En las últimas semanas surgió de la mano de un par de influyentes legisladores, la idea de regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por medio del uso del término seguridad interior. Se dice que los militares tendrán a su cargo la obligación de proporcionar seguridad a la población ante un peligro mayor a la seguridad pública que hoy enfrenta el país. De esa manera se pretende legalizar la presencia de los militares  en las calles y de paso relajar las obligaciones de transparencia, uso de recursos y respeto de los derechos humanos. Se argumenta que se requiere ofrecer un marco legal y los instrumentos necesarios para que los militares puedan combatir al crimen organizado. El problema es que no se reconoce que será imposible reducir de manera sustancial la violencia y la inseguridad del país por medio del uso de la fuerza militar. Es evidente que, ante las circunstancias tan críticas, el ejército es indispensable para contener la acción del crimen organizado. Sin embargo, la solución está en acciones efectivas de paz, inclusión y desarrollo de las comunidades, en una política de drogas razonable,  y en la construcción de cuerpos policiales solventes, capaces de garantizar protección a la ciudadanía y ganarse su confianza.

 

Lo que corresponde no es utilizar el eufemismo de la seguridad interior para legalizar que el ejército realice acciones de seguridad pública. Lo que se requiere es establecer una ruta crítica para contar con una policía nacional y policías locales eficaces. Es algo que hemos pospuesto por años. No se trata sólo de certificar policías o de unificar los mandos, sino  establecer un servicio nacional policial, por medio del cual se forme, apoye, evalúe y se establezcan las condiciones para que todos los policías del país puedan desarrollar su labor. Los policías tendrán que ser certificados, pero también tendrían que recibir salarios atractivos, vivienda, capacitación, seguridad social y el equipamiento que llevar a cabo su labor. Los cuerpos policiacos podrían tener formas distintas de organización, pero deberían cubrir requisitos mínimos de operación, auditorías serias a su desempeño y evaluación constante sobre sus resultados y el uso de los recursos. Se trata de un proceso de mediano plazo, que debe tener metas y objetivos concretos, así como fuentes de financiamiento ciertas. En esa estrategia, podrían tomarse medidas como que parte de los elementos de las Fuerzas Armadas se incorporen a las policías, una vez recibida la capacitación pertinente.

 

Las policías son indispensables porque están preparados para realizar acciones de información, investigación, de prevención, de construcción de lazos con la comunidad y de intervenciones que minimicen el uso de la fuerza. Las Fuerzas Armadas deberán continuar y en todo caso reforzar la vigilancia de fronteras, de mares territoriales, de instalaciones estratégicas, de áreas protegidas y otras en las que la acción de tipo militar tenga sentido. Sin embargo, en realidad estamos transitando hacia el camino contrario. Recientemente se legisló para que los militares realicen actividades en materia pericial y puedan en ciertos casos procesar civiles en tribuales militares. Los marinos serán ahora los encargados de regular y administrar la navegación civil y asumir funciones que antes le correspondía a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Es decir, se ha iniciado un proceso de militarización en el país.

 

Los costos de la militarización ya los estamos pagando. En varias operaciones del ejército de combate al crimen organizado se han registrado violaciones serias y probadas de los derechos humanos. Son evidentes las dificultades que enfrenta el ejército para cumplir esta labor y respetar las leyes aplicables. La solución no puede ser disminuir los estándares. El uso excesivo de la violencia para combatir la inseguridad va a generar más violencia.  El combate al crimen no va a tener ni legitimidad, ni eficacia si no se respetan los derechos fundamentales. Tampoco si no se desarrollan los mecanismos de información y evaluación adecuados para las acciones de los cuerpos de seguridad. De hecho las acciones del ejército contra el narco se han convertido en grandes pasivos para la credibilidad del gobierno cuando se hicieron públicas las irregularidades. Eso afecta también a la institución del ejército. Eso no significa que no se puedan revisar temas como la regulación del uso de la fuerza, para que estén acordes a lo que sucede en un enfrentamiento entre los militares y la autoridad, pero conforme a las normas internacionales aceptadas.

 

El gobierno está confundido en todo esto. No ha presentado todavía iniciativas en la materia, pero parece apoyar las muy cuestionadas propuestas de legisladores del PRI y dale PAN. El General Secretario exige legislar con urgencia, pero no sabemos si lo hace a título personal, del ejército o del gobierno. Señala que no se reconoce la labor del ejército, que en efecto ha sido de gran servicio para el país, con la idea prorrogar al infinito tareas que no puede realizar. Se asoma la idea de que debemos renunciar a parte de nuestras garantías en pro de que se nos garantice seguridad. Se propone regular el delicado tema del estado de excepción, pero sin los controles mínimos necesarios. Propuso el mando único, que evolucionó en mando mixto y que está congelado en la Cámara de Diputados. Estamos desesperados y en esa confusión muy cerca de perpetuar la acción del ejército en tareas de seguridad pública con el pretexto de la seguridad interior.

 

@vidallerenas 

@OpinionLSR


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