A más de tres semanas de la masacre en Iguala, con la zozobra y el dolor de las familias a cuestas por la muerte de seis jóvenes y la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, el país vive uno de los momentos más tristes y de mayor indignación  ante la evidencia de un ataque violento perpetrado por policías, autoridades y políticos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada; y ante el  fracaso  de los operativos de búsqueda, lo que, al correr de los días, aumenta la desilusión y el coraje de los ciudadanos ante  la perplejidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

 

A la pérdida de vidas y desapariciones forzadas se agrega la grave crisis política que domina y paraliza a las autoridades del estado de Guerrero; así  como el severo golpe a las instituciones nacionales encargadas de la seguridad, la política interior y la procuración de justicia, las cuales, en un sólo acto quedaron cuestionadas y obligadas a enfrentar con sensibilidad y con la fuerza de la ley y en el marco de las instituciones la respuesta a los reclamos de justicia y el reconocimiento a una realidad que contrasta, con mucho, con la narrativa festiva de la solución mediática de la inseguridad y la ilusión creada de que aquí no pasa nada.

 

En medio de la crisis institucional preocupa el camino de la violencia que han tomado muchas de las manifestaciones y exigencias de justicia lo que, de no ser atendido y encauzado, puede generar una doble victimización y nuevas crisis sociales o políticas de alcances impredecibles.

 

Por ello, son de atenderse los llamados que se han hecho para mantener la calma y la confianza en las instituciones y sobre todo la insistencia del Partido Acción Nacional para que la búsqueda de la solución a la grave crisis de gobernabilidad que existe en el estado de Guerrero, incluido el debate sobre la renuncia del gobernador, se dé en el Congreso, particularmente en el Senado de la República, sede por excelencia de la representación del pacto federal. Por supuesto que este no es un tema sencillo ya que hay visiones encontradas sobre el futuro del gobernador y de los poderes del estado; sin embargo, es ahí donde se puede encontrar una parte importante de la solución y no en la violencia callejera o en la manipulación y el lucro político partidista o de grupo en esta delicada situación.

 

En medio de la confusión conviene no perder de vista que la prioridad es encontrar a los muchachos con vida, saber qué fue de ellos y conocer la verdad sobre este brutal ataque, lo cual debe hacerse preservando nuestras libertades y el Estado de derecho. Una y la otra cosa son importantes pues la defensa de la vida y el castigo a los delincuentes en las sociedades democráticas sólo se garantiza, aún en las peores circunstancias, en donde hay conciencia de la libertad y respeto a la legalidad y al Estado de derecho, de otra forma predomina el odio, la destrucción sin límite, la barbarie y el ocaso de los países y las civilizaciones.

 

En las próximas horas y días conoceremos el desenlace de ambos acontecimientos, por lo menos así lo esperamos, dado el involucramiento de toda la fuerza del Estado para encontrar a los desaparecidos y esclarecer las responsabilidades ante estos delitos de lesa humanidad.

 

Luego de lo que ha sucedido nada será igual, habremos de imaginar nuevas rutas y tiempos, nuevas expresiones y actitudes más acordes con la realidad del país,  para abrir cauces a la agenda de la libertad, la justicia, el Estado de derecho y la paz. En esto será fundamental la participación de la sociedad organizada y de los gobiernos, quienes lejos de la comodidad y la auto complacencia  debemos asumir en conjunto la parte que nos toca. No hay ni puede haber espacio para la frivolidad o el triunfalismo, no hay lugar para las pequeñas agendas insulares de quienes piensan que pueden sustraerse a esta cruda realidad cuando en verdad el deterioro de la agenda pública y las debilidades institucionales son un mal general del país al que todos hemos contribuido y en cuya solución todos podemos participar.

 

En alcance de una agenda por las libertades y el Estado de derecho, una vez atendidas las prioridades referidas, se advierte de inmediato la necesidad de asegurar la vida institucional en el estado de Guerrero y de fortalecer los vínculos, en el marco del pacto federal, con todos los estados de la República, en especial con los que enfrentan serias amenazas de la delincuencia organizada o que viven bajo presión de fuerzas disruptivas o desestabilizadoras.

 

A la par, el Congreso habrá de resolver en los próximos días diversas iniciativas entre las que destacan la ley de niños, niñas y adolescentes; la creación del anunciado sistema nacional anticorrupción en el que se garantiza la participación ciudadana; el blindaje electoral para las elecciones del año próximo; así como el paquete económico para el 2015 que ahora se debate.

 

Adicionalmente habrá que alcanzar un acuerdo amplio, un nuevo pacto social y político, que trascienda los procesos electorales y los ciclos administrativos de los  gobiernos federal y locales y que contenga una agenda de compromisos concretos de aplicación inmediata en defensa de las libertades y a favor del estado de derecho, en especial, contra la impunidad y la corrupción que nos aquejan.

 

@MarcoAdame



Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información