Hace cerca de tres semanas se dieron dos eventos de vital importancia para la política exterior mexicana en el ámbito de la cooperación al desarrollo: la Cumbre Mundial Humanitaria, los días 23 y 24 de mayo, y el Comité de Cooperación Sur-Sur (CSS), en el marco del XXXVI Periodo de sesiones de la CEPAL, el 25 de mayo en la Ciudad de México.
La Cumbre Mundial Humanitaria, celebrada en Turquía, puso de manifiesto la necesidad de que actores gubernamentales y globales se comprometan con acciones específicas para la protección de la humanidad, así como proporcionar condiciones aptas para el trabajo humanitario. México tiene políticas públicas y mecanismos institucionales para ello y en la cumbre señaló su compromiso para fortalecer la gestión de riesgos para la seguridad humana. La comisaria europea de presupuestos, Kristalina Georgieva, indicó la necesidad de mover mil millones de dólares de las oficinas al terreno, para dar un paso sustancial en la ayuda humanitaria. Si México desea ser un actor con responsabilidad global, necesita, además de resolver la pobreza y la desigualdad en el país, dirigir los esfuerzos a compromisos financieros de verdad relevantes. La ayuda humanitaria que da México es en la región, como a Haití y Chile en 2010 por los terremotos. Esta ayuda asciende al 0.9% del PIB (4,800,000 dólares), según cifras publicadas en 2013, tanto en especie (solicitudes específicas y toneladas de ayuda humanitaria), como en cooperación financiera no reembolsable. Además, la Amexcid desplegó su vertiente de voluntariado, lo que hace necesaria la capacitación y condiciones de seguridad para el desempeño de sus labores.
En el segundo evento se enfatizó el papel que desempeña México como proveedor del sur y la importancia estratégica de los flujos de la CSS en los países en desarrollo. Además del enfoque regional de la cooperación mexicana, se señaló su liderazgo global en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y en la presidencia que el país asume en el Comité de Cooperación Sur-Sur, por los siguientes dos años, a través de la Comisión Económica para América Latina.
En los últimos 5 años la estructura organizacional responsable de la cooperación mexicana ha desarrollado significativamente la cooperación triangular, su diálogo con socios estratégicos, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de política pública en la transversalizacion de la cooperación a través del diálogo con diferentes actores nacionales y globales. Asimismo las propuestas del gobierno pronunciadas por Gina Casar, titular de la AMEXCID, giran en torno a tres líneas de acción específicas: el intercambio de experiencias en la implementación de la Agenda 2030, la promoción de las asociaciones multiactorales para la CSS, y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de metodologías y medición de la CSS. En paralelo, Alicia Bárcenas indicó cinco ámbitos prioritarios para un cambio en el modelo de desarrollo y en el ámbito de la cooperación: la integración de la Agenda 2030 a los planes nacionales de desarrollo y a los presupuestos; la necesidad de alinear los medios de implementación al contexto económico con la atención en ciencia y tecnología y el comercio intrearregional; el fortalecimiento de la arquitectura regional para el seguimiento de los ODS; el mejoramiento de las capacidades estadísticas de los países en el contexto de la revolución de daros; y, la plena participación de la sociedad.
Tanto la cumbre mundial humanitaria como el compromiso que adquiere la CEPAL en México, en un contexto de fortalecimiento institucional de la AMEXCID, la ejecución de su Programa, su Registro y su Fondo, obligarían al cuerpo legislativo mexicano a examinar a fondo una propuesta jurídica y administrativa para que el país cuente con una partida presupuestal exclusiva de cooperación internacional para el desarrollo, o bien, se incremente de manera significativa el presupuesto actual, que sea correspondiente a un país proveedor del Sur capaz y competitivo. El reto a escala mundial es el dinero y el caso de México no es la excepción. El financiamiento del desarrollo al que alude el concepto de desarrollo económico y social inclusivo impulsado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la Agenda 2030, implica compromisos políticos pero sobre todo de planificación de política pública y por lo tanto, de compromiso financiero.
El debate actual ya no está en si México es dual, seguirá así, o si será donante neto de cooperación en el largo plazo, sino en el cómo hacer más y mejor mientras fortalecemos nuestras capacidades individuales, institucionales y sociales; en cómo incrementamos y sobre todo distribuimos los recursos en un entorno de recursos financieros cada vez más escasos; en fortalecer al voluntariado, al tercer sector, hacerlos partícipes y sensibilizar a la sociedad de la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo.
La integración de la seguridad en la cooperación internacional se ha incrementado frente a situaciones de violencia, inseguridad, desplazamientos masivos, refugiados y asilados; esto, sin detrimento de otras situaciones sociales como los secuestros de nacionales y de migrantes, la abducción por el crimen organizado.
La cooperación internacional para el desarrollo no se traduce en pedir financiamiento ni detonar proyectos deliberadamente; es un ejercicio de planificación para poner en marcha una serie de elementos concatenados que implican sensibilización, capacitación, gestión, visión estratégica y desarrollo de la vocación local. Ambos eventos dan cuenta de la importancia de la región latinoamericana para la política exterior, así como de los desafíos institucionales y financieros que significan para el país; también ameritan una sensibilización y participación tanto de la sociedad como los cuerpos parlamentarios, a fin de asegurar presupuesto y coordinación de políticas que lleven estas propuestas a buen puerto.
*Citlali Ayala Martínez es profesora investigadora del Instituto Mora, especialista en cooperación internacional para el desarrollo; es internacionalista por la UNAM y candidata al doctorado en Estudios del Desarrollo por la Universidad del País Vasco.