México y el estado de Guerrero deben convertir una amenaza en una oportunidad. Ya se ha pagado una cuota de sangre altísima y las consecuencias del prohibicionismo extremo están a la vista.

 

El consumo de drogas no es una situación nueva para la humanidad; desde un sentido estricto, podríamos afirmar que todas las culturas han recurrido al uso de sustancias que alteran la conciencia.

 

Sin embargo, las consecuencias del consumo de estupefacientes en otras épocas, difiere de las consecuencias que enfrentamos en la actualidad.

 

El siglo XIX marcó un punto de inflexión en el consumo de drogas luego de la crisis de opio en China, que llevó a la creación de un consenso punitivo sobre la oferta y la demanda de estupefacientes, nacido en la Convención Internacional del Opio de 1912, desarrollado paso a paso entre 1949 y 1961, y asumido por todos los países signatarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998.

 

A partir de ese entonces, el consumo de narcóticos en México se ha visto envuelto en un halo de perjuicios y censura que han sancionado negativamente su condición terapéutica.

 

La historia oficial se ha empeñado en sepultar los capítulos de nuestra historia en que eran legales algunas drogas que hoy son prohibidas, soslayando también el hecho de que durante la Colonia, las drogas eran permitidas y no producían corrupción ni violencia.

 

En el siglo XIX tampoco producían corrupción ni violencia. La discusión sobre las drogas se centraba en la salud, era una discusión farmacológica, más propositiva.

 

Sin embargo, grupos del poder fáctico vieron en las drogas un gran negocio. Aunado a las presiones del gobierno de Estados Unidos para imponer en México la política prohibicionista, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo que recular, a pesar de que había legalizado el consumo de drogas durante algunos meses en 1940.

 

Los resultados mexicanos en detenciones, decomisos o capturas de capos son notables. La irrelevancia de esos logros, también. Todas las operaciones policiacas, las detenciones, campañas y muertes, no han servido para reducir el flujo nacional e internacional de estupefacientes producidos de manera ilegal en nuestro país.

 

Según la Organización de la Naciones Unidas, en 2008, diez años después del acuerdo universal de prohibición, entre 155 y 250 millones de personas eran consumidoras de estupefacientes, es decir, entre 3.5% y 5.7% de la población mundial.

 

La tendencia prohibicionista, por otro lado, creó mercados muy rentables para los traficantes nacionales y los proveedores internacionales, añadiendo daños colaterales, principalmente en los países productores, convirtiéndolos en verdaderos escenarios de la “guerra contra las drogas”.

 

Según un reporte de la organización Human Rights Watch, la guerra contra los cárteles del narcotráfico en México de 2006 a 2012, dejó más de 60,000 muertos. Sin embargo diferentes estimaciones hablan de más de 100 mil personas asesinadas en esta batalla incesante.

 

Otra de las consecuencias derivadas de la prohibición de drogas en México, es la crisis humanitaria que viven cientos de miles de desplazados internos por la violencia en el marco del combate al narcotráfico.

 

La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) calcula que al menos existen 281 mil desplazados por culpa de la violencia relacionada con grupos criminales. Sin embargo, este conteo se realizó tomando en cuenta éxodos de comunidades completas y no contempla el registro de casos “gota a gota”, que por su naturaleza, se trata de personas o familias que se mueven pero no dejan rastro para no ser perseguidas.

 

Guerrero, se ha vuelto la zona más violenta de México. Según datos oficiales, su tasa de homicidios en 2014 fue de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el triple que la media nacional.

 

Los resultados de la estrategia prohibicionista, comparados con los altos costos que ha cobrado, hacen evidente su ineficacia en la lucha contra las drogas. Por ello, es necesario plantear una nueva ruta desde un enfoque sanitario que regule la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo del opio y sus productos derivados, para emplearse como medicamentos analgésicos contra  el dolor que supera el umbral de acción de los calmantes tradicionales, siguiendo el modelo de éxito empleado en la India, el mayor productor legal a nivel mundial y el único que produce opio a la manera tradicional de la incisión.

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, ha sostenido que los medicamentos derivados de los opiáceos como la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la buprenorfina resultan más eficientes que los analgésicos comunes como el paracetamol o los fármacos antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento del dolor moderado a intenso[i].

 

Sin embargo, los beneficios terapéuticos de los medicamentos derivados del opio no han logrado superar las barreras impuestas por el consenso punitivo del uso de drogas, abonando al desabasto mundial de medicamentos contra el dolor[ii].

 

Por ello, con la intención de promover el acceso a medicamentos derivados del opio que atiendan la demanda existente en nuestro país y para impactar el mercado ilegal de la amapola, los diputados de Movimiento Ciudadano en Guerrero propusimos, a través de una iniciativa legislativa que buscamos haga suya la legislatura local y que se presente al Congreso de la Unión, en términos del artículo 71 de la Constitución Federal, una modificación gradual al marco normativo, modificando en una primera etapa tres instrumentos legales, a decir: Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

 

Con ello, existe la posibilidad jurídica para que nuestro país legisle para regular el cultivo y producción de materias primas, importación y exportación de medicamentos derivados del papaver somniferum o adormidera.

 

Por otra parte, la regulación del cultivo de amapola presupone beneficios económicos para Guerrero, pues las condiciones económicas, geográficas y físicas del estado lo convierten en el más importante productor de amapola y de goma de opio ilegal en nuestro país.

 

Con la legalización de la siembra de amapola, es esperable que se generen beneficios económicos para los agricultores que la cosechen, asimismo se prevé que la producción se realice en lugares donde ya existe un conocimiento de su producción, genere un aumento de empleos y de las rentas que se generen por esta nueva actividad lícita.

 

El momento que actualmente enfrentamos nos obliga a tomar medidas extraordinarias que venzan paradigmas morales en beneficio de realidades que ética y numéricamente beneficien a nuestro país.

 

Han sido largos años de violencia y estrategias fallidas que han cobrado la vida de miles de mexicanas y mexicanos sin que hasta ahora se realice una verdadera transformación legal que produzca seguridad y prosperidad en nuestro país.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

[i] Escalera Analgésica de la Organización Mundial de la Salud.

[ii] Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, existen 5,500 millones de personas (tres cuartas partes de la población mundial) no tienen acceso a medicamentos contra el dolor.



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