La primera sorpresa que genera el debate actual sobre las gasolinas es justo que los legisladores se sorprendan del incremento. La banda que autoriza a la Secretaría de Hacienda a incrementar el precio, cuando lo hacen los precios internacionales del petróleo, fue aprobada por todos los partidos, excepto Morena, sin discusión alguna, el 29 de septiembre de 2015 en la Cámara de Diputados cuando se aprobaron modificaciones a la Ley de IEPS. Esos mismos partidos votaron en lo general a favor de las leyes de ingreso de 2016 y 2017 que claramente establecen una recaudación del IEPS de gasolinas de alrededor de 1.5% del PIB. Es decir, en el Congreso se acordó que fuera un impuesto especial sobre gasolinas el que compensaría parte de los menores ingresos públicos por petróleo y la relativamente poca recaudación que generó la reforma tributaria. Era claro que el evidente incremento en el precio del petróleo y del tipo de cambio, con base en la formula aprobada, generaría incrementos importantes en las gasolinas ya en el mes de enero. Esos aumentos tampoco podrían haber sido compensados con la liberalización de la importación del combustible, ya que por un lado el margen de reducción del precio es bajo debido al alto impuesto y, por el otro, ni el gobierno cuenta con los instrumentos de regulación adecuados, ni los privados han invertido en la infraestructura de almacenamiento y distribución necesaria.

 

La segunda sorpresa es el argumento de que el incremento de los precios no tiene que ver con la reforma energética. Tiene que ver primero que nada porque el gobierno promovió dicha reforma con el argumento literal de que su propósito era el que las gasolinas bajaran. En realidad, el gobierno mentía de manera premeditada. Su propósito era el de establecer un mercado de distribución de gasolinas que facilitara su importación y sacara a Pemex de ese negocio, ya que en el fondo la reforma energética parte del supuesto de que la rentabilidad de Pemex está en la extracción y no en la transformación de energéticos. Se está generando un sistema para que el precio de la gasolina refleje los precios de distribución, eso podría eventualmente reducir precios en grandes ciudades o en la frontera, pero incrementarlos de manera permanente en comunidades alejadas y en el sur del país. Aparentemente, los privados que ya distribuyen gasolina, ya lograron acaparar por unos días la gasolina en diciembre, para intentar venderla más cara en enero. En ocasiones, la mejor solución no es la de mercado, especialmente cuando el Estado esta capturado y no es capaz de regular.

 

La decisión de dejar de invertir en producción de petróleo y dejar que las refinerías nacionales no alcancen sus máximos de producción obligó a importar cantidades crecientes de gasolina. De hecho, una de las razones de la balanza comercial negativa del país, en plena devaluación, es justo la importación creciente de energéticos. Eso a su vez genera presiones al alza del tipo de cambio, que, debido al dólar más caro, encarece las gasolinas importadas y, de acuerdo con la fórmula aprobada por los diputados, se refleja en un mayor precio al consumidor. Además, debido a la reforma energética, Pemex ha reducido de manera substancial sus inversiones en exploración y extracción de crudo, que tampoco han desarrollado los privados, por lo que la plataforma petrolera se ha caído en alrededor de medio millón de barriles diarios. Es decir, no solamente tenemos menos ingresos públicos debido a que se cayó el precio del petróleo, sino también a que producimos menos, lo que ha obligado a generar otras fuentes de ingreso, como gravar cada vez más a las gasolinas, por ejemplo.

 

La tercera sorpresa es sobre las consideraciones con respecto a las consecuencias del incremento. Es verdad que en general se exagera el efecto del incremento del precio de la gasolina sobre la inflación. En los dos últimos años el costo al público de dicho combustible creció de manera importante y no así el índice general de precios. Sin embargo, los incrementos de enero de 2017, de alrededor de 20%, sumados a las presiones de precios acumuladas por la devaluación del peso, definitivamente van a generar que el incremento de precios sea de alrededor del doble de lo que se ha registrado en los últimos años. En ese escenario, el Banco de México seguramente incrementará aún más las tasas de interés, lo que se va a traducir en menor crecimiento económico. El menor crecimiento también será generado por el menor ingreso disponible que tendrán las familias después de pagar altos impuestos a las gasolinas. Por cierto, los subsidios a las mismas se establecieron en México y en Estados Unidos a mediados de la década pasada como una medida de impulso económico ante la crisis global. Por otro lado, un impuesto de tal magnitud que grava el consumo sí tendrá efectos negativos en la distribución del ingreso. De acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda la mitad del gravamen lo paga el decil 9 de ingreso, personas que ganan entre los 30 y los 15 mil pesos al mes, que ahora pagan en conjunto algo así como 130 mil mdp adicionales de impuestos al año.

 

Se dice que los mayores precios a las gasolinas van a tener efectos positivos en términos ambientales. Eso es poco probable. Es probable que algunas personas busquen adquirir autos que ahorren más combustible y traten de utilizar más el transporte público. El problema es que como la medida no forma parte de un programa serio de reducción de emisiones, las alternativas de los ciudadanos son reducidas. En muy pocas ciudades se ha invertido en mejorar la oferta de transporte, un número muy reducido de ciudadanos tienen acceso a un crédito para un auto nuevo que use menos gasolina y prácticamente nadie puede adquirir un auto híbrido o eléctrico. De nuevo, son las personas de ingreso medios-bajo las que tienen menos opciones a su alcance y tienen que recurrir al uso de autos poco eficientes en el uso de combustible para realizar actividades indispensables para su vida laboral y familiar. Los ingresos que se generan por el incremento al precio de la gasolina no se van a destinar a la inversión en transporte o energía verdes, de hecho, toda la inversión del gobierno se va a disminuir de manera drástica en 2017.

 

Sorprende que sorprenda la indignación que se genera por el anuncio de incremento. A la población se le mintió con una reforma energética que no se proponía a bajar los precios de las gasolinas, sino dejarlos a merced del mercado, una vez que se cobrara el impuesto que era necesario generar, ante la pérdida de ingresos para Pemex. Sorprende que los políticos que conscientemente apoyaron este esquema de determinación de precios no defiendan sus votos en las cámaras o al menos admitan que se equivocaron y ofrezcan alternativas. Buena parte de lo que está sucediendo es producto de la falta de control político y de rendición de cuentas que ha dejado de ejercer el Poder Legislativo en México. Algo tan serio como la banda que sirve para determinar el precio de las gasolinas no fue discutido en la Cámara de Diputados, a la minuta que llego del Senado el 29 de octubre de 2015 se le dispensaron todos los trámites, no se envió a comisión y se le obvió la primera lectura. Es decir, los diputados avalaron (los de Morena votamos en contra) lo que el gobierno hoy hace con las gasolinas, pero nunca discutimos, al menos de manera pública, sus consecuencias para la población.

 

@vidallerenas

@OpinionLSR

 

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