La semana pasada fue un claro ejemplo de lo que le acabo de mencionar respecto de la tan retardada ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la iniciativa gubernamental ha provocado un amplio rechazo porque simplemente no cumple, ni de lejos, con lo establecido en la Constitución y mantiene disposiciones que son violatorias de los derechos que se supone debería garantizar en términos de las libertades de expresión e información.
Estamos ante una oportunidad histórica que el gobierno y la clase política están desperdiciando, pues hay que recordar que uno de los principales pendientes de la transición democrática en nuestro país siempre fue el de la reforma de los medios, tuvimos que esperar más de 30 años para que se diera una reforma constitucional como la que se aprobó el año pasado en la materia y ahora que se puede concretar simplemente el gobierno abdica de ese espíritu reformador, mientras las principales fuerzas políticas de oposición no son capaces de generar una alianza que impida la aplanadora del partido en el poder en el Congreso. La falta de acuerdos entre esas fuerzas políticas está haciendo posible que el gobierno opere con éxito la imposición de sus iniciativas de ley.
Aunque existen otros proyectos de ley convergente en telecomunicaciones y radiodifusión, como el encabezado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, simplemente son ignorados por los partidos políticos que insisten en seguir discutiendo solamente sobre la propuesta gubernamental, la cual hay que hacerle una cirugía reconstructiva mayor, porque tiene fallas tan graves y profundas de origen, como por ejemplo la ausencia de la noción mínima del servicio público que permea todos los temas en discusión.
Las semanas que vienen serán cruciales para la definición de esta ley, en la que nos estamos jugando el presente y el futuro del país, y aunque se piensa que existe una deliberada intención de hacerlo en pleno mundial de futbol para que la sociedad no esté atenta al proceso, lo cierto es que muchos grupos y organizaciones de la sociedad se están preparando para exigir una ley que responda a las demandas sociales de garantía de derechos.
Así como diversa es la sociedad también son diversas las iniciativas que van desde las manifestaciones en las calles, campañas informativas en las redes, creación de capítulos en los estados como lo está haciendo el Frente por una Comunicación Democrática, entre otras acciones, que más allá de énfasis y matices que cada colectivo elabora en función de sus intereses, al final tienen una coincidencia, la ley que se debe de aprobar no puede ser la presentada por Enrique Peña Nieto, que refleja en su conjunto el regreso de las componendas entre el poder mediático y el gobierno en turno, que tanto daño ha hecho a la democracia en nuestro país durante décadas.
Asfixiar a los medios comunitarios que tanto han demonizado los empresarios de la radio, marginar a los medios públicos, permitir la propiedad cruzada de medios, obviar los derechos de las audiencias, limitar los de los usuarios, violar la neutralidad de la red, ahorcar a la producción independientes, permitir que los actuales concesionarios comerciales de la radiodifusión mantengan intactos sus intereses, no imponer límites a la concentración, entre otros temas, es el triunfo de ese poder mediático contra la sociedad, es la cesión del gobierno con miras a la utilización de ese aparato de medios para mantenerse en el poder como lo hizo con anterioridad durante más de 70 años.
La CIRT discurso anquilosado
Mientras la sociedad ha cambiado y presenta argumentos para que la ley mejore, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) sigue con discursos anquilosados de hace más de 50 años, como afirmar que la posibilidad de que los medios sociales, comunitarios y públicos comercialicen es una “competencia desleal”; lo desleal y escandaloso es que crean que sólo ellos tienen derecho a contar con recursos legales y legítimos para su existencia, mientras las comunidades sólo tienen derecho a las migajas que les quieren dejar, o sea ellos son ciudadanos de primera, pero los indígenas, campesinos, entre otros grupos ciudadanos de este país somos de quinta.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com
Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM)