Hasta mediados de septiembre pasado –días antes de la tragedia de Ayotzinapa-, la agenda del presidente Enrique Peña Nieto tuvo previsto un viaje a la zona de Iguala, Guerrero, donde visitaría un poblado de damnificados por los huracanes de 2013 y sostendría una reunión con funcionarios locales, incluido el alcalde José Luis Abarca, hoy bajo proceso por presuntas ligas con el narcotráfico y por ser el autor intelectual del asesinato de decenas de personas, entre ellas 43 estudiantes normalistas.
De acuerdo con fuentes oficiales estatales, Peña Nieto cumpliría con ello la visita 25 a ese estado en menos de dos años de gestión. Se trata de la única entidad donde el mandatario ha pernoctado seis noches seguidas, justo en la época en que la zona fue impactada por los referidos huracanes.
Periodistas locales dan testimonio de que en los preparativos de la visita -cancelada tras los hechos del 26 de septiembre-, empleados de Los Pinos que viajaron a la zona para revisar la logística de las actividades -programadas en torno a un recorrido por la comunidad bautizada como “El Capricho”-, fueron interceptados por hombres armados y encapuchados, en un retén a la entrada de Iguala, y después liberados.
El 27 de septiembre, horas después del ataque a los normalistas, un grupo de tres hombres no corrió con la misma suerte. Fueron retenidos por personas no identificadas y sus cadáveres aparecieron horas después con el rostro desollado. Medios regionales reportaron que despojos de su propia piel les fueron colocados sobre el rostro, como una suerte de máscara macabra. Dos de ellos fueron ya identificadas como estudiantes de Ayotzinapa, y el tercero, ahora se sabe, era un investigador del organismo federal de inteligencia, el Cisen. No se ha informado oficialmente cuál era su asignación específica ni por qué se hacía acompañar de normalistas.
Por ahora puede ser complejo trazar la ruta de equívocos que permitió colocar al presidente de la República en el riesgo de encabezar una visita de esta naturaleza. El problema no sólo radicó en la complicidad del ahora ex gobernador, el perredista Ángel Aguirre, con el alcalde Abarca. Ayudó también y mucho, la tolerancia y simpatía que existía -¿existe aún?- hacia Aguirre en la administración federal, quizá en el reducidísimo primer círculo del Presidente.
El ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, mostró en días recientes un notable activismo para filtrar a medios expedientes judiciales en donde meses antes de los hechos de Ayotzinapa, se alertó a la PGR, que encabeza Jesús Murillo Karam, sobre señalamientos de nexos con el crimen organizado por parte del alcalde Abarca y su familia política, los Pineda Villa, ligados con la mafia denominada “Guerreros Unidos”.
Algunos de estos expedientes fueron difundidos la semana pasada por “Punto de Partida”, de Televisa, que conduce la periodista Denise Maerker. El reportaje incluyó la confirmación de la PGR de la existencia de esos expedientes. Ello corrió a cargo de un balbuceante funcionario de la dependencia federal, que incluso validó haber enviado mensajes de texto telefónicos a funcionarios de la procuraduría estatal donde ofrecía actuar contra Abarca y su grupo “a más tardar esta semana”. Si lo hubiera hecho, acaso la masacre de Ayotzinapa no hubiera ocurrido.
Lo que el ex procurador Blanco no ha difundido es por qué él no actuó contra Abarca y su grupo, si la mayor parte de los delitos citados en los expedientes que ahora filtra –asesinato, extorsión, amenazas, entre otros- son del fuero común; es decir, estaban en su ámbito de competencia. Y no hizo anda.
Ni Blanco ni Aguirre han explicado tampoco por qué tras la masacre de estudiantes no se impidió la fuga de Abarca y su esposa, como se lo pidió al gobernador el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien Aguirre se dijo reiteradamente en actos públicos “amigo cercano”. Ciertamente, tampoco Osorio ha dicho por qué él mismo no ordenó vigilancia especial sobre Abarca por parte de la Policía Federal o los militares.
Lo que a todos sería muy difícil explicar son las razones por las cuales todos esos antecedentes nunca evitaron colocar en la agenda del presidente Peña Nieto un evento que lo pondría, desde luego, en un riesgo personal, pero que en el mejor de los casos lo haría convivir -tomarse fotografías, saludar y abrazar- con personajes como Aguirre, Abarca y loa parentela de éste, sobre los que existía una montaña de indicios en torno a sus ligas con criminales.
Para lograr eso, para colocar en tal peligro al Presidente, se requiere algo más que torpeza e incompetencia. Se precisa, acaso, una dosis importante de traición.