Movilidad, emisiones de carbono, calidad del aire, obesidad, accidentes viales, deterioro del espacio público, falta de oportunidades de esparcimiento, son los problemas más serios que enfrenta la población, especialmente las ciudades. Atenderlos requiere de políticas públicas complejas y de importantes inversiones, por supuesto. Sin embargo, existe una política que garantiza resultados en todos esos ámbitos, el fomento del uso de la bicicleta. Se trata de una política de mucho menor costo que, por ejemplo, seguir invirtiendo en vialidades que solamente sirven para el uso del auto. No es solamente una opción para paseos turísticos o dominicales, aunque eso también tiene un valor importante para la sociedad.
La bicicleta es una alternativa real de transporte, que sirve para disminuir el uso del auto, para que las personas se ejerciten y para recuperar espacios públicos deteriorados. Si el uso masivo de la bicicleta se acompaña de la construcción de vías para ciclistas y de capacitación para su uso entonces se reducen también los accidentes viales. La inversión en la bicicleta, como en el transporte público, es progresiva, es decir beneficia a la población de menores recursos, a diferencia de las que privilegian al auto.
En el paquete financiero que estamos discutiendo en el Congreso podemos hacer dos cosas muy concretas para promover el uso de la bici. Una es que todos los fondos metropolitanos, que pagan la infraestructura de las zonas conurbadas del país, tengan que destinar una parte de los recursos a proyectos de transporte alternativo, como la construcción de ciclovías. Eso obligaría a los gobiernos locales a diseñar e implementar proyectos que sirvan al ciclista y al peatón. Otro es lograr que la compra de una bicicleta sea deducible al ingreso sobre la renta de las personas físicas, hasta un tope que podría rondar por los 15 mil pesos.
Eso serviría para que miles de personas se decidan a comprar una bicicleta y utilizarla como un medio de transporte. Si las personas utilizan la bicicleta en lugar del auto entonces se generarían menos emisiones, mejoraría la calidad del aire, también la movilidad y la propensión a enfermedades relacionadas con la obesidad. Es decir, los que utilizamos la bicicleta para realizar parte de nuestros trayectos generamos menos costos y efectos negativos a la sociedad por lo que un incentivo fiscal es justificable.
Según un estudio de De la Riva Group, 37% de los mexicanos tiene bicicleta y de ellos, 13% la utiliza como medio de transporte. Es decir, un objetivo debe de facilitar que los que ya tienen bici la usen no sólo para actividades recreativas, sino también para transporte. Eso requiere de reglamentos de tránsito adecuados, bici-estacionamientos, ciclovías y asesoría e información útil a los ciclistas. Gracias a iniciativas como Ecobici, el mayor sistema de bicicletas públicas de América Latina, en la Ciudad de México los viajes por ese medio superan el 2% del total, alto a nivel nacional, pero por debajo de ciudades latinoamericanas, como Bogotá, que alcanza el 5 por ciento. Mientras que la capital de México tiene poco menos de 150 km de infraestructura ciclista, la de Colombia supera los 400.
La reacción entre uso de la bici para transporte y la infraestructura disponible es clara. También la sustitución de los autos por la bici. Cerca del 70% de los usuarios de Ecobici afirma que deja de usar el auto cuando tiene una bicicleta a su disposición. Es decir, si la bicicleta se utiliza más como medio de transporte se reduce el número de viajes en auto, mejora la movilidad y reduce las emisiones.
La deducibilidad del costo de la bicicleta es una medida que complementa el conjunto de políticas que promueven su uso y que ayudaría a que las personas se decidan a utilizarla, a que cuenten con una mejor bicicleta o que más miembros de la familia tengan acceso a una. México puede también desarrollar políticas industriales para la producción de bicicletas. Una manera efectiva de promover la industria nacional de bicicletas es evitar las importaciones ilegales y a precios depredadores provenientes de China.
La deducibilidad ayudaría a este propósito, ya que fomentaría el mercado legal. También podemos ligar la expansión de los sistemas de bicicletas públicas a la industria nacional, desarrollar innovación en la materia e incluso el proporcionar bicicletas como parte de los apoyos sociales a ciudadanos que pueden mejorar de manera sustancial su calidad de vida si tiene acceso a la bicicleta adecuada.
Por lo anterior, presentamos en la Cámara de Diputados una iniciativa para que la compra de una bicicleta, hasta un límite de 10 mil pesos, pueda ser deducible sobre el impuesto sobre de la renta de todas las personas físicas. El costo fiscal de la medida debe ser relativamente bajo, frente al hecho de que miles de personas se decidan a contar con una bicicleta o tener acceso a una mejor. De aprobarse, serviría también como un mensaje claro del gobierno hacia la sociedad de que son los sistemas de transporte distintos al auto los que deben tener al apoyo de las instituciones públicas y que son el camino correcto para reducir las emisiones y mejorar la movilidad.
Tenemos que renunciar a la idea de que las ciudades se deben adecuar al uso del auto y apostar a la bicicleta, como al transporte público, como los sistemas viables y responsables para moverse en nuestras ciudades. Todas las políticas, incluso la fiscal, tendrías que estar alineadas a ese propósito. Porque no pensar que, en un futuro próximo, la tenencia pueda regresar como un impuesto nacional que sirva para financiar infraestructura ciclista y de transporte masivo.
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