El estado de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los reportes críticos presentados tanto por la CNDH como por el GIEI, nos arrojan una situación en la cual hoy, a casi veinte meses de distancia, todavía no podemos saber qué fue lo que ocurrió durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Para las víctimas y sus familias esto significa simplemente la imposibilidad de acceder a la justicia porque la autoridad no ha sido capaz de explicar qué fue lo que realmente sucedió en Iguala.

 

En el corazón de la tragedia está la descripción de los hechos mismos. La justicia en el caso Ayotzinapa pasa necesariamente por conocer qué fue lo que realmente ocurrió, las razones por las que ocurrió y la identificación de quienes participaron.

 

La PGR ha apostado por defender sus líneas de investigación y rechazar las críticas presentadas en especial por el GIEI, sin comprender, o querer entender, dos cosas: primero, sin una descripción coherente de los hechos no es posible confiar en los resultados de la investigación; segundo, errores y omisiones de la misma autoridad investigadora han imposibilitado conocer la verdad. 

 

El dilema en estos momentos puede resumirse de la siguiente forma: ¿Ocurrieron las cosas como señala la autoridad? Cualquier respuesta a esta pregunta nos confronta necesariamente con las deficiencias en la procuración de justicia en México. 

 

Supongamos por un momento que tiene razón la PGR y que los hechos ocurrieron tal como los ha presentado ante la opinión pública. Esto nos deja ante un problema no menor, estaríamos ante una autoridad incapaz de estructurar profesionalmente una investigación criminal, de conformar un expediente sin contradicciones y de comunicar coherentemente los eventos a los ciudadanos. En este escenario, a pesar de que se puede llegar a conocer lo ocurrido,  la propia incompetencia de las autoridades termina por sabotear la investigación y, por lo mismo, imposibilita que las víctimas y los ciudadanos confíen primero en la descripción de los hechos y segundo en los resultados de la investigación.

 

Pero supongamos ahora que los hechos no ocurrieron como señala la autoridad. Ante ello se abren dos posibilidades. En primer lugar, la autoridad sostiene una narrativa de los hechos a partir de errores y omisiones no intencionados. Esto implica que los errores, las inconsistencias y las omisiones durante la investigación terminan por construir una explicación que distorsiona los hechos, donde eventos falsos se imponen como verdades y la autoridad termina enredada irremediablemente en una narrativa equivocada. En este caso la situación es muy grave porque demostraría que la autoridad, a pesar de sus intenciones, es incapaz de construir profesionalmente una investigación y, por lo mismo, la reproducción de hechos falsos imposibilita conocer la verdad y garantizar acceso a la justicia.

 

Todavía más grave, en segundo lugar, sería que los hechos fueran falsos porque intencionalmente la autoridad los ha alterado. Esto supondría que la investigación oculta hechos deliberadamente para evitar que verdades incómodas y redes de complicidades salgan a la luz. Bajo este escenario, más que de errores y omisiones, de incapacidades e incompetencias, hablaríamos de conducta criminal y complicidad con violaciones graves a los derechos humanos.

 

Cualquiera de estas posibilidades es grave en sí misma y lo único cierto es que seguimos sin conocer lo ocurrido. El que las víctimas no conozcan todavía la verdad de los hechos, independientemente de las intenciones de la autoridad, implica un proceso de doble victimización. Situación insostenible para cualquier país que se dice preocupado por construir un estado de derecho efectivo.

 

Bajo cualquiera de estos escenarios, el problema central es que enfrentamos una crisis profunda en la calidad de la procuración de justicia, la cual es parte de un proceso más amplio de degeneración de nuestro estado de derecho que retroalimenta la impunidad y la desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades.

 

Si hay algo que nos enseña la investigación del caso Ayotzinapa, es la urgencia de avanzar en la transformación de la PGR en una fiscalía autónoma y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y humanas del ministerio público para investigar. En un país con infinitos temas pendientes, enfrentar un contexto marcado por una impunidad generalizada y rampante, exige avanzar en el rediseño completo de nuestro sistema de justicia.

 

@ja_leclercq

@OpinionLSR

 

Ver PDF Informe Ayotzinapa II



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