66 en AM para fines comerciales que se prevé será en marzo. En el caso de la televisión abierta digital tendrá que prescribir si la nueva licitación de los 123 canales será de carácter nacional, regional o local. En ambos casos será clave observar si se imponen límites de tenencia del espectro a quienes ya operan medios electrónicos y si ahora sí se toman en cuenta las ofertas programáticas de los jugadores para fortalecer el pluralismo.

 

En cuanto a los derechos de las audiencias, el IFT deberá en este año emitir los lineamientos que deben de cumplir los operadores. El asunto no está fácil pues la industria se resiste a cumplirlos escudándose en la libertad de expresión, habremos de ver si en este rubro el regulador cumple con el deber de proteger, esto es, poner reglas para que particulares no violen los derechos de terceros que en este caso son las audiencias y que somos millones. En el mismo sentido, deberá de emitir los lineamientos sobre límites de tiempo en publicidad comercial y las sanciones respectivas sobre la publicidad engañosa, otro tema que también será espinoso.

 

Sobre la inclusión digital, tres temas considero son claves, el primero de ellos es la implementación de la red compartida mayorista con la banda del 700 que ya quedó liberada una vez que se realizó el apagón analógico el pasado 31 de diciembre. Las bases de licitación deberán ser publicadas por la SCT a finales de enero, sin embargo, este proyecto que es uno de los más ambiciosos de la reforma, se ha enfrentado a muchos detractores, contratiempos, falta de claridad y definiciones. Veremos qué pasa.

 

Junto con la red compartida también debe de impulsarse la ampliación de la red troncal de fibra óptica para dotar de banda ancha. Apenas en septiembre pasado el IFT aprobó la cesión de la concesión de la Comisión Federal de Electricidad a Telecomunicaciones de México. Este proyecto junto con el anterior tienen un retraso ya de dos años en su ejecución, cuando son prioritarios para conectar a los millones de desconectados en el país.

 

El tercer tema serán los lineamientos que deba aprobar el IFT sobre la neutralidad de la red, aquí la batalla entre los grandes conglomerados de telecomunicaciones y las organizaciones defensoras de los derechos digitales será importante, pues mientras los primeros quieren manejar el tráfico y las capacidades de la red de acuerdo a sus planes de negocio, las organizaciones pugnan por seguir manteniendo a la red como un espacio amplio de ejercicio de libertades de información, expresión y desarrollo de emprendimientos.

 

Sin agotar todos los temas, sólo me resta mencionar la próxima licitación de la banda AWS, proceso en el que Telefónica anunció que no participará, por lo que se reducen los jugadores que participarán; y la revisión que habrá de hacer el IFT para examinar las Declaratorias de preponderancia en telecomunicaciones (América Móvil) y de radiodifusión (Televisa) que les impuso hace dos años.

 

Como verá la agenda está movida, así que habrá mucha tela de donde cortar a lo largo de este 2016.

 

@callejag

 

 

 

 

 



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