Con la aprobación de las leyes secundarias de telecomunicaciones y el inicio de la discusión de las energéticas, entramos a la recta final de esta primera generación de reformas estructurales; la agenda reformista más significativa de los últimos veinticinco años, acordada en el Pacto por México y procesada en el Congreso de la Unión durante los últimos dieciocho meses.
La apuesta ha sido alta, las principales fuerzas políticas y el gobierno de la República decidieron sorprenderse y sorprender gratamente al país y pactaron en público, ante la incredulidad y el asombro de muchos, noventa y cinco compromisos entre reformas constitucionales, cambios legales y políticas públicas; un poco después, firmaron nuevamente en público, un Addendum de catorce compromisos que marcaron prioridades y orden de prelación para la aprobación de las reformas político y electoral sobre la de energía.
En todos los casos, no sin momentos de crisis y grandes dificultades, se ratificó la voluntad política de las partes con una agenda de gran calado, orientada a fortalecer la vida institucional y a recuperar la rectoría del Estado frente a los poderes fácticos. Se asumió explícitamente el reto de consolidar las transición política de nuestro país a la democracia, para superar lo que Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, llama los "vacíos de poder", propios de una transición inacabada y que sólo pueden ser superados con controles judiciales, patrimoniales, sociales y de la corrupción para hacer de nuestra hora un tiempo de oportunidades, de paz, justicia y desarrollo.
"Alea jacta est" dijo Julio César en el 49 ac, cuando decidió cruzar el río Rubicón y enfilar sus ejércitos hacia Roma, sabiendo que la suerte estaba echada y que, dado el paso, no había más alternativa que vencer o morir. Siguiendo esta analogía, no es exagerado decir que con esta primera generación de reformas en materia educativa, financiera, de competencia económica y telecomunicaciones, la político electoral y la muy próxima en materia de energía como país hemos cruzado el Rubicón; y que tal y como sucedió en aquel pasaje de la historia universal, deberíamos asumir que no habrá marcha atrás, que no se puede retroceder porque los márgenes de maniobra para nuestro país ya son muy estrechos, porque la liga ya se ha estirado demasiado y la presión sobre la mayoría de la población aumenta peligrosamente. Que no se debe fallar porque no es justo, porque están en juego los derechos humanos fundamentales y las aspiraciones más sentidas de los mexicanos.
Si tales son las implicaciones, hay que preguntarnos qué hace falta para concretar la alta expectativa derivada de las reformas. Sobre todo porque, como bien se ha dicho, estos cambios legislativos no son la panacea, ni ocurrirán de la noche a la mañana; acaso representan el detonador, la condición básica para concretar las grandes transformaciones que se necesitan para modificar la realidad, para pasar de un presente de estancamiento económico, inseguridad e inequidad a un futuro con educación de calidad, crecimiento económico sostenido no menor al 5%, seguridad y justicia.
La respuesta está en la implementación de las reformas con la participación activa e informada de la sociedad organizada, a tal grado que si esto no sucede, si todo se lo dejamos al gobierno, existe un alto riesgo de que los cambios se frustren, que todo este nuevo andamiaje legislativo quede reducido a un revisionismo "gatopardista", agotado en los estrechos linderos del sexenio y sin consecuencias positivas para el desarrollo, aún más, con graves daños para la presente y futuras generaciones. Garantizar la participación ciudadana en la etapa de implementación es también una forma de reivindicar a los ciudadanos y organizaciones quienes, durante la etapa de negociación de las reformas, denunciaron no haber sido tomados en cuenta y exigieron por diversas vías su lugar en la mesa de los acuerdos.
¿Por qué depende en tal medida el desenlace reformista de la participación ciudadana y no tanto del gobierno? En primer lugar por la corresponsabilidad que deben tener sociedad y gobierno en la agenda del bien común. En segundo lugar por la conciencia de que en una sociedad democrática, es decir no autoritaria ni paternalista, la acción del gobierno tiene límites, lo que no excluye a la autoridad de su responsabilidad. Y finalmente, porque lo que está en juego es tan importante que no puede dejarse sólo en manos del gobierno.
El Presidente Peña ha convocado a su gabinete a concretar la implementación de las reformas. Las fuerzas políticas y las organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de pensamiento, cámaras y asociaciones y grupos de interés a todos los niveles; deberíamos convocarnos para participar en la adecuada implementación de estos cambios, para dar seguimiento y exigir con toda responsabilidad el cumplimiento de cada uno de los compromisos que han quedado plasmados en la Constitución y en las leyes secundarias.
Sólo de esta manera tomaremos las riendas de nuestro destino, sólo así acortaremos la distancia y profundidad del abismo que existe entre el México real y el México virtual que está en nuestras leyes, sobre todo después de haber cruzado el Rubicón.