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Ley Telecom, rechazo casi unánime

Por donde se le vea la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión contiene en su mayor parte fallas que ponen en riesgo los derechos informativos reconocidos en la constitución y la posibilidad de contar con una competencia efectiva en el sector

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Escrito en OPINIÓN el

En mi anterior colaboración le comenté a grandes rasgos los derechos vulnerados y las inconstitucionalidades de la propuesta presidencial, que además también infringe estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Aquí le presento alguno de ellos:

1. Al limitar las facultades sustantivas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), diluye el gran avance que significó la autonomía constitucional del órgano regulador, que suponía un modelo innovador en América Latina y de cumplimiento al más alto estándar internacional del Sistema Interamericano de derechos humanos que establece: “[…]En particular es fundamental que los órganos de regulación o fiscalización de los medios de comunicación sean independientes del Poder Ejecutivo, se sometan completamente al debido proceso y tengan un estricto control judicial”[1]. Suficientes ejemplos tenemos en nuestra historia de la injerencia indebida del ejecutivo al administrar de manera discrecional y arbitraria las frecuencias del espectro radioeléctrico que son un Bien del Dominio de la Nación, por lo que ahora está en riesgo ese avance histórico.

2. Por el aporte que significa a la pluralidad en cualquier sistema de medios, organismos de derechos humanos han recomendado el reconocimiento de los medios de uso social, comunitarios e indígenas, y aunque el 6º constitucional por primera vez les da ese reconocimiento de existencia, la propuesta de Peña Nieto impone criterios discriminatorios dejándolos en una alta incertidumbre jurídica, violando los mínimos estándares del Sistema Interamericano tanto en el acceso a las frecuencias[2] como en las condiciones para su desarrollo tal como lo establece la Declaración Internacional sobre Diversidad en la Radiodifusión[3]:“La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad”.

Incluso para fortalecer a este tipo de medios y equilibrar las asimetrías en la radiodifusión es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Naciones Unidas recomiendan a los Estados la reserva de al menos un 30% del espectro para este tipo de medios.

3. En el mismo sentido los Relatores de Libertad de Expresión han emitido recomendaciones sobre los medios públicos al determinar que “se requieren medidas especiales para proteger y preservar los medios públicos en el nuevo espacio radioeléctrico. El mandato de los medios públicos debe estar claramente establecido por ley y debe incluir, entre otros, el contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer diferentes tipos de programación, dar voz a y satisfacer las necesidades de información e intereses de todos los sectores de la sociedad. Se deben explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandado de servicio público, que sea garantizado por adelantado para periodos de varios años y que sea ajustado de acuerdo a la inflación”.

Al respecto la iniciativa del gobierno deja a este tipo de medios sin independencia editorial y les limita las fuentes de financiamiento obligando a su dependencia al presupuesto gubernamental.

4. En el paquete de iniciativas el Ejecutivo “olvidó” incluir la ley reglamentaria del derecho de réplica, uno de los derechos básicos de libertad de expresión y de las audiencias que la Constitución establece y es reconocido por el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

5. Las disposiciones establecidas para poder bloquear el servicio de internet y comunicaciones bajo supuestos vagos de “violar alguna normatividad” o en “situaciones críticas de seguridad pública o nacional”, van en contra del artículo 13 de la CADH al ser una restricción desproporcionada e innecesaria para la consecución de sus fines que pueden dar lugar a la censura previa. La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de los Relatores de Libertad de expresión en el mundo del año 2011 establece que: “La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”.

6. Sobre la intervención de llamadas telefónicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado, que los datos de una comunicación deben ser protegidos, por lo que su intercepción, almacenamiento, tratamiento y acceso, debe contar con autorización y controles judiciales como lo marcan los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.

Lo cierto es que la iniciativa ha causado un rechazo casi unánime, algunos actores lo han hecho con energía, mientras otros aunque de manera tibia y con exceso de cautela como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), también lo han hecho.

En las 16 observaciones planteadas por el IFT el pasado 4 de abril a la Cámara de Senadores marcan sus desacuerdos, aunque enredan lo que se propone en la iniciativa oficial y otras iniciativas en el Congreso sin atreverse a enunciarlas por su nombre, como la Iniciativa Ciudadana encabezada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información o la del Partido de la Revolución Democrática.

Entre otros actores que recientemente se pronunciaron en contra de la propuesta gubernamental esta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que encabeza Perla Gómez, que con toda claridad expresa que contiene disposiciones que son contrarias a los derechos humanos y les recuerda a los legisladores que el artículo 1º los obliga a incorporar los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia. Esta declaratoria contrasta con el silencio que ha mantenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con todo y su autonomía no es capaz, por lo menos hasta hoy, de emitir una opinión ante una propuesta de ley que afecta una de las piedras angulares de la democracia que es la libertad de expresión.

En su ámbito de competencia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también emitió una serie de observaciones a la ley, por considerar que afecta la eficaz competencia, sin embargo, días después el 9 de abril, retrocedió con un nuevo comunicado resaltando los “aciertos” de la iniciativa, lo que dejó a este organismo internacional en un dilema de credibilidad, pues la apreciación es que se dejó presionar por el gobierno mexicano para desdecirse de su primera comunicación oficial.

La sociedad se organiza

Afirmó un senador, de cuyo nombre no quiero acordarme, “que ahora salieron muchos expertos de telecomunicaciones” con la intención de descalificar a las voces críticas. No se necesita ser experto en la materia para saber que se violan nuestros derechos. Por esa conciencia es que la semana pasada salieron colectivos de jóvenes a protestar a las calles el 10 de abril exigiendo la libertad de información en Internet, la convocatoria circuló de manera significativa bajo el hashtag #NoMásPoderAlPoder. Sectores de la sociedad de las más diferente índole también atendieron la invitación para la conformación del Frente por una Comunicación Democrática el pasado 11 de abril, convocado inicialmente por Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Javier Corral, un espacio en el que convergen los esfuerzos de la ciudadanía para evitar el atropello que significa la ley que deberá de discutirse en el Senado.

El Ejecutivo envió la iniciativa con casi cuatro meses de retraso y ahora presiona para que sea aprobada sin mayor análisis en este periodo de sesiones. La pelota esta en la cancha del Senado quien deberá dictaminar la iniciativa con las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, la de Comunicaciones y Estudios Legislativos. Tanto legisladores del Partido de la Revolución Democrática como de Acción Nacional han manifestado que de ser aprobada en sus términos irán a una acción de inconstitucionalidad y aunque intentan que haya un periodo extraordinario, el partido gobernante junto con sus aliados del verde ecologista pueden mayoritear para que el Congreso, como en los más viejos tiempos autoritarios, actúe de acuerdo a los designios presidenciales renunciando a su contrapeso como poder el Estado.

Aleida Calleja

@callejag