El 15 de junio del 2016, se convirtió en trending topic por varias horas, bajo la denominación de #Ladymamada una adolescente que realiza sexo oral a un compañero de escuela; rodeada de otros estudiantes que fotografían con sus teléfonos celulares en medio de risas burlonas y bancas escolares. Sucedió en el estado de Guerrero, en una instalación de educación media superior, desde donde subieron a redes sociales tres imágenes del acontecimiento.
Para muchas personas sonará extraño escuchar que la adolescente en cuestión es en realidad una #Ladyvíctima porque este hecho volvió a exhibir cómo la cultura digital de nuestras redes sociales aún tiene normalizada la violencia sexual, machista y misógina, -a través de miles de expresiones grotescas- que convierte a mujeres víctimas de situaciones incómodas en objetos sexuales criminalizados por la doble moral de nuestra sociedad mexicana. Motes como #Lady100pesos #LadyDrSimi #Ladyvestido #LadySagarpha tienen en común el escarnio público y la condena moralista sin empatía alguna para las circunstancias que llevaron a cada una de estas mujeres a ser parte del trending topic. En las redes sociales el anonimato colectivo permite hacer explícito lo que sabemos latente; más allá del lenguaje de género políticamente correcto usado en ciertos espacios públicos; en el ámbito privado y cotidiano las representaciones sociales negativas sobre las niñas y mujeres permanecen intactas en la mayor parte de la población. Es triste reconocer que no hemos logrado acercarnos al cambio cultural que permitiría tocar las raíces machistas que nos han formado por siglos.
Este es un caso paradigmático de violencia sexual contra una mujer adolescente. Sí revisamos la línea de tiempo del hashtag #Ladymamada es posible observar que además de las fotografías se filtraron los datos de la escuela pública, rápidamente se compartieron nombres y perfiles sociales de varios de los adolescentes implicados en los hechos. Se asociaron las imágenes de la adolescente en cuestión a un perfil de Facebook, del cual se extrajeron más fotografías personales que circularon ampliamente, aún cuando la propietaria de la cuenta negara ser la misma persona de la escuela. Las agresiones virtuales se hicieron masivas por lo que decidió cerrar su perfil en redes sociales. La inquisición digital cobró una nueva víctima.
Es evidente que la adolescente no dimensionó el impacto negativo de ese acto sexual entre compañeros de clase. En México un 31% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años de edad, de acuerdo a datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Como toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida sexual, sin presiones y sin violencia. Pero quizás fueron estos últimos elementos los que estuvieron ausentes; es decir, con alta probabilidad el suceso ocurre en un contexto de presión social de grupo, como parte de un clima de violencia sexual no limitado al día de los acontecimientos, sino con antecedentes de hostigamiento sexual, al parecer no observados (o no atendidos) por la autoridad escolar.
Aún cuando la Organización Mundial de la Salud OMS anuncia que a nivel global se va reduciendo la edad de inicio de actividad sexual, en México seguimos sin una política pública sostenida de educación sexual profesional en las escuelas públicas y privadas, lo que está ocasionando que sean las y los propios adolescentes quienes busquen información sobre sexualidad humana, no necesariamente de carácter científico. Quedando más expuestos a material digital que reproducen los patrones machistas, conservadores y que hacen de las niñas y mujeres objetos hipersexuados para consumo masculino.
Entre las adolescentes del mundo globalizado ahora es más común observar la exigencia social (y comercial) de convertirse rápidamente en atractivas “Lolitas digitales”. Esta presión social machista explica el incremento del ‘sexting’ entre mujeres adolescentes que buscan reconocimiento social, más seguidores en redes sociales o entregar “pruebas de amor” exhibiendo su desnudez en fotografías que posteriormente circularán en perfiles falsos de facebook, twitter o blogs para el intercambio de “packs” de CP (Child Porno). Las organizaciones sociales han denunciado estos hechos con muy poca escucha en las empresas que administran millones de perfiles en redes sociales, y sin las cuales es imposible enfrentar la creciente presencia de pornografía infantil en la web.
El Estado Mexicano tiene una frágil institucionalidad que se hace evidente en más del 96% de impunidad en los delitos denunciados ante las autoridades; y una cifra negra de los delitos no denunciados por desconfianza a la policía y el sistema de justicia. Esta fragilidad institucional va en contra de niñas, niños y adolescentes, porque las autoridades carecen de elementos reales para sancionar y perseguir a quienes violentan la ley.
Aún cuando el Código Penal Federal es sus artículos 202 y 202 bis sancionan la distribución de pornografía infantil, decenas de periodista y medios de comunicación distribuyeron las tres imágenes pornográficas, dieron a conocer la ubicación y señalaron la identidad de la adolescente víctima de violencia sexual. En un caso extremo de ilegalidad y cinismo el seudoperiodista “Villalvazo” reclamó públicamente que twitter le cerrara su cuenta por distribuir las tres imágenes de pornografía infantil, asegurando que afectaban “la libertad de expresión”. Al igual que este personaje, otros medios digitales continuaron distribuyendo las imágenes y sumándose a la inquisición digital de los adolescentes implicados. Es seguro que la impunidad de estos delitos está garantizada para estos comunicadores/reproductores de la cultura machista y la violencia sexual.
Pero quizás casos paradigmáticos como los aquí narrados puedan comenzar a tener una respuesta diferente. Me refiero a que de forma reciente México está construyendo un nuevo Sistema Nacional de Protección Integral para Niños Niñas y Adolescentes (SIPINNA-SEGOB) con expresión Federal, además de las 32 Entidades Federativas y más de 500 municipios que comienzan lentamente a articularse. Existe una nueva Procuraduría Federal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes dentro de DIF Nacional que reaccionó favorablemente frente a este caso paradigmático. Envío a “un equipo multidisciplinario al Estado de Guerrero para generar un plan de restitución de derechos y acompañamiento a la escuela, todo ello en coadyuvancia con la Procuraduría Estatal de Protección”. “Por su parte la Secretaria de Educación Pública (SEP) también se involucró en la atención del caso y generó un grupo de trabajo interinstitucional con la participación de la FEVIMTRA y el Instituto Estatal de las Mujeres. Además de presentar una denuncia penal ante la PGR”.
Desafortunadamente pese a esta respuesta inusual (y novedosa) de articulación entre autoridades federales y locales; la adolescente víctima de violencia sexual no ha aceptado el acompañamiento que le ofrecen. Sólo uno de los varones implicados está recibiendo apoyo psicológico en su comunidad. Surgen interrogantes: ¿la adolescente logrará regresar a su escuela sin discriminación? ¿Tendrá que cambiar de domicilio y centro educativo para no seguir siento víctima del escarnio público? ¿La inquisición machista digital saldrá victoriosa nuevamente luciendo miles de likes en un trending topic de la vergüenza?