No se han hecho esperar las advertencias para cuidar que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dé buenos resultados y no se defrauden las expectativas que se tienen en él. Tenemos consenso en las normas, ahora es tiempo de lograr consenso en las prácticas. No fue tarea fácil lograr la aprobación de este nuevo marco normativo. La participación de la sociedad civil para crear un sistema anticorrupción integral, hoy debe mantenerse para lograr una buena implementación. La prevención y el combate a la corrupción no avanzarán sin la colaboración de la población, ya sea señalando “focos rojos” y exigiendo su atención, o sugiriendo la implementación de buenas prácticas.

 

Autoridades y población debemos estar pendientes de la construcción o fortalecimiento de las instituciones que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción para que sean capaces de actuar coordinadamente y atiendan las causas nucleares de la corrupción. En el mediano plazo las diversas áreas de rendición de cuentas deberán funcionar como engranajes sincronizados, tanto a nivel federal como estatal. El Sistema Anticorrupción no busca sólo castigar individuos corruptos, sino generar herramientas y modificar comportamientos mediante un adecuado monitoreo, prevención, denuncia y sanción.

 

En esta ocasión quiero destacar el papel que puede desempeñar el sector empresarial en la adecuada implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Su colaboración con las autoridades es fundamental para llevar a la población obras y servicios públicos, pero no podemos pasar por alto las suspicacias que han afectado al sector debido a la publicación de casos de posible conflicto de interés en algunas contrataciones o incumplimiento de obligaciones fiscales. Para evitarlo, es fundamental llevar a la práctica el compromiso manifesto por sus representantes en junio pasado cuando advirtieron la necesidad de modificar la Ley General de responsabilidades administrativas que los senadores aprobaron entonces. Su participación fue determinante para aprobar un marco normativo razonable. Pongo a su consideración tres acciones para continuar en esta línea.

 

En primer lugar, pueden involucrarse en los ejercicios de gobierno abierto tanto a nivel federal como local. Son espacios en los que cualquier actor interesado puede expresar sus necesidades e intereses para promover una agenda de prevención de la corrupción y a nivel local para vigilar la correcta armonización del nuevo marco legal. Actualmente se está confeccionando el Plan de Acción de México para la Alianza del Gobierno Abierto y en 25 estados se llevan a cabo ejercicios locales en la materia. Los empresarios pueden ayudar a identificar áreas sensibles a la corrupción y proponer acciones para alejar el riesgo de que se cristalicen. Por ejemplo, pueden seguir la ruta del dinero de algún programa público en particular, como en Oaxaca donde se monitorea el programa de útiles escolares; denunciar la presencia de algún foco rojo en su estado, como en Coahuila donde se vigilará el fondo de pensiones de trabajadores de la educación, o darle plena transparencia al destino del dinero de la deuda.

 

Otra acción es exigir transparencia en las contrataciones y para lograrlo es fundamental exigir la adopción del estándar de contrataciones abiertas. La información pública sirve para fortalecer la confianza entre los distintos actores que intervienen en los asuntos públicos: más confianza, mejor interacción y cumplimiento de obligaciones. Tenemos el caso de las compras consolidadas de medicamentos del IMSS que desde hace cinco años se implementa en el gobierno federal. Fueron transparentes porque se publicaron las prebases de contratación, se respondieron las dudas de los interesados y hubo acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública y testigos sociales. En estos cinco años los empresarios lograron ahorros y también el erario público; al mismo tiempo se garantizó el abasto oportuno y suficiente de medicamentos para más de 90 millones de derechohabientes.

 

Por último, está la previsión del artículo 25 de la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción sobre políticas de integridad y transparencia de las personas morales. Si bien las empresas no están obligadas, dado el contexto actual, es deseable que las tengan. Según la CEPAL, México es el país de América Latina con la mayor salida de flujos ilícitos de dinero por la manipulación de precios en que incurren firmas en operaciones de comercio exterior. Según Transparencia Internacional, también hay grandes empresas que no comunican aspectos clave de sus programas contra la corrupción, sus estructuras societarias, ni facilitan información financiera clave. Si de forma voluntaria publican esta información, estarán demostrando que hacen buen uso de los recursos públicos cuando se les confían y que cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales.

 

Insisto, la aprobación del marco normativo del Sistema Anticorrupción es tan sólo el banderazo de salida en la lucha que atravesará el país contra la corrupción. Sin embargo, esta lucha es de todos: autoridades, empresarios y población en general. Todos podemos hacer algo para prevenirla. Mientras se construyen y consolidan las instituciones previstas, ya hay acciones que podemos emprender. Depende de que asumamos nuestra responsabilidad y activemos mecanismos como los que he propuesto. El sector empresarial sabe en ocasiones qué espacios “ofrecen tentaciones” y puede hacer que la población conozca que no está dispuesto a ser parte de ellas.

 

@joelsas

@OpinionLSR

 

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