Desde hace rato la seguridad interna de México es un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. En ese país se considera que la violenta actividad de los cárteles de droga pudiera extenderse del otro lado de la frontera. México es evidentemente el país que sirve de plataforma para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. En la lógica del prohibicionismo, México tendría que mantener e incluso acentuar el combate al tráfico de drogas al país vecino para detener su consumo. Además, en la lógica del nuevo gobierno de extrema derecha, la migración es también un riesgo para la seguridad, ya que los migrantes son personas de bajos ingresos, proclives a cometer delitos, y que son utilizados por los grupos criminales para sus actividades. En la lógica imperialista de Trump México está obligado y debe de rendir en su supuesta responsabilidad de combatir con fiereza el tráfico de drogas y evitar la actividad de los cárteles fuera del país,  detener a los centroamericanos que transitan por el país para llegar a la frontera, inhibir la migración de mexicanos a Estados Unidos y promover el su retorno.

 

El problema es si el gobierno mexicano ha aceptado que estos sean los términos de la relación con los Estados Unidos. Peor aún, si migración, combate a los cárteles y al tráfico de drogas sean concesiones mexicanas, a cambio de mantener el estado de las cosas en los temas comerciales. Esa podría ser la razón... supongo, que en su primera reunión en México, los secretarios de Estado y del Seguridad Interna de los Estados Unidos se reunieron con los secretarios de Defensa y Marina del país. Aparentemente, el propio Secretario de Gobernación, responsable de la gobernación y la coordinación del gabinete federal, es decir la contraparte formal de los funcionarios norteamericanos,  no acudió al encuentro. A eso también podría corresponder la prisa del gobierno para que se legisle en el tema de seguridad interior, como la manera de ofrecer la garantía de que serán las Fuerzas Armadas, las que estarán encargadas, en lo fundamental, de combatir el narco y de la propia política de seguridad del país. En ese sentido la política migratoria será de persecución a los ciudadanos centroamericanos en México. Ellos viven una crisis humanitaria en el país y deportamos alrededor de 200 mil de ellos al año.

 

Muy grave sería también que México renunciara a buscar por todos los medios revertir las recientes medidas migratorias o a defender con todos los medios posible a los mexicanos a los Estados Unidos. Por lo pronto la posición mexicana no es contundente. Se pide evitar las migraciones masivas, pero no se exige que se respeten los derechos de los connacionales. No se puede asumir que la abusiva política migratoria es un acto soberano de Estados Unidos que tenemos que aceptar y asumir. Cuando se violan derechos humanos y se pone en riesgo la seguridad y el bienestar de millones de familias, entonces una política nacional puede y debe de ser cuestionada por naciones con ciudadanos afectados. No podemos aceptar que los mexicanos son un riesgo de seguridad. Por el contrario, precisamente dada su situación de vulnerabilidad, son especialmente cuidadosos de no cometer falta alguna. Nuestra obligación es buscar por todos los medios y poner por delante en todo trato con Estados Unidos la situación de los migrantes. Eso implica dejar de criminalizar y, por el contrario, proteger a los ciudadanos de otros países en México. Es no aceptar que nosotros vamos a colaborar en la tarea de detener la migración a los Estados Unidos.

 

Lo que deberíamos tener es una discusión seria y abierta de los retos de seguridad conjunta. Aceptar que la guerra contra las drogas está perdida y que más que combatir el tráfico se requiere de alternativas para regular su comercio y reducir los riesgos y los daños, o enfocarse en el combate al lavado de dinero y al desmantelamiento de los cárteles por medio de acciones de inteligencia. Pero ese no parece ser el caso. No se conoce, por ejemplo, compromiso alguno por parte de los estadounidenses de detener el tráfico de armas en México. Por el contrario, la exigencia norteamericana parece estar en que se mantengan operativos como el que vimos recientemente en Tepic. En el que, con espectacularidad, se maximice el uso de la fuerza, sin importar que se ponga en riesgo la seguridad ciudadana. Es posible que por eso fueron citados los jefes de nuestras Fuerzas Armadas, para mostrar que se mantiene el compromiso de que sea el enfoque de maximizar el uso de la fuerza, a cargo de militares, para combatir al narco.

 

La seguridad de México no puede ser negociada con los Estados Unidos. No podemos legislar, en temas como seguridad interior, como parte de la estrategia de la relación bilateral. La seguridad en México tiene que tener como objetivo el bienestar de los ciudadanos mexicanos dentro y fuera del país. No es tampoco aceptable afectar, ni poner el riesgo, no afectar los derechos de personas de otra nacionalidad que transitan o permanecen en el país. Hacerlo es replicar las políticas de Trump en México. No es válido, bajo ninguna circunstancia, renunciar al apoyo de mexicanos acosados en otro país. Todo esto parece evidente, pero las dudas se generan ante la insensatez del discurso y las políticas de Trump y la inacción del de Peña.

 

@vidallerenas

@OpinionLSR

 

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