La elección del Ministro Aguilar como Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura ha sido un acontecimiento no ordinario. Más de treinta rondas para su designación son el síntoma de algo más profundo. Pensar que es solamente un dilema entre “conservadores” y “progresistas” sería simplificar el diagnóstico de lo que se muestra como un problema mayor. Si pensamos en la dimensión institucional tendríamos que ubicar el problema como una cuestión de gobierno judicial; si observamos el proceso, tendríamos que detenernos en las razones para elegir o no elegir a una persona para que encabece tal función.
La reiterada votación en empate muestra una estrategia que podría denominarse “tensar la liga”. Llevar las cosas a un extremo en el que al incrementarse los costos alguno de los participantes en la decisión cambie su voto. En la medida en que, pese a los recesos, las rondas aumentaban, se incrementaban los costos institucionales. El nuevo Presidente asume el cargo en medio de una percepción en la que fue la primera opción para uno de los ministros, pero el resto de los votos se sumó por descarte. Así, la decisión podría interpretarse no como apoyo, sino como oposición a que otra opción fuese la elegida.
El resultado es a la vez una paradoja del mecanismo de designación: el punto muerto se da en un proceso de selección interna y, a la vez, la selección interna es la que conduce a tales resultados. En la lógica de un organismo colegiado, el que sus integrantes puedan presidirlo crea una alta expectativa entre ellos (seis de once la tuvieron) y, por tanto, actuar en consecuencia. Una aspiración creíble tendría que expresarse en estrategias para alcanzar el fin. Sea crear coaliciones basadas en alguna afinidad o considerando alguna situación de opción por descarte (te prefiero a ti que a otro). De esta manera, las elecciones no se dan en blanco y negro. Se trata más de una cuestión más de la política que de las posiciones jurídicas.
Si se considera que es hasta el día de la elección que uno de los candidatos declina, la situación revela la imposibilidad de generar acuerdos no solamente en torno a candidatos sino a programas. El extraordinario fraccionamiento de las posiciones y la forma en que se llegó a la decisión no son el mejor antecedente al asumir el cargo. Así las cosas, se le plantea al Ministro Presidente un conjunto de retos para fincar la gobernabilidad. Es en este terreno donde veremos el despliegue de las artes y talentos para hacer frente a un Pleno, al parecer, fragmentado. Al respecto, vale considerar que la fragmentación también tiene un costo institucional que afecta a los ministros en su conjunto; en particular, la percepción de que las diferencias no solamente se refieren a sus posiciones jurídicas, sino a cuestiones sustantivas del gobierno judicial, amén de las desavenencias personales.
Independientemente de cuál sea el “estilo personal” del nuevo Ministro Presidente, el Poder Judicial se enfrenta a retos para cuya solvencia el timonel es central. Será la Presidencia del inicio de la reforma penal, de la judicialización de las pasadas reformas constitucionales en materia de energía, telecomunicaciones, competencia económica, transparencia y posiblemente la reforma anticorrupción. Más allá del peso específico del Ministro Presidente en las decisiones judiciales de la Corte, su función es relevante en las condiciones y políticas institucionales en la gestión de las reformas. Por ejemplo, cómo se definen los criterios, desde los controles disciplinarios, del arbitrio judicial; o bien, cómo se establece la gestión judicial de los tribunales especializados.
Especializar tribunales no equivale a especializar juzgadores; la experiencia tenida con los tribunales de competencia y telecomunicaciones es el ejemplo perfecto. La rotación bianual de los titulares tiene el riesgo de que la especialización sea sólo nominativa. Una rotación tan apresurada provoca que los sucesivos juzgadores tengan conocimientos y experiencia decreciente.
En materia de transparencia, la propuesta del Ministro Aguilar tiene anotaciones interesantes. Una de ellas se refiere a la creación de un registro de quejosos, terceros interesados, demandantes, procesados, que pueda ser consultado por las autoridades judiciales y administrativas locales y federales. Las implicaciones de la propuesta son relevantes, en primer término porque la única forma de llevarla a cabo es vincular los nombres de las partes mencionadas con los casos a efecto de que la información sea útil. El actual empleo de la técnica de testado en las versiones públicas de las sentencias (mediante asteriscos), en una muy cuestionable interpretación de la extensión a la protección de los datos personales, impide la anterior vinculación.
El replanteamiento propuesto sobre el tratamiento de la información judicial y la posibilidad de conocer los datos de los particulares permitiría tener información relevante para avanzar en un mejor conocimiento de las razones de los jueces para decidir. La imposibilidad de conocer si el quejoso es un ser humano, una empresa, una organización no gubernamental o una asociación civil, impide tener información completa para comprender por qué en un caso se aplica la misma razón que en otro. La presencia de asteriscos en la sentencia afecta el núcleo mismo de la expectativa que los gobernados tienen de una función judicial que provea condiciones de predictibilidad. Sin embargo, tendrá que precisar si el registro solamente podrá ser consultado por autoridades o bien será público. La simetría en la consulta es también parte de la transparencia.
También resulta atractiva la propuesta de apoyar la estadística judicial y la rendición de cuentas. La sistematización de la información que se genera en el Poder Judicial Federal nos dice que sucede con el conflicto social y con las fallas institucionales. Así, cada amparo otorgado, tiene una alta probabilidad de ser un fallo institucional, sea porque hubo abuso de poder, por fallas en los procedimientos, por vicios en la fundamentación y motivación o por deficiencias en la defensa del Estado.
En la perspectiva de una política pública que busque mejorar el desempeño institucional, la información estadística permite ubicar las recurrencias de conflictos y de deficiencias.
Los anteriores, entre otros, son los retos que enfrenta esta nueva Presidencia.