El sentido común de la sociedad sostiene que en el país se lee muy poco porque los libros son caros, tema en el que hay mucho qué decir. Estamos frente a un círculo vicioso que debemos enfrentar y tratar de romper con el fin de avanzar en la aspiración de lograr un país de lectores. El razonamiento de libros caros igual a no lectura o a lectura con libros piratas, es una disyuntiva a la que nos enfrentamos día con día los editores, los diversos actores del mundo del libro. La capacidad de distribución editorial en el país es limitada, porque limitados son los puntos de venta existentes en el país, y no hemos sido capaces de construir alternativas diferentes, lógicas diferentes, que pudieran solventar el tema.
Así, tal y como en muchas ocasiones lo ha dicho Jesús Anaya, la piratería surge en los lugares que él llama los “espacios de demanda suprimida”; es decir, esos lugares en donde los editores no entramos, ya sea porque hay altos niveles de violencia, o de inseguridad, por ejemplo. Y como una ley de la física, si hay un espacio vacío ese espacio se llena, y entonces siempre habrá ahí una oferta que si bien pareciera cubre una necesidad, en realidad sólo socava la legalidad y la distribución efectiva de los libros.
¿La piratería es responsabilidad de los editores?
No, lo que hay es un desinterés histórico, como comenté en la entrega anterior, que hace que la cultura esté escondida y que sirva en muchas ocasiones sólo para los discursos. Las cifras de lectura no sirven ni siquiera para la construcción de políticas públicas “porque somos un país con muchas necesidades”, y lo curioso es que no pareciera que la lectura fuera una de esas, básica. El discurso sobre el hecho de que los libros son gratis, o que su reproducción debe ser libre parte de, cuando menos, una premisa equivocada: la universalidad del conocimiento; el derecho que todos tenemos para acceder a él (lo que no significa que deba ser gratis siempre). Se olvida, sin embargo, que entre el autor (y sobre la premisa anterior hay que preguntarse entonces si el autor existe) y el lector, hay una cantidad de personas que hacen posible que un libro pueda llegar a su destino.
Considerar que el autor, el escritor, entrega una obra lista para ser leída, es una fantasía. Todo trabajo requiere de la participación de especialistas: en corrección, en redacción, en diseño, en tipografía, en ilustración, en impresión, en encuadernación. El escritor hizo su trabajo, siguen los editores y sus equipos, los impresores, los encuadernadores y, sobre todo, debe seguir la distribución adecuada, amplia, pero, gran problema, no hay dónde distribuir los libros; las librerías son escasas y no tienen capacidad para recibir todos los libros que se publican.
La cultura y su derecho
Hablar del derecho a la cultura sin aportar los elementos básicos para poder ejercer ese derecho, que es también parte de los derechos humanos, es estar haciendo demagogia. El Estado es responsable de poner a disposición de la sociedad los elementos que hagan posible el ejercicio de los derechos. Las modalidades de cómo los pone a disposición pueden discutirse, pueden acordarse entre los diversos actores sociales, lo peor es no hacer nada y dejar que la verborrea ocupe el espacio de los compromisos. En esta oportunidad que hay de actuar para construir una constitución progresista, la cultura, en todas sus expresiones debe ocupar un lugar central.
Y no debe ser en términos enunciativos nada más sino en términos prácticos, con la delimitación de facultades y de participación de las autoridades y de la sociedad, todos como actores y no unos como sujetos y los otros como objetos. Si este constituyente no se atreve a dar pasos reales para que la cultura se pueda ejercer (y hablo de la cultura en su expresión más amplia y no de una cultura “culta” o una cultura “popular”, criterios que hasta ahora han sido determinados los que no se consideran sólo gestores sino la propia cultura) no valió la pena el esfuerzo. Atreverse sería la premisa: reconocer las culturas, la diversidad.
Además…
El diálogo, para que lo sea, es un hecho en el que intervienen dos personas, cuando menos, con la voluntad de sentar posiciones, confrontarlas, discutirlas y llegar a acuerdos. Para que haya diálogo, por tanto, se requieren dos voluntades sin limitaciones, con disposición, con la intención de reconocer al otro, una y mil veces si es necesario. Poner como condición previa que no se discutirá el punto fundamental evita el diálogo y sólo se reduce a un “los escucho pero no los tomo en cuenta”, muy cercano a lo que en su momento decía Salinas de Gortari de “ni los veo ni los escucho”; es decir, a la intolerancia de la que acusan a los otros.
¿Qué impide discutir la reforma Educativa? ¿Tan grave es el asunto para no dar la posibilidad de escuchar, confrontar, discutir, dialogar, sumar, reducir? La falta de diálogo se traduce en intolerancia y ésta siempre trae malos resultados. ¿Queremos despertar la barbarie? ¿Quién es responsable? Estoy seguro que no lo es quien defiende sus derechos (que no canonjías) y que no tiene con quién dialogar.
Facebook: carlos.anayarosique
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(Advertencia: La única intención de esta columna es llevar al espacio público una serie de reflexiones que buscan aportar elementos para la construcción de propuestas y alternativas de solución. Esta opinión no intenta ser criterio de verdad.)