El gobierno Peña Nieto rebasó ya seis meses bajo acoso de la opinión pública impuesto por los vectores Ayotzinapa-Casa Blanca-crisis económica, por mencionar sólo los más evidentes. En medio del ruido interno se nos puede escapar que el impacto ha sido mucho más grave en la imagen del país en el mundo y, por tanto, en la fortaleza de la diplomacia mexicana.
Como pocas veces en nuestra historia, se cumple ahora el principio de que la política exterior es reflejo de la vida doméstica. Debilidad dentro atrae debilidad fuera. Y en medio de esa tormenta perfecta se halla el canciller José Antonio Meade.
México sumó en la semana recién terminada un nuevo diferendo con Naciones Unidas en materia de derechos humanos, ahora con el tema de la tortura. Se trata de un expediente que el país se había logrado sacudir en el pasado –con buenos motivos o sin ellos-, pero que le cae de nuevo encima, sin que desde la torre de Cancillería se haya podido hacer nada para evitarlo.
Tras varios días de tensión que quizá no tengan precedentes en la relación de México con la ONU, ayer el señor Meade reiteró en su fondo las reservas sobre el muy duro informe del relator contra la tortura, el argentino Juan Méndez, el cual describe a la tortura como una práctica generalizada en todos los niveles en México. Méndez visitó el país del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, y publicó el informe casi un año después. Sus conclusiones son demoledoras.
Pese a este contexto, ayer el canciller mexicano utilizó un lenguaje mucho más diplomático, tomando distancia de frases emitidas por él mismo en los días previos, cuando sugirió que se suspendería la colaboración con ese funcionario internacional, lo que rompería todos los códigos en la materia. Méndez también enfrió un tanto sus posicionamientos, pues había acusado abiertamente al gobierno Peña Nieto de atacarlo como un acto de distracción contra la esencia del reporte.
El subsecretario de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, quien durante meses cabildeó infructuosamente ante la oficina de Méndez la necesidad de suavizar el informe, aceptó haber fracasado en su tarea. Y centró su argumento en que el lenguaje internacional entiende como “práctica generalizada” de la tortura como un colapso pleno del Estado respectivo, en todos sus niveles y esferas, un delito de lesa humanidad, lo que en sí mismo, dijo Gómez Robledo, supondría un llamado implícito a la intervención de la Corte Penal Internacional.
Méndez declaró a la prensa mexicana no tener elementos para sostener que lo que ocurre en el país se trate de un crimen de lesa humanidad, sino de una “práctica extendida por todo el territorio y las corporaciones militares y policiales”. Por tanto, generalizada. La Corte Internacional será la que deba valorar si procede alguna intervención de su parte, según el relator. Y se declaró abierto a discutir sus posicionamientos. “Si me dan elementos de juicio para cambiar mi apreciación, la cambiaré. Nunca me han demostrado nada”.
En los días previos, personeros del gobierno mexicano libraron una batalla oculta para desacreditar no sólo el informe del relator Méndez sino a éste mismo, atribuyéndole desde conflictos de interés por haberse acercado al manejo de algunos casos concretos en México, hasta deficiencias en la aplicación de los protocolos creados por la diplomacia internacional para este tipo de informes. Circuló profusamente información periodística en donde el gobierno de Australia se dice “enfermo” ante las reiteradas críticas de Naciones Unidas –esgrimidas por el propio Méndez- contra casos de tortura en la aplicación de su política migratoria.
El informe del relator Juan Méndez delinea un escenario en el que los cuerpos de seguridad, procuración e impartición de justicia en México están dominados por policías corruptos, así como por funcionarios judiciales (peritos, forenses, secretarios), agentes del Ministerio Público y jueces cómplices.
El señor Méndez hace en su escrito planteamientos tan “poco profesionales” –según se le acusó-, como pedir que el gobierno federal devuelva al Ejército a los cuarteles y deje de usarlo para enfrentar, como ocurre notablemente desde 2007, en una guerra a los cárteles de la droga. En estos años han sido numerosos los casos de violación de derechos humanos en los que los soldados se han visto involucrados. Las investigaciones de los casos denunciados son escasas y sin afán de encontrar la verdad, sostiene el informe.
El mismo reporte pone de manifiesto lo que todos ya sabemos: Agentes de la ley que “golpean con puños, pies y palos; toques con dispositivos eléctricos (chicharra), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos (…). Estas prácticas desembocan con frecuencia en la muerte de la víctima”, alerta.
A la luz de las reacciones despertadas en uno y otro lado de este tema, el problema real parece ser que frente a un reclamo cada vez más amplio, que abarca lo mismo a la academia que a las víctimas, a los organismos de la sociedad civil que familias ignoradas, nadie en el gobierno Peña Nieto parece interesado en discutir públicamente la gravedad de la tortura en el país, como tampoco lo hace con las desapariciones forzadas, con las tumbas clandestinas o la putrefacción de las policías y de la política.
En esa omisión forman filas también organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo titular, Luis Raúl González Pérez, parece construir todos los días una brecha con la sociedad a base de burocratismo, pasividad y falta de pundonor.
Mientras dentro sean muchos los que impulsan, o aceptan, la unanimidad del silencio, afuera las voces subirán de volumen, como ocurrió hace apenas unos días en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington, donde activistas dijeron que México tiene “un cementerio en todo el territorio”. Ello ocurrió justo en el entorno de una visita del propio canciller Meade a una reunión del organismo. Y vamos, no se requiere ser diplomático para entender ese lenguaje.